Las mineras hablan de negocios fastuosos, los gobiernos hablan de desarrollo y transición energética, pero las comunidades hablan de aguas contaminada, expulsiones y heridas de la represión. Algunos números y muchas incertidumbres en torno al litio.
Domingo 2 de julio de 2023 22:35
La minera Livent opera en el salar del Hombre Muerto en el limite entre Catamarca y Salta. Desde mayo, se fusionó con la australiana Allkem que opera desde 2016 el proyecto Sales de Jujuy en el salar de Olaroz, cerca de Susques, en sociedad con la automotriz Toyota.
El pasado 30 de junio, Allkem recibió el beneficio del gobierno nacional para acceder a la libre disponibilidad del 20% de sus exportaciones en dólares. Asi, por año Allkem podrá disponer de U$S 27 millones al contado, según lo informado por el ministerio de economía.
Saqueo. Extractivismo de litio: Alkem y Livent se fusionan y concentran la producción en Argentina}
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¿De donde saldrán los dólares en un país que no los posee? De más endeudamiento público exterior, of course.
Por año, Sales de Jujuy produce 12,050 toneladas de carbonato de litio. La tonelada de carbonato de litio llegó a valer U$S 80.000 en enero y bajó a U$S 65,000 en marzo. El 30 de junio en el mercado chino, que concentra el 80% de la producción mundial de cátodos para baterías de litio, y el 80% de la producción de hidróxido de litio, entre otros elementos, cerró a U$S 42.400, lo que equivale a más de U$S 512.000.000 anuales para la producción declarada por Allkem sólo en Olaroz.
Pero como vemos la variación del precio internacional es mayor a la cotización del mercado chino, un mercado al que las mineras se niegan a tomar como precio de referencia a la hora de liquidar las exportaciones, pese al volumen del comercio total que controla, privilegiando el secretismo de acuerdos secretos contraídos con las automotrices asociadas. Además, esta negativa es parte de la guerra comercial entre EEUU y China.
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Las intenciones de Livent para sus explotaciones en Argentina, en palabras de su CFO Global, Gilberto Antoniazzi a Econo Journal, es “que Argentina consiga un acuerdo comercial con EE.UU. Desde Livent apoyamos al gobierno argentino en este tema. El ministro Sergio Massa mantuvo conversaciones con nosotros y también hablamos con representantes del gobierno norteamericano. Apuntamos a exportar carbonato de litio hacia EE.UU. y convertirlo en hidróxido, algo que está aceptado por la ley (norteamericana). Lo importante para nosotros es que la Argentina pueda beneficiarse de este esquema.”
En el Salar del Hombre Muerto, el pasado 28 de junio de 2023, el gobernador de Salta, Gustavo Saenz junto a Raul Jalil, inauguraron junto a Ignacio de Mendiguren, una planta de procesamiento de carbonato de Litio de la empresa surcoreana POSCO como parte del proyecto Sal de Oro en la zona de cooperación entre ambas provincias.
Previamente, Saenz logró aprobar en ambas cámaras legislativas provinciales, un proyecto de ley antipiquetes que limita el derecho a la protesta, en el marco de una huelga docente de cinco semanas a la que se sumaron personal de salud y otros sectores. De hecho, ambos sectores fueron reprimidos brutalmente por la Policía provincial durante un corte en la AUNOR de la capital provincial el 24 de mayo. Diez días después, se aprobaba este proyecto.
Al igual que en Jujuy, donde el radical Gerardo Morales enfrenta una rebelión popular contra su reforma constitucional antiderechos, la explotación del litio va de la mano de la criminalización de la protesta para asegurar los negocios de las empresas mineras.
Jalil, Morales y Saenz, además, se pronunciaron en contra de la tibia nacionalización del Litio que planteó el gobierno nacional durante el evento ARMinera, aduciendo que el mineral pertenece a las provincias según lo establece la reforma constitucional de 1994. El proyecto que Mercedes Marcó del Pont, plantea un marco regulatorio para que una parte del mineral sea industrializado en el país. Las provincias, por su parte, plantean que cada una negocie este volumen de procesamiento nacional con las industrias automotrices radicadas en el país, fijando el volumen entre un 5% y un 20% de lo producido, buscando evitar la nacionalización del recurso, en coincidencia con la cámara minera para quien al nacionalización del recurso “atenta contra las inversiones”.
Lo cierto es que el marco regulatorio que propone el gobierno nacional, no implica ni por lejos un cuidado del medio ambiente, o el respeto a las comunidades afectadas, ni siquiera un mayor régimen fiscal sobre la explotación que asegure mayores ingresos al erario público.
En marzo, el gobierno, agobiado por la caída de las recaudaciones tributarias, anunció el restablecimiento de retenciones al sector minero en un esquema “progresivo y optativo”. Luego de que Macri las eliminara en 2016. En principio se trataría de reestablecer el cobro del IVA y del impuesto a las ganancias a las empresas mineras y sus proveedoras en el sector del cobre.
Actualmente, las retenciones son de una alícuota fija del 4,5% del volumen exportado sobre las declaraciones de las propias empresas, que con la nueva resolución serán además agentes de retención para el pago de IVA y ganancias, pero el proyecto prevee que de adherir las empresas paguen entre 0% o un 8% según la variación del precio internacional del cobre. Es decir, qué si el precio internacional cae, las retenciones bajan, atando los ingresos del país, ¡aún más!, a las fluctuaciones del mercado financiero internacional de commodities.
Vemos pues que, la reprimarización de la economía nacional que implica el actual esquema de inserción en la división internacional del trabajo, la deuda para la fuga que implican las diversas medidas implementadas para “atraer inversiones” (“Macri tampoco lo hizo”), y la criminalización de la protesta para dejar pasar el saqueo y la destrucción ambiental, van de la mano de un discurso neo desarrollista que no tiene absolutamente ningún sustento cuando vemos la realidad de provincias productoras como Catamarca, Jujuy o Salta.
El rol del Estado capitalista que evidencian el servilismo con las multinacionales y la brutalidad represiva de Saenz o Morales, habla más del carácter “presente” del Estado, que de todas las teorías post neoliberales de un retiro del Estado. El “intervencinismo” que vocideran desde sectores progresistas, no parece distinguirse en mucho del carácter de socio menor que adoptan los gobiernos provinciales. Ya sean peronistas como en Salta o radicales como en Jujuy, los partidos patronales apelan a discursos desarrollistas y al rol del Estado para garantizar las ganancias de las multinacionales del saqueo acallando a palos el reclamo de trabajadores y comunidades.
El cartel de un maestro durante las protestas en San Salvador era más que gráfico al respecto: “En mi recibo de sueldo no se reflejan las ganancias de Olaroz y Sales de Jujuy”
