22 DE MARZO. Día Mundial del Agua: marcharán a Plaza de Mayo contra el avance del extractivismo

Como cada año, este 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, adoptado por la ONU el 22 de diciembre de 1992 a propuesta de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo que tuvo lugar en Río de Janeiro en junio de ese año. En Buenos Aires la Marcha Plurinacional del Agua para los Pueblos se dirigirá a partir de las 16 desde el Congreso a la Plaza de Mayo, donde se leerá un documento. Nora Cortiñas, que cumplirá 90 años ese día, ya confirmó su asistencia y difundió una convocatoria como parte del evento.

Entre los convocantes se encuentran “comunidades indígenas, asambleas socioambientales, pequeños productores, campesinado, ONG, organizaciones populares y personas conscientes de Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y otros países del mundo” que reclaman “protección real del agua para la vida y el buen vivir”.

Las actividades comenzarán el 20 de marzo en la Plaza de los Dos Congresos, donde habrá charlas, exposiciones y feria con productos agroecológicos.

¿Oro líquido o El agua vale más que el oro?

En 2019, la ONU definió al agua como un “oro líquido para todos”. La comparación con un metal precioso destinado a la especulación y al lujo resulta grosera: en nuestro país se hizo célebre una frase que señala precisamente que “el agua vale más que el oro”, precisamente porque no tiene precio, es vital y fundamental para la biodiversidad, nuestra propia subsistencia y su acceso debe ser garantizado.

Este año no será uno más: la nueva marcha culminará en Plaza de Mayo para denunciar, frente a la Casa Rosada, “la complicidad del Gobierno con el saqueo que permite el extractivismo planificado como política de Estado”, que sin dudas representa una continuidad con la anterior administración. Desde su asunción, el Gobierno del Frente de Todos ha venido haciendo gestos, otorgando beneficios y facilitando el avance de los sectores clave del modelo extractivista: la megaminería, el agromodelo y los hidrocarburos. Todos, a su manera, afectan el agua, un bien natural escaso en ciertas regiones del país, algunas de las cuales han declarado emergencia hídrica, como San Juan, Mendoza, el NOA y Río Negro.

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El intento más desembozado fue el impulso y el festejo presidencial prematuro de la “ley cianuro” en Mendoza, que habilitaba el uso en minería de las sustancias tóxicas fundamentales para megaproyectos a cielo abierto, como aquel de Barrick Gold en Veladero que causó el mayor derrame tóxico de la historia, con millones de litros de agua con cianuro en los ríos de San Juan. La resistencia popular de Mendoza pudo más y se defendió la ley 7722 (“guardiana del agua”).

En la convocatoria a la marcha, a la que adhieren organizaciones de izquierda, señalan “la urgencia por la escasez y contaminación del elemento vital, pero también por conciencia y memoria ancestral, en defensa del agua, que es la vida misma”.

Se proponen denunciar el “modelo colonial y patriarcal que desde hace 500 años saquea el vientre de los territorios que habitamos, en beneficio de intereses que no ven la vida con nuestra mirada, sino como mercancía que debe ser extraída y explotada para ventaja de un puñado de gente sin escrúpulos de afuera y de adentro”.

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Con dureza, el documento denuncia la complicidad de los Gobiernos nacional y provinciales con “el modelo extractivista, saqueador y contaminante”, que promueven abiertamente la existencia de zonas de sacrificio, es decir, aquellas zonas geográficas expuestas adrede a permanente daño ambiental, como por ejemplo las legalizadas en Santa Cruz para la explotación minera.

Reclamarán el cese de “desalojos, arrinconamiento y empobrecimiento de las comunidades originarias”, la criminalización de “la protesta social, ambiental y cultural”, además de rechazar el “fracking, los agrotóxicos, el agronegocio, generación de semillas transgénicas o manipulación de plantas y animales”, así como los desmontes e incendios intencionales para beneficio del negocio inmobiliario y “monocultivos que arrasan la biodiversidad de nuestros territorios y provocan inundaciones y salinización en los suelos”.

A su vez, se pronuncian por el fin de la “megaminería metalífera, radiactiva y evaporítica, rechazan el plan nuclear, represas, pasteras, curtiembres, salmoneras, basurales a cielo abierto, enterramiento de los residuos, incineración, contaminación cloacal y privatización de los espacios públicos y el agua” y denuncian que las universidades públicas están al servicio de intereses de empresas megamineras, petroleras y el agronegocio.

A diferencia de la concepción del “oro líquido” que sostenía la ONU, que remite a la idea de mercancía, las organizaciones que convocan a la marcha consideran que el agua debe entenderse “como un bien común, derecho público, gratuito, bajo soberanía popular, en forma indelegable, intransferible e imprescriptible y como una forma de vida a la que se debe respetar inequívocamente, como hacen las cosmovisiones armoniosas y ancestrales”.

Demandarán información acerca de los “inventarios de agua”, en especial de las reservas subterráneas, acuíferos, humedales y glaciares, que realizan organismos internacionales a espaldas de las comunidades.

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Frente a los intentos de sectores pro megaminería contaminante, como con la fundación del Instituto Argentino de Derecho para la Minería, llaman a defender la ley que protege “ambientes glaciares y periglaciares como reserva de agua para hoy y para las futuras generaciones”.

El documento también apunta a aquellas empresas responsables de delitos ambientales, como Barrick Gold, Monsanto/Bayer y Chevron, que se valen de complicidad de autoridades que les garantizan legislaciones favorables. Algunas de ellas se valen de “ejércitos parapoliciales instalados a lo largo y ancho de múltiples territorios”.

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En cuanto a la relación de los pueblos originarios con el agua, alertan sobre el incumplimiento del “Convenio 169 de la OIT y la ley 26160/06 de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas y sus prórrogas”, entre otras legislaciones, y exigen que se efectivice la propiedad comunitaria, incluyendo sus fuentes de agua. En Argentina, esto reviste especial gravedad, ya que en el NOA el acceso al agua potable está vedado para comunidades aborígenes, como las del Chaco salteño, o cuyas reservas, indispensables para su subsistencia y costumbres, están bajo amenaza, como en las Salinas Grandes y Guayatayoc en Jujuy, donde multinacionales realizan tareas de exploración para la minería de litio.

El agua en la crisis climática

Esta nueva marcha en el Día Mundial del Agua estará atravesada por la crisis climática y ecológica global, que se manifiesta cada vez más con fenómenos meteorológicos extremos. Uno de ellos, la sequía prolongada en ciertas regiones, anticipa en un futuro no muy distante conflictos ante la escasez del agua potable, la apropiación y privatización del agua, poblaciones en riesgo, hambre y desplazamientos masivos. La intromisión cada vez más pronunciada de tropas norteamericanas y de otros países imperialistas en el suelo latinoamericano se inscribe también en ese marco. Y así lo denuncian: “El empleo de fuerzas militares para dominar a los pueblos a nivel político, económico con su sistema neoliberal global y militar. Es urgente e imperativo el desmantelamiento de programas de desarrollo de geoingeniería y de armas nucleares, químicas, biológicas, bacteriológicas que están siendo probadas en países colonizados”.

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