JUVENTUD CRIMINALIZADA. Después de las elecciones Macri irá por la baja de la edad de imputabilidad

El ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano ratificó ayer la idea del Gobierno nacional de enviar al Congreso, después de las elecciones del 22 de octubre, un proyecto de ley para reformar el régimen penal juvenil.

Una de las claves del proyecto oficial es bajar la edad de imputabilidad (según el proyecto, para “delitos graves”) a 14 años.

Garavano dijo en una conferencia de prensa este lunes que el proyecto oficial está siendo redactado en base a lo recolectado en varias jornadas de debate entre “legisladores, funcionarios y especialistas”.

“Hay un proyecto que seguramente después de las elecciones sea enviado al Congreso”, adelantó el ministro luego de participar en un acto de entrega $ 20 millones por parte del gobierno de Mauricio Macri al gobierno de María Eugenia Vidal para “mejorar la infraestructura” de los institutos de menores bonaerenses.

Con el habitual estilo macrista de disfrazar determinados hechos con palabras convenientes, Garavano dijo que la iniciativa se propone “mejorar la situación de jóvenes en conflicto con la ley penal” cuando en verdad lo que pretende es profundizar la criminalización sobre una franja cada vez mayor de la población pobre y trabajadora.

Cuando, en el verano de este año, se abrió nuevamente el debate de la baja de la edad de imputabilidad, Garavano aseguró que la puesta en pie de un nuevo Régimen Penal de la Minoridad saldría por consenso. Como se decía en otra nota de esta diario, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que había sido invitado a integrar la mesa de expertos que trabajarían estos temas, había adelantado que no coincidía con las perspectivas que proponía el Gobierno.

El 24 de febrero la mesa de trabajo convocada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para debatir sobre el régimen de justicia penal juvenil, en su octavo encuentro, instó a no bajar la edad de punibilidad. Entre los que integraban la mesa se encontraba juristas, académicos, organizaciones e integrantes de Unicef.

La representante de Unicef Argentina, Florence Bauer, en aquellos días de debate sostuvo que “en Argentina la reforma del sistema de Justicia Penal Juvenil no requiere bajar la edad de imputabilidad, algo que podría ser interpretado como un retroceso en materia de derechos humanos y como una medida regresiva”. Y subrayó que “la evidencia generada a partir de experiencias internacionales demuestra que la estrategia de disminuir la edad de imputabilidad no es una medida efectiva en el combate a la inseguridad”.

Pasaron ocho meses y parece que el diálogo y el consenso que inicialmente proponía el Gobierno fue sólo una promesa de verano. Hoy la iniciativa punitiva contra la juventud vuelve a ser lanzada desde la provincia gobernada por María Eugenia Vidal, que ha sabido ganarse con mucha demagogia la confianza de un sector de los bonaerenses.

Según Garavano esa provincia “es uno de los actores más importantes, porque es una de las jurisdicciones que tiene una de la problemáticas más críticas en esta materia” y por eso consideró que es clave la posición que se adopte en este distrito.

Pero en esa provincia también se registran altísimos casos de gatillo fácil, razias en los colectivos y, sobre todo, un avasallamiento a los estudiantes cuando las fuerzas de seguridad ingresan a sus casas de estudio, como en las universidades de Lomas de Zamora y de Varela. También es en esa provincia donde las fuerzas policiales reprimen abiertamente a los jóvenes cuando salen a festejar el día del estudiante.

Es también en esta provincia donde diariamente quedan al descubierto los casos de corrupción policial; involucrada además, en el gran delito. Criminalizar a la juventud significa demagogia punitiva, para que nada cambie, porque son las fuerzas represivas, con la complicidad de jueces y funcionarios, los responsables de la inseguridad. Y bajar la edad de punibilidad tiene por único objetivo disciplinar a un sector de la población muy vulnerable.

Es esta juventud que en la era de Cambiemos tampoco ha logrado acceder a derechos elementales, como el acceso a la educación, la salud y la vivienda.

El Frente de Izquierda se opone a este proyecto que impulsa el Gobierno a través de su ministro de Justicia. Como ya dijo el candidato a diputado nacional Nicolás del Caño, “mientras despide y recorta en educación el Gobierno pretende bajar la edad de imputabilidad para profundizar su política de criminalización y cárcel para la juventud”. En ese sentido el referente del FIT denunció que “es clarísimo que el Gobierno pacta con las cúpulas policiales que comandan el ’gran delito’”.