Oficialistas y opositores apoyaron la propuesta de Guzmán. Primera reacción favorable de los “mercados”. ¿Cuánto sale pagar la deuda? Desconocimiento soberano y medidas anticapitalistas.

Pablo Anino @PabloAnino
Viernes 17 de abril de 2020 23:27
La Argentina se encamina hacia su enésima reestructuración de deuda. El enigmático ministro de Economía, Martín Guzmán, finalmente presentó la oferta para reestructurar la deuda en dólares bajo jurisdicción extranjera, alrededor de un 20 % de la deuda total.
El argumento principal del ministro es que con esta propuesta, esta vez sí, el país va a sacarse el lastre de la deuda de encima, haciendo compatible crecimiento económico (vaya uno a saber cuándo) con el cumplimiento con los acreedores.
La oferta, depende de quién la mire, fue agresiva, según algunos voceros locales de los especuladores; mejor de lo que se esperaba, según otros; “de buena fe”, tal como la califica el ministro. Los fondos de inversión adelantaron su rechazo, según señaló Guzmán. No obstante, las crónicas periodísticas señalan que la propuesta oficializada habría sido mejor que la presentada en las videoconferencias que el ministro entabló previamente con los principales fondos de inversión.
El “marketing” para el consumo interno, para alimentar el relato progresista, para dar la idea que el Tío Alberto le dobla el brazo a los especuladores, indica que el gobierno propone una quita de tasa de interés importante, del 62 %. Es cierto que el recorte de tasa de interés es grande en relación a las tasas astronómicas que el país suele ofrendar al altar de los centros financieros internacionales. Pero no debería pasar por alto que en el mundo actual es un mundo de tasas de interés cercanas a cero o directamente negativas en varias potencias económicas.
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Por otro lado, la quita del capital a reestructurar propuesta por Guzmán es bajísima: del 5,4 %. Es un dato muy importante. La crisis internacional por el Covid-19, que aceleró una recesión que se venía engendrando previamente, destruyó a escala global activos financieros en una proporción espectacular, incluidos los de las principales empresas multinacionales. Lo mismo ocurrió, obviamente, con los bonos argentinos que poseen en sus carteras los fondos de inversión. Claro que en este caso el coronavirus acentuó un fenómeno previo. En estas condiciones, una oferta de una quita mínima en el capital podría ser un aliciente para los especuladores.
En la conferencia de prensa del jueves, en la quinta presidencial de Olivos, todo el régimen político capitalista reconoció lo que la izquierda plantea hace mucho, pero todos negaban hasta hace poco: el ministro afirmó que hay consenso sobre que Argentina “durante ciertos años no puede pagar nada”. A su izquierda estaba ubicada Cristina Fernández; más a su izquierda Alberto Fernández; y a la izquierda de todos ellos, Horacio Rodríguez Larreta, el hijo prodigo del expresidente y endeudador serial, Mauricio Macri, con quien ahora disputa el liderazgo de Cambiemos. No sólo eso. Otros gobernadores cambiemitas fueron a dar apoyo a la gesta renegociadora.
La reacción de las cotizaciones de los bonos argentinos del día viernes exhibió una buena recepción de los “mercados” a la oferta. Al cierre de la jornada financiera se conoció la "letra chica" de la oferta. Con esta mayor precisión de irá dilucidando el estado de ánimo de los especuladores.
De ahora en más, se abre una negociación que puede durar 20 días, unos meses o más o varios años. Seguirá la guerra de nervios. Lo más probable es que no se pague deuda en dólares con jurisdicción extranjera por mucho tiempo, o porque hay default o porque hay acuerdo y se imponen los tres años de gracia que pidió Guzmán. De lo que no hay dudas, es que el país seguirá sometido a los centros financieros internacionales.
Durmiendo con el enemigo
El partido de la deuda se juega contra un rival que tiene todas las de ganar, en cancha visitante y con un árbitro que siempre dictamina a favor de los que tienen todo. Una parte importante de los bonos a reestructurar están en manos de unos pocos fondos de inversión extranjeros: BlackRock, Templeton, PIMCO, Fidelity, Greylock, Gramercy. En conjunto, administran volúmenes de recursos que superan en treinta veces el tamaño de la economía local.
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El gobierno eligió como asesor al fondo de inversión Lazard, con sede en Estados Unidos, pero fundado por inmigrantes franceses. Los agentes colocadores de la nueva deuda a emitirse elegidos por Guzmán son el Bank of America, el segundo banco más grande de los Estados Unidos, y el londinense HSBC. Este último es famoso internacionalmente por facilitar operaciones de lavado de dinero del narcotráfico, la evasión de impuestos de los más ricos del mundo, entre otras operaciones non sanctas.
El titular del HSBC hasta ayer nomás fue Gabriel Martino, involucrado en la investigación judicial por el capítulo argentino de lavado de activos de los más ricos personajes del país. Martino fue quien intermedió para que Templeton se transformara en uno de los principales tomadores de deuda en la era Macri. Antes del recambio presidencial, en noviembre pasado, Martino fue enviado con nuevas misiones al Reino Unido, tal vez para lavar la cara de la sucursal argentina del banco. Ahora el HSBC “intermedia” entre Argentina y Templeton. Algo huele mal.
El Bank of America y el HSBC, obviamente, están interesados en que se llegue a un acuerdo porque de eso depende de que cobren sus comisiones. De hecho, trascendió que estuvieron haciendo gestiones de último momento (entre otros, con Sergio “ventajita” Massa) en favor de flexibilizar la oferta original del gobierno, algo que se habría cristalizado en la conferencia del jueves. El lobby seguirá su curso en las próximas semanas.
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A principios de febrero, en trámite exprés y sin grieta, el Congreso votó la Ley de Restauración de Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa. El Frente de Todos, Cambiemos y el resto de los bloques minoritarios votaron una ley a medida de los fondos buitre. Los únicos que votaron en contra fueron los diputados del Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad: Nicolás Del Caño y Romina del Plá. La ley contiene una concesión grave: se habilita en la actual negociación de deuda la prórroga de jurisdicción, un acto de lesa soberanía, donde se otorga atribución a tribunales extranjeros para fallar sobre cualquier litigio sobre la deuda pública. La posibilidad de que se establezca la jurisdicción extranjera se puso de “moda” con cambios legales establecidos bajo las dictaduras militares.
Los fondos buitres pudieron litigar en Nueva York e imponer la enésima crisis de deuda gracias a que en el megacanje de 2005 de Néstor Kirchner y Roberto Lavagna se estableció la prórroga de jurisdicción en favor de tribunales judiciales de las potencias imperialistas. Cuando el juez neoyorquino Thomas Griesa falló a favor de los buitres, la ingeniería de la deuda reestructurada por el megacanje de 2005 entró en jaque por la incautación que realizó Griesa de los fondos que gobierno argentino enviaba a los acreedores en situación regular que habían aceptado el canje. Para el juez fue fácil: los pagos también se realizaban en Nueva York.
Sin beneficio de inventario
"Hay que determinar para qué se le prestó a Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri”, lanzó Cristina Fernández hace menos de tres meses atrás en la Feria Internacional del Libro de La Habana, Cuba. Mes y medio atrás, el 1º de marzo, en su discurso de inauguración de las sesiones en el Congreso, el presidente, Alberto Fernández, anunció que el Banco Central investigaría el endeudamiento macrista: “Todos hemos visto impávidos cómo los dólares que deberían haber financiado el desarrollo productivo, acabaron fugándose”, explicó.
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La deuda, al menos desde la última dictadura cívico militar a esta parte, aceita un circuito que, entre otros mecanismos de vaciamiento, permite financiar la salida de recursos hacia el exterior, preferentemente a paraísos fiscales: U$S 81 mil millones se fugaron del país durante los cuatro años de Cambiemos. Se sumaron a U$S 102 mil millones fugados durante los gobiernos kirchneristas, mayormente financiados con superávit comercial. Décadas de saqueo hacen que se contabilice como fuga en el exterior el equivalente a la riqueza que produce el país en un año: la clase dominante se fugó un PIB (Producto Interno Bruto).
No se investigó, no se auditó. El “pacto” de Olivos del último jueves para respaldar la negociación de Guzmán convalida el desfalco de la deuda odiosa, tomada contra los intereses del pueblo trabajador, en la era Macri: desde el bono a cien años que el exministro Luis Caputo, el “Messi” de las finanzas, emitió a favor de un fondo de inversión del que fue accionista; pasando por los bonos “delivery” que el mismo Caputo habilitó a pedido de los lobos de Wall Street, de esos pocos fondos de inversión a los que les sobraban dólares y obtenían tasas de interés exorbitantes (con las cuales se cubrían por anticipado de un potencial default) en nuestro país; hasta la estafa más grande de la historia que el FMI, con aval de Donald Trump, le hizo al país financiando la campaña de Mauricio Macri y ahora carga como hipoteca en las espaldas del pueblo trabajador.
No va a escampar
En la página web del Ministerio de Economía se publicó una muy interesante presentación gráfica (haciendo click aquí se puede acceder a su lectura) que explica la oferta de Guzmán a los acreedores. Allí se pregunta: ¿Qué se puede hacer con el potencial ahorro de la renegociación? La respuesta es que con los U$S 4.500 millones que el gobierno se ahorraría este año se pueden financiar: 386.663 respiradores de industria nacional; 3,2 veces el presupuesto asignado actualmente al Ministerio de Salud para todo el 2020; 1,7 veces el gasto mensual en el total de Jubilaciones y Pensiones; 93,4 millones de AUH (16,7 veces el gasto mensual en AUH); 57,9 millones de Tarjetas Alimentar (actualmente hay 1,1 millones); 29 millones de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE – 3,7 veces el total de beneficiarios anunciados).
Fuente: Ministerio de Economía.
La paradoja es que en lo que va del corriente año el oficialismo ya pagó más que eso: de hecho desembolsó una suma superior a los U$S 5.000 millones para honrar a los lobos de Wall Street. Es lo que pagó en dólares. No se detuvo allí: también realizó pagos en moneda nacional. Hoy sería un aliciente grande contar con esos recursos esenciales para atender la crisis sanitaria y social, pero ya están en las cuentas bancarias de los especuladores.
La miseria de las mayorías populares y el atraso estructural de la economía nacional no pueden explicarse sin considerar la deuda como lo que es: un mecanismo de dominación y saqueo de las potencias imperialistas. La idea de no pagar la deuda por tres años suena atractiva. ¿Y después qué? El anuncio tranquilizador sobre que finalmente el país resolvía su problema de deuda externa, como ahora pretende Guzmán, fue realizado varias veces en la historia bajo distintos formatos.
Con renegociación de deuda y el Plan Baker bajo el gobierno de Raúl Alfonsín se convalidó la deuda odiosa de la dictadura militar: el radical culminó su mandato con hiperinflación, una crisis social inaudita y, finalmente, tampoco pudo pagar la deuda. La historia se repitió con el Plan Brady durante el menemato cuando se pagó deuda con empresas públicas entregadas a “precios cuidados”: el origen de las privatizadas que hoy proveen servicios esenciales bajo el régimen del tarifazo. El blindaje de Fernando de la Rúa fue anunciado a finales de 2000 con el famoso “que lindo es dar buenas noticias”. Pocos meses después devino el megacanje y, finalmente, el default, no por una decisión soberana de romper con el capital financiero internacional, sino porque el Estado se quedó sin un centavo para seguir pagando la deuda. Cada reestructuración convalidó el fraude previo y estableció las premisas de la futura crisis de deuda.
Incluso el canje “soberano” de 2005, encabezado por Kirchner y Lavagna, anunciado con bombos y platillos como el que logró la mayor quita de la historia resultó en ganancias del 300 % para los acreedores. Ese porcentaje de ganancias lo reconoció Axel Kicillof cuando quiso negociar (sin éxito) ofreciéndole lo mismo al buitre Paul Singer en 2014. Incluso esta última reestructuración de deuda fue denunciada por el actual director del Banco Nación, Claudio Lozano, como una operación floja de papeles: así dejó constancia en su libro La deuda ilegítima. Es que, luego de tres años de default, ese canje buscó regularizar los pagos convalidando las operaciones fraudulentas del blindaje y el megacanje del gobierno de De la Rúa.
No obstante, hay una diferencia sustancial de la actual propuesta con aquella de 2005. En aquél entonces, supuestamente se mandó al FMI al basurero de la historia. Ahora Guzmán se enamoró de Kristalina Georgieva más de lo que Mauricio Macri imaginó que el pueblo argentino podría amar a Christine Lagarde, la anterior presidenta del FMI. Durante la Reunión Plenaria del Comité Monetario y Financiero Internacional del Fondo, en la que intervino por videoconferencia, el ministro brindó apoyo a Georgieva y celebró su liderazgo, como así también dio la “bienvenida a la iniciativa del FMI y Banco Mundial de condonar la deuda a los países más pobres”. ¿No sería más adecuando utilizar esa decisión de los organismos internacionales, un reconocimiento en los hechos de cómo hunden a todo país que tocan con su “varita mágica”, para hacer un planteo de desconocimiento soberano de la deuda argentina?
En un contexto en que el FMI pronostica una caída del 3 % de la economía mundial y de 5,7 % para la argentina para el corriente año, el desconocimiento soberano de la deuda, tal como lo plantea la izquierda, debe ser acompañado por un plan integral que afecte los intereses de los capitalistas con impuestos a las grandes fortunas, que comprenda la nacionalización de la banca y el comercio exterior, y una reorganización integral de la economía en función de las necesidades sociales. Cualquier otra salida es una utopía que reproducirá el atraso y la miseria de las mayorías.
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Pablo Anino
Nació en la provincia de Buenos Aires en 1974. Es Licenciado en Economía con Maestría en Historia Económica. Es docente en la UBA. Milita en el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS). Es columnista de economía en el programa de radio El Círculo Rojo y en La Izquierda Diario.