JUJUY. Desalojos en la comunidad Tusca Pacha: ¿quiénes son los usurpadores?

Este punteo se realizó con algunos documentos escritos, informes, ordenanzas, leyes, y notificaciones que respaldan a las familias que viven hace más de medio siglo en la zona del Margen del Río Los Alisos, de la comunidad indígena Tusca Pacha, de la organización campesina San Marcos. El "Informe de Relevamiento Socio Histórico del Margen del Río Los Alisos en Palpalá", realizado por el equipo interdisciplinario de la zona valles, de la actual Secretaría de Agricultura Familiar que depende del Ministerio de Agricultura de la Nación, hace un aporte bastante cualitativo al respecto.

Para comenzar, es importante dar cuenta que en Jujuy las comunidades originarias y las familias campesinas históricamente han sido privadas de los títulos de tierras que habitan desde tiempos ancestrales y su posesión ha sido precaria. Es así que, con comunidades y familias incluidas, otras veces despojándolas de sus territorios, la mayor parte de la tierra se repartió en mercedes y encomiendas desde la colonia española, origen de la mayoría de los latifundios en toda la provincia. En la zona de los valles quienes producen para la subsistencia terminan viviendo en zonas marginales, como sucede con la comunidad Tusca Pacha, ya que predomina la producción intensiva de tabaco cuya infraestructura y facilidades garantiza el Estado para ese sector.

Si hablamos de las tierras en Palpalá, su historia reciente está vinculada a la fábrica Altos Hornos Zapla instalada desde el año 1945. Su conformación como pueblo, ciudad, estuvo ligada a las familias, muchas integrantes de pueblos originarios, que llegaban desde distintos puntos de la provincia; y también de otras provincias. Despojadas de sus territorios en la quebrada o puna jujeña, sin poder vivir de su producción, llegaron a Palpalá buscando una fuente laboral en la fábrica o vinculada a la misma, que alternaban o complementaban con la producción agroganadera de subsistencia en el margen del Río Los Alisos.

Es así que hay familias que viven y producen hace más de medio siglo en el Margen del Río Los Alisos. Actualmente son unas cien familias, terceras generaciones, que ocupan y producen 80 hectáreas de tierras que son laderas del río. Esta zona, de hecho, no entró en la planificación urbana, de hace varias décadas, por considerarlas como tierras de riesgo e inundables. En el ordenamiento territorial figura como “zona verde”.

Por las características del terreno irregular, con tuscas (para el ganado) y piedras fueron utilizados a lo largo de las generaciones para la producción de ganado vacuno, ovino, caprino, porcino. También sembrando frutales y hortalizas. Las familias realizaron un largo trabajo de recuperación de tierras para la producción, incluso sectores de basurales ilegales. Se multiplicaron las chacras, los viveros, el cultivo de maíz, zapallos, gallinas, chanchos, plantas medicinales y hasta flores. También producen quesos, artesanías, conservas, que suelen vender en ferias locales. Su producción es agroecológica, cuidando del medio ambiente.

Durante años no tuvieron acceso a la luz y al agua, habían construido canales para usar agua del río. El Estado, con el argumento de ser tierras marginales del río, negaba cualquier pedido de servicios, tampoco escuela, puesto de salud, a pesar que viven más de 160 personas y muchos niñxs. Por esto las familias se organizaron y lograron tener servicios esenciales, como también que instituciones del estado como la Secretaría de Agricultura Familiar, IPAF NOA, la UNJu, ministerio de producción, reconocieran a través del trabajo con las mismas, desde hace 8 años, o más, su existencia, llevando adelante distintos proyectos productivos. En estos últimos años organizaron recorridos etnobotánicos, jornadas de trabajo con docentes de la universidad, charlas, etc.

De hecho en noviembre del 2014, un equipo interdisciplinario de la Sub Secretaría. de Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura de la Nación (compuesto por una antropóloga, arquitecta, trabajadora social y abogada), en articulación con otras instituciones, realizó un proceso de trabajo comunitario y participativo con más de 40 familias, que se expresó en un Informe de Relevamiento Socio Histórico del Margen del Río Los Alisos en Palpalá. El mismo sirvió de fundamentos para que en noviembre del 2015 se apruebe por mayoría salvo una abstención, la Ordenanza 1156/15 del Consejo Deliberante de la ciudad.

La Ordenanza 1156 del 4/11/2015 aprobada, con el aval del pte del Concejo Deliberante, Juan Manuel Soler, PJ y Pablo Palomares, de Cambia Jujuy, que declara de “Interés Público Municipal al Área de Producción Periurbana de Agricultura Familiar de Palpalá…”, donde no sólo se reconoce la existencia y producción agroecológica de las familias sino que define políticas públicas que el Ejecutivo Municipal debe llevar adelante para fortalecer la producción agroecológica en el lugar y un nuevo relevamiento territorial (es importante dar cuenta que el informe aportado por la SSAF tiene relevamientos y mapas territoriales. Además incorpora la normativa al Código de Ordenamiento Territorial y uso del suelo en la ciudad de Palpalá (Ordenanza 284/92).

Sin embargo, 20 días después, el 24/11/15 Pablo Palomares, presidente del bloque de la UCR y Noemí Chauque presentaron la modificación del artículo 2 de la Ordenanza 1156/15, aprobada con el aval de todos, a puertas cerradas, sin avisar y estafando a la organización y a las instituciones, violando el principio de progresividad, donde modifican el límite de las tierras reconocidas a las familias/comunidad, con el argumento de “no afectar derechos preexistentes contenidos en ordenanzas que regulan Parques Industriales y en particular el denominado Carlos Snopek”. La modificatoria es el límite este, donde de fijar a la ruta 66 corre la misma a la ruta provincial 48, Camino a Severino.

Recién en el 2019 empresarios, dueños de la inmobiliaria Sucre, entre ellos, Alfredo Gonzalez, aparecen amedrentando a las familias del Margen del Río Los Alisos y amenazandolas de “usurpadores”. De hecho en el mes de julio, arrasan con la 1.5 ha de monte nativo, 150 metros de alambrado e infraestructura de las tierras de producción de Pedro Lindorfo Maraz, sin ninguna orden judicial.

Ante esta situación nos hicimos presentes junto a Julio Mamaní, concejal del PTS FIT en la ciudad donde acompañamos a la organización para denunciar la situación, y plantear en el Concejo Deliberante que se apruebe un proyecto de Resolución para que el ejecutivo cumpla la Ordenanza 1156/15, además de denunciar la ilegalidad de la Ordenanza 1156/15 regresiva de derechos sociales adquiridos. La propuesta hecha por Mamaní fue rechazada por el resto de los concejales de Cambia Jujuy y el PJ, entre ellos los concejales Rivarola y Rodriguez, actual intendente y presidente del Concejo Deliberante.

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Desde ese momento los empresarios de Sucre, avanzaron con denuncias penales, intentos de compras, sobornos para dividir a las familias, y con el apoyo de intendencia, provincia, policía y justicia avanzaron en el desalojo y desmonte en estos días con la represión policial que no dudó en disparar conbalas de goma a mujeres y familias, violentando a niñxs, y personas solidarias, entre las que estaban diputados y concejales, y deteniendo a 4 personas entre ellas a una funcionaria. El Juez Jorge Zurueta, el ayudante fiscal Dr. Daniel Paredes y la fiscal Colqui, dieron la orden producto de una medida cautelar a favor. Mientras los testimonios dan cuenta de disparos en cara, cuello, cuerpos, el informe policial firmado por el Jefe de Policía Ernesto Corro, sostiene que “efectuaron disparos intimidatorios al aire”.

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¿Qué leyes violaron el gobierno de Morales, la intendencia de Rivarola, el Poder Judicial, en contra de los derechos de las familias indígenas del Margen Los Alisos, Palpalá, y a favor de la familia González, dueña de Sucre, vinculada al funcionario Jorge Gronda?. Ley 26.160 y sus prórrogas Ley 26.554, 26.894, 27400, que es de orden público y que declara la Emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras y que ordena la suspensión de desalojos, Convenio 169 de la OIT (Ley 24.071), Ley 27.118 “Reparación Histórica de la Agricultura Familiar”, Ley 5864/15 de adhesión provincial. La Ordenanza 1156/15, 284/2.

Es importante dar cuenta que el Juez Jorge Zurueta dio orden de desalojo desconociendo todas estas leyes nacionales, provinciales y ordenanzas municipales, e incluso una notificación del Instituto de Asuntos Indígenas recibida el lunes 19/10, donde solicitaba la suspensión de cualquier solicitud y/o resolución que implique el desalojo o desocupación..

¿Quiénes son los usurpadores?

Las familias indígenas que viven en el Margen del Río Los Alisos hace más de medio siglo, tienen una identidad construida y autopercibida que va más allá de cualquier declaración formal ante el Estado que reconoce la preexistencia de los pueblos por su etnia, y que tiene la obligación de avanzar con el relevamiento de tierras, y la entrega de títulos de propiedad comunitaria. La historia, trabajo, organización y lucha de las familias indígenas, pequeños productores de la zona periurbana, que viven en ese territorio y sus derechos son los que actualmente se desconocen.

Son los dueños de la inmobiliaria Sucre que pretende arremeter contra quienes viven y desarrollan sus modos vidas en interacción con el territorio. Es el gobierno municipal de Rubén Rivarola del FdeT, los concejales del municipio del partidismo, el provincial de Gerardo Morales (Cambia Jujuy) y sus funcionarios quienes actúan violando derechos.

Queda claro que el Estado de clase, sus instituciones como la policía y la justicia, es el brazo que actúa para defender a los verdaderos usurpadores y niega a lo largo de la historia los derechos indígenas y campesinos que son preexistentes. Quienes despojaron y se apropiaron de los territorios de los pueblos originarios, campesinos, y que actualmente buscan arrancar cada espacio de tierra recuperado por las comunidades y familias que producen la tierra para vivir, con el solo hecho de la especulación y el negocio inmobiliario, del agronegocio y la megaminería, que como ya denunciamos es política de Estado.

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Desde el PTS FIT manifestamos todo nuestro apoyo a las familias de la comunidad Tusca Pacha, de la organización campesina San Marcos-MNCI y todas las que en este momento viven el amedrentamiento de los poderosos, del Estado y sus instituciones. El gobierno de Rivarola y Morales no dudan en responder con balas contra quienes defienden sus derechos. Palpalá es un claro ejemplo del mismo, en Margen Los Alisos y la comunidad Tusca Pacha, contra quienes luchan por vivienda para poder vivir, como sucedió con el desalojo de mujeres y familias en el barrio Las Tipas semanas atrás, o contra quienes gritamos #NiUnaMenos y exigimos medidas de emergencia contra la violencia de género y nos reprimieron de la misma luego del femicidio de Iara Rueda en las calles de Palpalá.

La mejor respuesta ante este accionar, tiene que seguir siendo las calles. Uniendo las demandas y luchas, de los trabajadores, la mujeres, juventud, como también sectores populares que luchan por una vivienda, o defendiendo su territorio.