Cinco jóvenes y una periodista, en Veracruz, mostrando el carácter reaccionario de esta “democracia”.
Nancy Cázares @nancynan.cazares
Martes 16 de febrero de 2016
Anabel Flores Salazar, reportera del Sol de Orizaba, fue hallada muerta el 9 de febrero en Puebla, luego de que un grupo armado irrumpiera en su domicilio y la secuestrara.
Un par de días antes, el 7 de febrero se presentaron los resultados de los estudios realizados a los restos óseos hallados en una fosa clandestina, en donde se confirmaba que correspondían a dos de los cinco jóvenes que fueron secuestrados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, el pasado 11 de enero, en el poblado de Tierra Blanca.
Duarte: Una periodista más muerta bajo su administración
El asesinato de Anabel Flores despertó indignación entre los usuarios de redes sociales, quienes convirtieron el nombre de la reportera en tendencia en Twitter durante tres días. En las publicaciones, exigían justicia para la periodista y denunciaban al gobierno de Javier Duarte por la que es ya la décimo sexta informadora asesinada en la entidad desde 2010, confirmando así el lugar que Veracruz ocupa como el estado más peligroso del país para ejercer el periodismo.
Al respecto del caso, las autoridades veracruzanas informaron el sábado 13 de febrero de la detención de Josele Márquez “El Chichi”, jefe de plaza de Los Zetas en la zona, a quien desde 2015 se le daba por muerto. Por medio de su cuenta de Twitter, Javier Duarte informó que Márquez estaría relacionado con diversos crímenes, entre los que destacó el ataque al periódico “El Buen Tono” y la autoría intelectual del asesinato de Anabel Flores.
Duarte explicó que el posible móvil del crimen fue una publicación en Facebook que presuntamente realizó la reportera desde una cuenta con el seudónimo de Mariana Contreras, en donde exhibió a quien sucedería al “Chichi” como nuevo jefe de los zetas en la región, e invitaba a la población a no tener miedo y a denunciar su paradero.
Peritos argentinos en el caso Tierra Blanca
Sobre el caso de los cinco desaparecidos de Tierra Blanca, recientemente se informó que integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), colaboradores en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, aceptaron participar en el análisis de una tibia que, según las investigaciones encabezadas por la Fiscalía General del Estado, la Gendarmería Nacional y la Secretaría de Gobernación, pertenece a Bernardo Benítez, uno de cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca.
El segundo joven que fue presuntamente identificado es Alfredo González, de quien sus familiares continúan la búsqueda, pues no aceptaron la “gota de sangre” y el “pedazo de vestimenta” que les fueron entregados como únicas pruebas de que se trataba de él.
Los supuestos restos de Benítez se trasladarán a Argentina, según informó su padre, quien también aseguró que las familias de los cinco jóvenes continúan alertas pues se les notificó que podría haber más restos humanos en otra fosa, ubicada también en el mismo rancho donde fueron localizados los primeros.
El 12 de febrero se cumplió un mes de que los familiares de los cinco jóvenes se instalaran en las oficinas de la Fiscalía General, de donde aseguran que no se irán hasta esclarecer el caso de todos los desaparecidos.
Mientras la “verdad histórica” sobre el caso Ayotzinapa se cae bajo el peso de las nuevas investigaciones de los peritos argentinos y ante la desconfianza popular, el caso de Tierra Blanca aparece para cuestionar una vez más el papel del Estado y de los cuerpos represivos, quienes continúan impunes por su participación en ambos crímenes.
La respuesta a los crímenes de Anabel Flores y los cinco de Tierra Blanca desnuda el carácter de este régimen, que no tiene nada qué ofrecernos sino hambre, mentiras y muerte.
