Congreso Nacional. Derecho al aborto: la izquierda pidió que los ministerios informen sobre la clandestinidad

Aunque no hay fecha confirmada y el texto del Poder Ejecutivo aún se desconoce, la Secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, dijo que el proyecto del gobierno para legalizar el aborto se presentaría en noviembre; se trataría en sesiones extraordinarias junto al “proyecto de los mil días”, orientado a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad; y una vez ingresado, avanzaría “rápido”. Pero en concreto, llegando al final de la semana, nada se sabe todavía y vuelve la especulación.

Levantado el telón, salió el coro de políticos y funcionarios del oficialismo y de la oposición mayoritaria, que se mostraron “indignados” ante la posibilidad que la marea verde lleve al Congreso, otra vez, su proyecto de ley, que debería tratarse junto al prometido proyecto del Ejecutivo. Como en 2018, buscan de mínima rebajar su contenido y, de máxima, impedir que se avance en la legalización. Si queda en sus manos, el resultado es conocido: la alianza entre dinosaurios del Senado, gobernadores, cúpulas de las iglesias católicas y evangélicas, grandes laboratorios y grupos antiderechos, volverá a andar. La propia historia del proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito lo demuestra, porque esta alianza ya impidió otras 7 veces, durante 15 años, que la iniciativa prospere.

Una realidad invisibilizada por el Estado

Alberto Fernández y el Frente de Todos, con muchos de sus integrantes que además fueron parte de las anteriores gestiones del kirchnerismo, argumentaron en este tiempo que el “retraso” se debía a “la pandemia”, al “estrés” que generaría al sistema de salud, a las tensiones “innecesarias” que promovería entre los bloques mayoritarios. Y mientras sigue pasando el tiempo, las consecuencias se cobran en el peligro que corren miles de niñas, mujeres y personas trans que no pueden acceder a este derecho, o que lo hacen en la clandestinidad, poniendo en juego la vida.

Para poner luz sobre esas consecuencias, a instancias de Nicolás del Caño, Romina del Pla y Myriam Bregman, se presentó hace unos días, en el Congreso Nacional, un pedido de informes dirigido a los ministerios de Salud, de Género y Diversidad y otros organismos estatales. El texto, que recupera diversos estudios e informes de organizaciones de mujeres y de derechos humanos, indaga sobre distintos aspectos vinculados a las condiciones de acceso a las internaciones debidas a las consecuencias de abortos inseguros, a la interrupción legal del embarazo en los casos que estipula el Código Penal, al cumplimiento del fallo FAL y de los protocolos que se desprenden del mismo, entre otras cuestiones.

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“En lugar de contar con la atención adecuada, en estos 15 años, actuó -como sigue actuando-, la amenaza de la penalización y de la cárcel”, sostienen, y destacan como ejemplo un estudio reciente, a cargo de la Directora de Salud Sexual y Reproductiva que depende del ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Carlota Ramírez.

“A partir de 2018 creció mucho la demanda en todo el país, pero sobre todo en la provincia, y nos encontramos con equipos que resolvían situaciones críticas de acceso sin misoprostol, sin circuitos establecidos, a pura voluntad (...) No había datos, no sabíamos cuántas ILE se hacían, ni dónde, ni quiénes las hacían”, cuenta Ramírez sobre la situación previa a su asunción en el cargo, en 2019.

El estudio evidenció que entre enero y junio de 2020 ocurrieron unas 10 mil Interrupciones Legales el Embarazo (ILE) que fueron “no oficiales” y que no se cumplía con el marco normativo vigente en gran parte de los Centros de salud. “Cada hospital tenía su propio protocolo, con variaciones diferentes de vulneraciones según la institución”, contó Ramirez a Página 12. La funcionaria también destacó que “la provincia de Buenos Aires tiene 1.939 efectores” de atención primaria y sólo un 6% de ellos realiza ILE. Un total de 120 efectores de salud, y casi todos concentrados en el conurbano bonaerense.

“¿Cuáles son entonces los datos oficiales a nivel nacional? ¿Qué sucede en el resto de las provincias?”, se preguntan los diputados de la izquierda en el proyecto que espera la respuesta del Ejecutivo Nacional. Nicolás del Caño, autor de la iniciativa, destacó al respecto que “atender o prevenir un problema de salud pública y de derechos humanos, como el que representa el acceso a la salud sexual y reproductiva, sin contar siquiera con esos datos elementales, directamente no es posible de practicar”.

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Según estimaciones oficiales, en Argentina se realizarían unos 450 mil abortos al año. Unos 54 abortos por hora. Además, se estima que hay entre 50 y 70 mil internaciones anuales por complicaciones provocadas por abortos inseguros. “¿En cuántas de esas internaciones correspondía el acceso a la ILE? ¿Cuál es el registro que lleva el Estado acerca de estos casos contemplados en el Código Penal?”, pregunta también el proyecto de la izquierda.

De acuerdo a Human Rights Watch (HRW), en una investigación publicada en agosto del corriente, “el costo humano de las barreras al aborto legal en Argentina” se traduce en números alarmantes: en 2016 el 16% (6,164) de las mujeres que fueron internadas por abortos espontáneos o causas similares, eran niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años, aunque “es probable que estos números representen apenas una fracción del total de personas gestantes que necesitan atención”, explican.

El proyecto también indaga sobre otro punto que suelen utilizar en el debate los sectores antiderechos, a falta de datos oficiales. “¿Cuál fue el “costo” que significó para el Estado la internación y el tratamiento, muchas veces prolongado, de las personas que sí accedieron al sistema de salud? Y en 2020, ¿cuántas de las camas destinadas a esas internaciones podrían haberse destinado por ejemplo a la atención de usuarios y usuarias con covid-19? Son otras preguntas que surgen del panorama generado por la postergación constante de la legalización del aborto que propone la Campaña Nacional, reiteradamente, desde el año 2007”, advierten en el texto que puede leerse abajo.

Producto de la criminalización

“Nunca había entrado a una cárcel, no sabía que estaba embarazada”, cuenta uno de los testimonios recogidos por el CELS en “Aborto: clandestinidad, inseguridad y criminalización”. El organismo señala también que para condenar a Patricia, una mujer que murió presa a los 40 años, la justicia no recurrió al artículo 88 del Código Penal (aborto propio), sino a “un juicio abreviado por homicidio agravado por el vínculo”. Algo similar a lo que sucedió con Belén en Tucumán, que pudo ser arrancada de la cárcel con la organización y la movilización callejera de las mujeres y disidencia del país.

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Como advierte en una entrevista que brindó a La Izquierda Diario la abogada Soledad Deza, los casos de judicialización “se dan luego de que llegan a una institución asistencial, en el marco de la atención pos aborto” y marcan particularmente la vida de las mujeres.

Deza, da un ejemplo concreto, que surge de la investigación que plasmó en Jaque a la Reina, el libro que recupera 20 años de criminalizción de aborto en Tucumán: en la provincia que gobierna Juan Manzur, cuenta, entre 1992 y 2012 hubo “534 causas de aborto” y el 97 por ciento tenía a las mujeres como imputadas. “Desde 2008 en adelante, el 25 por ciento de las causas que habían ingresado a la justicia [provincial, NdeR] era por abortos naturales, espontáneos o tentativas de abortos, que no son tipos penales, sino eventos obstétricos adversos, que no pueden ser perseguidos punitivamente”, destaca. El subregistro que impone la clandestinidad y las maniobras para encarcelar a las personas gestantes con figuras que ocultan el motivo de su detención es, claramente, otra de las consecuencias que acompañan a la penalización.

Un documento de Amnistía Internacional, el CELS, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y la organización Mujeres x Mujeres, destaca también que otra de las consecuencias es la multiplicación cada vez mayor de casos como el del juez Javier Azoatégui, que en septiembre pasado, en el marco de una causa por el abuso y embarazo infantil forzado calificó la práctica “como ´asesinato’, ideó la figura del ‘homicidio pre natal’ y se refirió al feto como ‘niño’”, a la vez que acusó al personal de la salud de “sicario” y “asesino a sueldo”. A pesar del fallo F.A.L de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los protocolos que fueron actualizados al 2020, esta realidad también se invisibiliza desde las propias instituciones del Estado.

“En pleno siglo XXI, las consecuencias de la clandestinidad las siguen pagando las más jóvenes, trabajadoras y pobres”, sostienen desde el Frente de Izquierda. Como en 2018, agregan, el debate se dará en el Congreso, pero la fuerza para arrancarlo, está en las calles.

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