Desaparición forzada. Desaparición de estudiantes del IPN y de la UNAM alerta sobre crisis de violencia

En menos de dos semanas, cuatro estudiantes de bachilleratos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fueron reportadas como desaparecidas en la Ciudad de México y el Estado de México.

Se trata de las estudiantes de distintos planteles del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) del IPN Valery Martínez, desaparecida desde el 28 de marzo (alumna del CECyT 1, ubicado en la Alcaldía Gustavo A. Madero); Lucía Cuevas, desaparecida desde el 1 de abril y Fernanda Rodríguez, desaparecida desde el 6 de abril. Ambas son alumnas del CECyT número 14, ubicado en la Alcaldía Venustiano Carranza. Mitzi Tonanzin López, estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Oriente (UNAM), fue reportada como desaparecida el 8 de abril en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México.

Mientras autoridades educativas tanto de la UNAM como del IPN niegan o han sido negligentes en el acompañamiento a familiares, estudiantes organizados y colectivas han convocado acciones de protesta. Así, este martes 12 de abril se llevó a cabo un bloqueo en Eje 3 Eduardo Molina, tras el cual las autoridades del CECyT 14 se vieron forzadas a dar la cara por primera vez a familiares que reclamaban apoyo de la institución para las investigaciones, pues fue dentro del plantel donde Fernanda Rodríguez fue vista por última vez.

Según declaraciones de familiares, las autoridades del IPN insistieron en su actitud indolente, negando acceso a los videos de seguridad argumentando que "las cámaras no servían" y declarando que el sistema de vigilancia de la institución "es para salvaguardar el equipo de cómputo del plantel". Asimismo refirieron a un "protocolo" cuyo tiempo debía cumplirse para poder comenzar a investigar. La única información proporcionada, ahondó la familia, ya está en manos de la Fiscalía capitalina, quien atrajo los distintos casos.

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Los señalamientos de que el IPN obstaculiza e invisibiliza casos de desapariciones y violencia no se han hecho esperar. Y es que la violencia contra las mujeres en esta institución se expresa también en casos como el del CECyT 7, en donde recientemente las autoridades descartaron una denuncia de agresión sexual sin ningún proceso de peritaje o investigación, situación que provocó protestas entre el alumnado.

El estado ante la violencia contra las mujeres

A unos días de que la Organización de las Naciones Unidas emitiera una recomendación a México sobre la situación de violencia y militarización del territorio, responsable directa del recrudecimiento de la violencia contra las mujeres en los últimos 15 años, casos como estos ponen el dedo sobre una herida que dice que en México se cometen un promedio de 11 feminicidios diarios y hay decenas de miles de desapariciones forzadas sin esclarecer.

De diciembre de 2018 a marzo de 2022, la cifra de mujeres desaparecidas registradas por la Comisión Nacional de Búsqueda ascendía a 825. Según datos de la Secretaría de Gobernación, en México las jóvenes entre 15 y 19 años son quienes están más expuestas a la desaparición forzada, así como las menores de 4 años. Las redes de trata, el crimen organizado y su entramado de impunidad y complicidad con autoridades a todo nivel son las principales responsables.

En la Ciudad de México, bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, de diciembre de 2018 a marzo de 2022, 33 mujeres reportadas como desaparecidas fueron finalmente localizadas sin vida. Las alcaldías donde más mujeres desaparecen son Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y Venustiano Carranza. En estas dos últimas fue que desaparecieron Valery, Lucía y Fernanda.

En este caso se han tejido, tanto por medios de comunicación como en redes sociales, distintos discursos que buscan explicar la violencia y cómo ponerle freno. Así, mientras algunas posiciones señalan criminales solitarios que pueden ser castigados por el Estado, otras señalan la responsabilidad directa del Estado en estos crímenes y la imposibilidad de que éste se juzgue y castigue a sí mismo.

Ni los protocolos de atención institucionales o de autoridades locales o federales (con o sin perspectiva de género), así como muchos de los mecanismos dispuestos por la Ley General en materia de Desaparición Forzada o del Sistema Nacional de Búsqueda han sido efectivos para frenar esta crisis. Con marco en un gobierno que se dice a favor de los derechos de las mujeres mientras desfinancia refugios para víctimas de la violencia, crece la necesidad de articular un potente movimiento independiente y democrático que imponga en las calles la desmilitarización de la vida pública y del territorio, así como verdad y justicia para las víctimas.

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