Cada 15 de Junio se conmemora el día mundial de Toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato en la vejez, fecha que nos convoca a reflexionar sobre el tema. Proponemos problematizar algunas de sus expresiones: el maltrato social en los establecimientos geriátricos.
Martes 15 de junio de 2021 10:02
El Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez se conmemora el 15 de junio de cada año, una fecha oficial de la ONU con el objetivo de concienciar y denunciar el maltrato, abuso y sufrimientos a los cuales son sometidos muchos ancianos y ancianas en distintas partes del mundo.
La violencia a personas mayores puede producirse en las familias, en las instituciones o en el espacio público. El maltrato estructural propicia sus múltiples manifestaciones y es allí donde radica el principal origen de esta problemática compleja.
El maltrato en geriátricos, un problema invisibilizado
El maltrato a residentes de Instituciones no es un tema nuevo. Se trata de un problema históricamente invisibilizado y multicausal que se puede presentar de manera directa, poco perceptible o encubierta.
Cada tanto vemos y escuchamos en los medios de comunicación noticias de gran impacto en la sociedad: el hallazgo de personas mayores maltratadas en geriátricos que derivan en su evacuación y clausura. Las imágenes y los relatos nos provocan una mezcla de horror, angustia y desazón. Se habla de comida y medicamentos vencidos, de sujeciones innecesarias, de condiciones edilicias precarias y falta de habilitación.
Pero ¿Qué otras formas de violencia circulan en las Instituciones? Siendo establecimientos creados para proteger ¿Pueden desproteger o descuidar? ¿En que medida impactan las violencias estructurales en el personal de atención directa?
En Argentina existen distintas modalidades de cuidado institucional a personas mayores: residencias públicas; de dependencia nacional, provincial o municipal, privadas y las creadas por organizaciones de la sociedad civil, es decir, religiosas, de colectividades o fundaciones. Cuando las familias ya no pueden o no quieren hacerse cargo de los cuidados, o cuando la persona mayor necesita atención más compleja, es posible acudir a este tipo de servicios, segmentados de acuerdo a las posibilidades económicas, y por lo tanto desiguales.
Si el Estado no garantiza los cuidados mediante políticas públicas, la atención de largo plazo queda sujeta a la capacidad individual de pago, aunque el acceso a servicios privados no garantiza que las prestaciones se enmarquen en el enfoque de derechos. En el escenario actual podemos observar una cadena de factores que facilitan las situaciones de maltrato institucional: cuidados mercantilizados, aranceles bajos, casas convertidas en pseudo geriátricos, sin habilitación, personal no capacitado a cargo de los cuidados, escasa formación en los equipos profesionales, falta de control estatal o controles ineficientes.
Como hemos mencionado, la violencia en las instituciones puede expresarse mediante formas sutiles y difíciles de identificar. La pandemia trajo grandes cambios en la vida cotidiana de las residencias: restricción de las visitas familiares, de las salidas, suspensión de talleres presenciales, reducción del personal por licencias prolongadas, medidas que se extendieron en el tiempo obturando las posibilidades de contacto físico directo con sus familias y afectando el bienestar emocional de sus residentes. Por otro lado, las trabajadoras de las instituciones, en su mayoría mujeres, con salarios insuficientes, sobrecarga de tareas y síntomas de estrés laboral también se hallan expuestas a violencias simbólicas.
Las instituciones de este tipo cargan con múltiples estigmas basados en estereotipos. El geriátrico se asocia al encierro, al aislamiento, al castigo y se culpabiliza a las familias que optan por este tipo de cuidado institucional. En muchas ocasiones, las residencias han brindado un lugar donde habitar a personas mayores que se encontraban en situación de calle, han posibilitado que vivan en compañía, que participen en espacios grupales, aseguraron la continuidad de la atención de su salud y también les brindaron protección frente a situaciones de maltrato familiar o abandono.
Resulta evidente que la oferta institucional presenta una amplísima diversidad en cuanto a su dinámica y organización que no siempre se vincula a las representaciones negativas dominantes. Si el objetivo de brindar apoyo y protección se entrecruza con otro tipo de intereses y finalidades, puede provocar un distanciamiento de los derechos de las personas que allí residen y en lugar de cuidar, descuidar.
La responsabilidad del Estado
A partir de lo expuesto, sostenemos varias premisas fundamentales al analizar esta problemática. En primer lugar, la responsabilidad del Estado como garante del derecho al cuidado de las personas mayores es ineludible. El apoyo a las familias, a las instituciones, la formación de cuidadores, la creación de centros de día o servicios de atención domiciliaria, no pueden quedar en manos exclusivas del mercado. si no ¿Qué pasa con los adultos mayores de las familias trabajadoras o sectores populares que necesitan este tipo de espacios y cuidados?.
En momentos de emergencia sanitaria, su presencia activa es aún más necesaria, para que pueda intervenir frente a las nuevas demandas emergentes, aminorando los impactos negativos de este fenómeno.
Las personas mayores tienen derecho a recibir asistencia a largo plazo, a un trato digno y respetuoso y es responsabilidad del Estado la adopción de medidas que apunten al desarrollo de un sistema integral de cuidados, basado en el respeto de su dignidad, independencia y autonomía. Así lo establece la legislación vigente a nivel nacional, aunque sus enunciados sean frecuentemente vulnerados.
