En el país se ha dado una importante discusión sobre las llamadas “terapias de conversión”, donde se lesionan los derechos de las personas LGBTI.
Lunes 8 de agosto de 2022 16:05
Mucho se menciona que la sociedad actual, las empresas y los gobiernos son más inclusivos que antes y que la comunidad LGBTI cada vez está más cerca de conquistar la “equidad”. Como si la conquista de cualquier reivindicación social fuera un proceso mecánico e inevitable, y por lo que no hay que preocuparse. ¿Pero qué tan cierta es esta afirmación?
Es importante entender que muchas de las formas en que se expresaba la violencia contra la comunidad LGBTI, se han reeditado y ahora se expresan de una manera en que se puede solapar con mayor facilidad, un ejemplo de esto son las terapias de conversión.
Según un informe de la ONU, terapia de conversión describe “intervenciones de diversa índole que se basan en la creencia de que la orientación sexual y la identidad de género, incluida la expresión de género, de las personas pueden y deben cambiarse o reprimirse” [...] “Esas prácticas tienen siempre el objetivo de convertir a las personas no heterosexuales en heterosexuales y a las personas transgénero o de género diverso en personas cisgénero”.
En este sentido, se puede usar este concepto para poder señalar prácticas normalizadas de sectores conservadores y las iglesias contra la comunidad LGBTI y que no se expresan necesariamente en tortúra física o en autodenominarse como “terapia de conversión”, a como sí sucedía en épocas anteriores.
La derecha religiosa aparte de llevar una agenda claramente conservadora y anti derechos en la Asamblea Legislativa, también la ejecuta por abajo mediante diversas maneras, mencionaremos dos maneras puntuales.
Diversas iglesias impulsan los “campamentos cristianos” para jóvenes menores de edad y también para mayores de edad donde imponen su ideología cargada -en muchos casos- de contenido violento y diversofóbico.
Un ejemplo en Costa Rica, es la iglesia de los Olivos en San Pedro donde se realizan procedimientos que buscan precisamente convertir a las personas no heterosexuales en heterosexuales, aunque no le llamen de esa forma.
Esto se puede observar en una de las publicaciones de dicha iglesia en instagram, que incluye testimonios de jóvenes que demuestran rechazo a su propia persona por cosas como consumir pornografía, por masturbarse y por sentirse atraidos a personas de su mismo sexo. Este mecanismo de represión y control de la sexualidad en la juventud es uno de los que más utilizan las iglesias y la derecha religiosa para mantener algún peso en la cotidianeidad y también en el ámbito político. Por esto es que Fabricio Alvarado y la bancada del Nueva República defienden en la Legislativa este tipo de procedimiento.
Por otra parte, el primero de diciembre del 2021 el Colegio de Profesionales en Psicología tomó la decisión de abrir un proceso de investigación a dos de sus agremiadas vinculadas a la derecha religiosa de EEUU a petición del exdiputado del PAC Enrique Sánchez. A raíz de que la plataforma de medios virtuales OpenDemocracy revelara casos en Centroamérica incluyendo a Costa Rica.
Allí exponen una grabación en la que se puede apreciar claramente cómo estas profesionales usan el estado de vulnerabilidad de sus pacientes, quiénes acuden a su servicio en busca de ayuda psicológica, para imponer sus prejuicios contra las personas LGBT y las creencias religiosas inculcando un sentimiento de culpa y rechazo a su propia persona para poder “curarles de sus problemas reales”.
El pasado mes de junio en la Asamblea Legislativa se votó a favor de extender el plazo para poder discutir el Proyecto de Ley 20 970 que prohibiría las terapias de conversión, siendo la fracción de Nueva República, compuesta por los diputados y diputada: Fabricio Alvarado, Rosalía Brown, Yonder Salas, David Segura y Pablo Sibaja, quiénes votaron en contra. La iniciativa del proyecto de ley viene del Frente Amplio, en su momento Jose María Villalta la propuso y al día de hoy ni siquiera ha iniciado su discusión. Lo que habla claramente de la lentitud de los mecanismos meramente legislativos.
Estos procedimientos o “terapias de conversión” constituyen una grave falta a la integridad de cientas de personas, son ofensivas y además un ataque a la salud mental de las personas, quienes tendrán que cargar con las secuelas, al tiempo que el estado no les garantiza derechos plenos solamente por su orientación sexual o expresión de género.Y en última instancia ni siquiera puede decirse que resuelven problemas de depresión ni de personalidad, solamente hacen daño.
Para enfrentar la discriminación, la violencia diversofóbica y los procedimientos como las terapias de conversión, es necesaria una respuesta de conjunto de la comunidad LGBTI y sus aliados políticos. Que con la fuerza de la movilización y organización independiente; exija la Separación de las iglesias y el Estado para que no tengan voz sus políticas de odio. Que reclame por derechos democráticos como el cupo laboral trans, defienda lo conquistado como el derecho al nombre y al matrimonio igualitario.
