Las denuncias por violación de derechos indígenas y campesinos no paran de crecer. Sus territorios, cursos de agua y culturas están bajo un creciente fuego capitalista, político y judicial.
Lautaro Jimenez Docente y dirigente del PTS @LautaroJ_PTS
Martes 20 de septiembre de 2016 16:08
El día de ayer, junto con la Diputada Patricial Galván (FPV) recibimos en la Legislatura provincial a representantes de las organizaciones UST-Movimiento Nacional Campesino Indígena y Malalweche, formada por comunidades de la nación Mapuche del sur provincial. Las comunidades originarias y campesinas denuncias una creciente ofensiva sobre sus territorios y derechos en los últimos años con grandes terratenientes, petroleras y empresas que avanzan sobre sus tierras ancestrales, fincas, viviendas y zonas de talaje.
Gabriel Jofré werken de la comunidad Malalweche, que agrupa a 150 familias mapuches de 25 comunidades del sur provincial, explicó que afrontan hoy más de 60 conflictos por tierras. Diez órdenes de desalojo están frenadas por el reconocimiento de la Ley nacional 26.160, pero incluso hay familias como las de la comunidad Suyai Leifú de Los Molles (Malargüe) que han sufrido violentos desalojos de la justicia provincial desconociendo esta ley que los prohíbe en forma taxativa. Estas comunidades denuncian, que detrás de los desalojos aparecen los intereses de las históricas familias beneficiadas con la Campaña del Desierto.
Emilio Maturano de la UST, explicó que la policía los trata de usurpadores a ellos y no les recibe las denuncias. Esta organización señaló que sólo en San Rafael, hay 60 comunidades campesinas dedicadas a la agricultura familiar afrontan conflictos por 40 mil hectáreas contra un pool de 3 abogados. Con fallos a favor de uno y otro sector, la Suprema Corte debe expedirse, pero aún no lo hace. También plantearon que el cuadro general de Mendoza es preocupante, con sólo 250 mil hectáreas cultivadas y una cantidad similar que se encuentran incultas o abandonadas, muchas con altas deudas en irrigación. El campo continúa despoblándose, la población agolpándose en ciudades donde no encuentran trabajo ni un futuro para la juventud.
"Este pueblo sigue sufriendo una discriminación y marginación brutal, afuera de toda política pública para proveerles siquiera de agua potable"
También plantearon que es desfinanciamiento de la Agricultura Familiar y la falta de créditos y apoyo presupuestario de la provincia, dejan en desigualdad de condiciones a estos productores familiares frente a las grandes cadenas de comercialización que son las que concentran la gran parte de las ganancias. En la Argentina los pequeños campesinos y pueblos originarios cultivan el 60% de los alimentos que se producen en el país, pero tienen sólo el 27% de la tierra. Otro de los focos problemáticos está en los colegios de Agrimensura, que desarrollan un negocio inmobiliario con el registro de terrenos de manera irregular sin respetar ni indagar entre sus pobladores y desde donde se genera la mayoría de los juicios de desalojo contra estas comunidades.
La vida de las comunidades Huarpes en el Noreste de Mendoza es cada vez más difícil. La vida que antes florecía en estas lagunas, su agricultura, la pesca y la cría de animales ha ido secándose con el bloqueo de los ríos en represas que sólo habilitan la salida agua en casos de inundaciones por lluvia. Sin dejar siquiera un caudal mínimo que garantice la vida de estos ecosistemas y sus milenarias comunidades, el capital es el único dueño de las aguas destinadas por el riego. Este pueblo sigue sufriendo una discriminación y marginación brutal, afuera de toda política pública para proveerles siquiera de agua potable. La Municipalidad de Lavalle ni siquiera tenía en el 2015 partidas en su presupuesto destinadas a la zona del secano, aún cuando este comprende el 80% de su superficie.
Los conflictos por tierras se han ido incrementando también en el noreste provncial, como ha denunciado la UST, donde la Policía actúa como una milicia de matones bajo las órdenes directas de los empresarios que avanzan en alambrar y han disparado sin piedad sobre campesinos que buscan desplazar. La Ley 6.920 y sus artículos 3 y 8 prevén declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación cualquier fracción de terreno que se encuentra comprendida entre los limites reconocidos a las comunidades Huarpes Milcallac, a quienes deben transferirse el reconocimiento de propiedad protegiendo su ocupación del territorio.
En Lavalle, la Aceitera General Deheza se ha apropiado de 9.000 hectáreas del territorio Huarpe. AGD es manejada por la familia del ex senador kirchnerista Roberto Urquía beneficiado durante su periodo de mandato con subsidios del Estado Nacional por $63 millones, que supo agradecer con su voto negativo a la 125 en el 2008. Los Urquía compraron un campo de 20.000 hectáreas en la zona de San Fernando y San José, en el norte de Lavalle, entre las que se encuentran 9.000 hectáreas de Territorio Huarpe contempladas por la Ley 6920 que deben ser expropiadas por el Gobierno de Mendoza y restituidas a las Comunidades sin dilaciones. Sin embargo, no hay ningún avance la ejecución de la misma. La senadora Noelia Barbeito presentó en Marzo un pedido de informes al ejecutivo provincial sobre esta grave violanción de la Ley Huarpe. Por supuesto, aún no ha sido respondido.
Entre las demandas legislativas que expresaron en la audiencia, los representantes de estas comunidades expresaron la necesidad de avanzar en la adhesión de la provincia a la Ley Nacional 27.118 de reparación histórica y protección de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y que se destine presupuesto a las mismas. Además explicaron que el ejecutivo nunca reglamentó el artículo 2 de la Ley 6.920, conocida como la Ley Huarpe, que señala la importancia de designar un representante para integrar el Consejo de Coordinación del Instituto de Asuntos Indígenas.
Los referentes originarios y campesinos expusieron también sus objeciones a la forma en la que se está encarando el proyecto de Portezuelo del Viento, sobre el cual se hacen grandes anuncios sin haber realizado ningún estudio serio de impacto social y ambiental que tendría en la zona, y sin darle participación a estas comunidades en el control y evaluación del mismo. Hay 20 familias en la zona que están siendo presionadas para aceptar el desarraigo y la relocalización, mientras que al pueblo Mapuche no se le proporciona ningún tipo de información sobre el proyecto.
Finalmente acordamos impulsar una nueva audiencia con las comunidades originarias y campesinas invitando a las autoridades del poder ejecutivo de la secretaria de ambiente, derechos humanos y catastro. Para indagar sobre la política del gobierno provincial frente a las graves denuncias de estas comunidades.
