La empresa cordobesa está en concurso desde el 2018, desde enero dispensó a decenas de trabajadores y ahora despidió a 15. Complicidad de la Secretaría de Trabajo de la provincia y de la secretaría general de ATILRA, fraude al Estado.
Miércoles 17 de julio 17:09
El viernes de la semana pasada un grupo de trabajadores junto a sus delegados se acercaron a reclamar a la puerta de la fábrica La Lácteo, ubicada en Camino Capilla de los Remedios en el sureste de la ciudad de Córdoba. Desde enero de este año la empresa dejó de pagar los sueldos por lo que la secretaría de trabajo de la provincia a cargo de Omar Sereno habilitó la dispensa para quienes así lo quisieran.
Durante el día jueves 11 de julio los trabajadores se enteraron que la dispensa se levantaba (algo que no era real), por lo que se hicieron presentes para trabajar pero la empresa les negó el ingreso sin explicación. En el transcurso del día llegaron 15 telegramas de despidos con causa. En el documento la empresa argumenta supuestos actos ilícitos por parte de los empleados durante medidas de lucha en el mes de enero. La empresa aceleró los telegramas e inventó estas supuestas causales de despidos, ya que los trabajadores se encontraban realizando una medida de fuerza en el marco del no pago de sus salarios. Dichas medidas consistían en el abandono de tareas junto a la realización de asambleas y olla popular. Todo avalado por el sindicato y de las que dio constancia la secretaría de trabajo. Es decir, una medida completamente legal y legítima ya que era la empresa la que estaba incumpliendo con el pago de salarios.
Junto a estos despidos ilegales, los trabajadores denuncian que los delegados no pueden ingresar a la planta, algo que avasalla los derechos gremiales de los empleados que se encuentran en funciones y viola los más elementales derechos laborales sin que medie ninguna disposición de la justicia. La secretaría de trabajo conoce esta situación pero permanece en la inacción cómplice.
¿Qué hay detrás de este ataque a los trabajadores?
La empresa La Lácteo es gerenciada por la familia Filipi, los mismos que en la década de los 90 se encargaron de vaciar la empresa SanCor. En el 2018 la fábrica entró en concurso de acreedores pero los trabajadores sospechan que durante estos años se cometieron todo tipo de fraudes. De hecho la empresa fue denunciada ante AFIP por uno de los trabajadores que se encontraba en el área financiera. Denuncia que no tuvo ninguna consecuencia.
Por otro lado los trabajadores le comentaron a este medio que la producción de leche en polvo que sigue fabricando la firma tiene todo tipo de adulteraciones y que las condiciones sanitarias no podrían pasar ningún testeo serio. Al comentar esta situación, este cronista recordó una situación vivida durante la cuarentena. Un grupo de familias sin vivienda habían ocupado el predio contiguo a la fábrica y empezado a construir sus casas. Cuando nos hicimos presentes nos llevaron hasta el fondo del predio para mostrarnos una "laguna" de desechos tóxicos vertidos por La Lácteo. El olor era nauseabundo y los vecinos denunciaban que eran altamente tóxicos. En ese momento las familias tenían orden de desalojo y denunciaban que el gobierno los quería sacar para encubrir el daño ambiental de la empresa. Finalmente los vecinos fueron desalojados con un mega operativo policial, las viviendas arrasadas y decenas de personas heridas.
Para que una empresa pueda despedir ilegalmente, violar los mínimos derechos gremiales, realizar un fraude al fisco, pasar por encima de normas sanitarias y ambientales, tiene que existir una clara complicidad del gobierno provincial. Pero los trabajadores también denuncian a la secretaría general de la sede de ATILRA en Córdoba, cuyo titular es Oscar Rodríguez. Delegados que no pueden ingresar a su lugar de trabajo, despidos ilegales y no se puede hacer nada más que comunicados y denuncias formales? Esta situación se agrava cuando se vive una realidad similar en otras fábricas de la provincia como en la marca SanCor que está a cargo de la empresa ARSA.
Dato al margen, uno de los gerentes de esta compañía estaba a cargo de SanCor en la década de los 90 junto a Raúl Filippi.
Las patronales con el apoyo del gobierno provincial y el aval de las políticas del gobierno nacional llevan adelante un ajuste contra el pueblo trabajador que repercute en la caída de salarios y en despidos. Cada sector se organiza y busca defender sus fuentes laborales, pero tienen en contra no sólo a los gobiernos sino también a las burocracias sindicales que luego de más de siete meses de ataques no han convocado a ninguna medida de lucha seria para unificar los distintos reclamos y frenarle la mano a esta política contra el pueblo trabajador. Se hace más necesario que nunca un paro general y plan de lucha discutido desde las bases, en cada lugar de trabajo y estudio.
