La directora del CNI ha comparecido este jueves en la comisión de Secretos Oficiales. Los diputados tienen la obligación de no revelar lo que ha dicho ¿Se puede enfrentar la escalada represiva acatando una ley franquista?
Jueves 5 de mayo de 2022
Este jueves Paz Esteban, la hasta ahora directora del Centro Nacional de Inteligencia, ha comparecido en la comisión de secretos oficiales del Congreso de los Diputados a raíz del caso de más de 60 escuchas realizadas a dirigentes independentistas por medio del sistema Pegasus. De lo que ha dicho nada sabemos, ni sabremos nunca, más allá de las filtraciones a cuentagotas. Todas las informaciones y documentos que se han presentado a los diputados miembros de dicha comisión "serán secretas y sus miembros vendrán obligados a no divulgar las informaciones obtenidas".
Diversos medios han publicado que Esteban habría reconocido el espionaje de una veintena de dirigentes catalanes, sin explicar los otros 40 casos. Según las filtraciones éstas se habrían realizado con la autorización judicial pertinente. Por lo tanto se confirmaría que el gobierno del PSOE habría hecho uso del espionaje político contra el independentismo catalán. Ninguna novedad.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha convertido en la principal defensora de Esteban. A esta agente del CNI, que inició su carrera en 1983 en el CESID de los GAL, le debemos frases como “cuídense, cuiden su identidad digital y cuidemos todos nuestros datos”. Sin duda cara dura no le falta. Robles la defiende por una convicción pública y manifestada de que los servicios de inteligencia tienen todo el derecho a intervenir las comunicaciones y datos que consideren ante desafíos como el que supuso el movimiento democrático catalán o protestas como las desatadas tras la sentencia del procés.
Además Robres tiene en Esteban un cómodo parapeto. Ayer, en su propia comparecencia en la comisión de Defensa, dejó sin responder la inmensa mayoría de las cuestiones sobre el Catalan Gate alegando que tenía “la limitación de explicar cosas que mañana explicará la directora del CNI". Son esas cosas precisamente las que siguen blindadas de conocerse gracias a los restos de la legislación franquista sobre secretos oficiales que sobrevivieron la Transición y los sucesivos gobiernos de la UCD, el PP y el PSOE.
Para que no quedara ningún resquicio el PSOE junto a la derecha y la ultraderecha bloquearon el martes la creación de una comisión parlamentaria pública, en la que la misma directora del CNI tuviera que responder a las mismas preguntas con luz y taquígrafos. Unidas Podemos y los demás socios de legislatura lamentaron esta pinza. Los socios gubernamentales, sin embargo, evitaron votando junto al PSOE que el presidente del gobierno compareciera en el pleno del Congreso para dar cuenta de la crisis.
Todos estos socios del PSOE consideran que la comisión de secretos oficiales no se ha podido aclarar ninguna responsabilidad. Están en lo cierto. Difícilmente se podría conseguir tampoco en una comisión controlada por el bloque monárquico, ni mucho menos impulsada por el mismo CNI o el ministerio de defensa, como pedía Echenique hace una semana. Sin una comisión independiente será imposible. Sin proponerse acabar con la Ley de Secretos Oficiales y que se abran todos los archivos clasificados también.
Sin embargo la opacidad extrema con la que se quieren manejar los partidos monárquicos sí podría verse amenazada. Tanto Unidas Podemos, como ERC, PNV, EH Bildu, Junts y la CUP, son hoy parte de esta comisión secreta. Sus diputados y diputadas han escuchado las palabras de Esteban, visto los documentos clasificados presentados y sus justificaciones. En sus manos está desobedecer las leyes franquistas que defienden derogar y que cubren de impunidad a las cloacas del Estado, o acatarlas y sumarse a las buenas costumbres parlamentaria que las blindan con su silencio.
La crisis de Pegasus pone al desnudo los rasgos más autoritarios del régimen del 78, que se han visto enormemente reforzados en los últimos años con la Causa General contra el independentismo catalán. Para enfrentar esta escalada no se puede hacer desde el respeto al estatus quo y la legalidad que la blinda.
De quienes son parte del gobierno responsable de las escuchas poco o nada se puede esperar, defiendan o ataquen a Robles y Esteban. De hecho el mismo Iglesias formó parte de la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia, el organismo que dirige el CNI, desde marzo de 2020 hasta su salida del gobierno.
Hasta ahora no ha dicho ni una palabra de lo que allí se tratara, precisamente en el mismo periodo en que se produjeron algunas de las escuchas que hoy la misma directora del CNI habría reconocido que se hicieron ajustadas a derecho, por lo tanto informando al gobierno y a la comisión de la que Iglesias formaba parte.
Otras formaciones como ERC dicen que está en riesgo la propia democracia, y EH-Bildu y la CUP sostienen denuncias aún más contundentes. ¿A qué esperan entonces para romper con la Ley de Secretos Oficiales de 1968? ¿Convocaran a los medios tras la comparecencia de Esteban para hacer públicas las informaciones que el PSOE, la derecha y la extrema derecha quieren que no se conozcan? Es lo mínimo que se podría esperar si realmente aspiran a poner fin a estas prácticas y a instituciones reaccionarias como el propio CNI.
