Desaprobaron el decreto de Emergencia Económica en Venezuela: ¿qué se viene?

Luego de que este martes 19 la directiva del Parlamento asumiera en sesión permanente para la revisión del decreto que declara “Estado de emergencia económica en todo el territorio nacional”, y que al siguiente día la Sala Constitucional del TSJ declarara la “constitucionalidad” del mismo, el viernes 22 de enero la Asamblea Nacional (AN) se pronunciaba desaprobando el decreto. Ya se había dado el hecho que los ministros no comparecieran a la interpelación en la AN hablando de la oposición de desacato. Como vemos, lo que ha primado en este mes de enero ha sido la mayor tensión política que apuntaría a una dinámica de mayor conflictividad entre los poderes del Estado.

Según consta en el informe, la Asamblea Nacional admite la “emergencia económica” contenida en el decreto, pero objeta “la insuficiencia de medios ordinarios para atenderla y la conveniencia de delegar al Ejecutivo poderes excepcionales, suspendiendo garantías constitucionales para su ejercicio”. En este sentido apuntan que “la Comisión Especial que examinó el Decreto no considera ni necesario ni deseable que la Asamblea Nacional se ausente de sus responsabilidades legislativas y contraloras durante la grave crisis económica que enfrenta Venezuela”, concluyendo “que el decreto de emergencia en lugar de resolver la problemática económica y social que lo motiva, podría agudizar la actual crisis económica”. De esta manera, pareciera que la oposición ha decidido “marcarle la cancha” al gobierno de Maduro buscando seguramente acelerar su crisis.
Los términos en que se expresa dicha negativa coincide con lo dicho por Fedecámaras, para quienes este decreto “podría agravar aún más la situación de precariedad que ya se vive”. A su vez, el presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindutria), Juan Pablo Olalquiaga, afirma “No es que se le otorgue poderes al presidente, que en estos momentos no establece los pormenores de acciones que hay que tomar, sino que hay que debatirlas con los involucrados” refiriéndose –lógicamente– al empresariado industrial, “por ende, recomendamos que este decreto no sea aprobado en los términos en los que ha sido pasado”.

El conflicto entre los poderes, la “discrecionalidad” y el show político

La puesta en escena de un nuevo episodio de encontronazos entre el Ejecutivo y la mayoría opositora en el Parlamento tomó este jueves 21 la forma de un vacío, el de las sillas dispuestas para que los representantes de la Vicepresidencia Económica comparecieran ante la Comisión Especial encargada de evaluar el decreto de emergencia económica.

Rápidamente el presidente de la Asamblea Nacional calificó esta inasistencia como “desacato del Ejecutivo” y amenazó con sancionarles. Según el vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, los ministros aspiraban “que toda la información que requieran los diputados de parte del Gobierno la tengan a primera mano, directa, sin exponer a riesgo al país, ellos (Asamblea) saben perfectamente que hay materias que no pueden ser dilucidadas públicamente”, pero en vista de las exigencias de la Comisión Especial encabezada por Ramos Allup, tomaron la decisión de no asistir.
El propio presidente Maduro, afirma haberle dicho que “en esas condiciones, no vamos a ese escenario de show”.

El gobierno de Maduro naturalmente responde en nombre de su principio burocrático de “discrecionalidad” para ofrecer información privilegiada sobre el estado de la economía del país a la burocracia (opositora en este caso) de espaldas al pueblo trabajador, quienes a fin de cuentas merecemos conocer cómo administra el Estado la renta que produce nuestra fuerza de trabajo, más aún en tiempos donde la crisis económica golpea fuertemente nuestros bolsillos.

Se profundizan los compromisos del Gobierno con el empresariado

En el marco de la Emergencia Económica Nacional, el presidente Maduro llamó el martes 19 a la conformación de un Consejo Nacional de Economía Productiva. El mismo incluye “nueve motores productivos” integrado por 30 representantes, de los cuales 17 son empresarios privados; también incluye a la burocracia sindical oficialista y a altos funcionarios del gobierno.

Anunció que se tomarán medidas inmediatas para atender la emergencia económica, como establecer la metodología para la formulación de los presupuestos y de la administración de los recursos; mantener el Plan de Divisas y el presupuesto para la inversión social; la ejecución de un “Plan Especial de Abastecimiento y Precios”, dentro del cual, según Maduro “tanto Gobierno como sectores productivos y empresarios, articularán esfuerzos que permitan erradicar las colas y garantizar el acceso a los rubros de la cesta básica”; y por último, “el establecimiento de una nueva política de compras pública con un plan especial centralizado”, que priorice y estimule la producción nacional.

No es muy difícil pensar cómo es que el Gobierno va a resolver la crisis económica justo en momentos donde la crisis económica mundial nuevamente aparece golpeando con fuerza, haciendo tambalear las bolsas del mundo la última semana. El precio del barril del petróleo descendió a casi 22 dólares, acelerando la reducción de ingresos por el crudo, y se tiene que pagar casi 12 mil millones de dólares por concepto de deuda. Los acuerdos con el grueso del sector empresarial ya dio su respuesta, más concesiones a los capitalistas y duros golpes al pueblo trabajador que batalla diariamente para subsistir con sus flacos ingresos, que se reducen cada vez más por la inflación galopante.

Por esto no es de extrañar que participaran más de 360 empresarios privados en las Mesas de Trabajo de Exportación que fueron instaladas, y donde se aprobaron cuatro propuestas con el objetivo de “facilitar las exportaciones”: el establecimiento de un tipo de cambio “competitivo”, pasando de la tasa del Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad II) al Sistema Marginal de Divisas (Simadi); el decreto con moratoria de requisito de licencia especial de exportación en 2016, a decir de Maduro: “Una moratoria prorrogable, pero que se pueda aplicar ya en el marco de un proceso más profundo de simplificación”; también la derogación de la exigencia del Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (Rusad) que agiliza la salida de mercancías y la venta de divisas al BCV; y por último la activación de una línea de crédito en divisas para garantizar el acceso de materia prima al sector exportador del país. Todos estos puntos, que fueran exigencias que los empresarios le presentaron a Maduro y quien accediera inmediatamente, mientras ninguna medida favorable al pueblo se avizora, a no ser la retórica de siempre.

Maduro ha expresado, “Yo asumo la responsabilidad de echarnos en el hombro a Venezuela”, y concordando con el Ministro de Industrias, el empresario Miguel Pérez Abad, manifestó que: “Estoy de acuerdo en que se establezca una línea de asignación de créditos en divisas, de garantía para la importación de materias primas (…) Hay que hacer un plan especial de acción con la acupuntura en materia de divisas para asignar a los 500 exportadores las divisas necesarias en determinadas materias primas”. De ahí que todos los costos de los planes que Gobierno y empresarios acuerden, sin duda correrán por cuenta del trabajo de los asalariados y sus golpeados ingresos como del conjunto del pueblo pobre venezolano.

Después de la desaprobación del decreto, ¿qué se viene?

Luego de ser leído el informe por parte del presidente del Parlamento, Henry Ramos Allúp, el presidente Nicolás Maduro “lamentó mucho la negativa de la Asamblea Nacional y la mayoría que lo controla”. Anteriormente, en entrevista para el diario Últimas Noticias, el vicepresidente del área económica Luis Salas respondió que de desaprobarse el decreto en la Asamblea Nacional: “estamos dispuestos a recibir cualquier observación siempre y cuando sea constructiva. No estamos negados a debatir ni a escuchar sugerencias y opiniones, y eso debe quedar absolutamente claro”. Es decir, el flamante ministro de economía que hasta no hace poco hablaba diatribas contra el empresariado desde la cátedra universitaria, ahora en el Gobierno se muestra en planes de acuerdo y de diálogos con los mismos. Qué rápido se caen las caretas.

Y es que tanto el decreto del Ejecutivo como su desaprobación en la Asamblea, su contenido y su forma, son expresión de la crisis política y social del conjunto del país, donde los ritmos del ajuste que ambas fuerzas buscan imponer al pueblo trabajador y los intereses políticos particulares, azuzan el conflicto que atraviesa a cada paso a los poderes públicos tras la derrota del chavismo en las pasadas elecciones del 6D. Pero donde al mismo tiempo la extensión de la crisis los acerca en su necesidad de pactar dichos ajustes, sea de forma pública o “discrecional”.

Mientras el Gobierno intenta “ganar tiempo” con la consecución de los acuerdos con el sector empresarial, emanados del denominado “Consejo Nacional de Economía Productiva”, la derecha parlamentaria que no se ha mostrado en desacuerdo –aunque sí “escéptica” según sus palabras– intentará avanzar políticamente sobre el desgaste del gobierno. Está por verse si esto tomará la forma de pactos políticos o de agudización de los choques entre el Ejecutivo y el Legislativo, como se avizoró en la instalación de la Asamblea Nacional cuando su presidente Ramos Allup hablara de la manera de “salir” de Maduro dentro de los seis meses del año en curso. Lo que sí es seguro es que el principal golpeado en cualquiera de estos escenarios serán, como siempre, los trabajadores y el pueblo pobre. De cómo enfrentar esos ataques que se están dando y los que se vienen, es lo urgente que debe discutir la clase trabajadora en el país y que esta crisis no continúe siendo descargada sobre sus espaldas.