Entrevista. Diálogos sobre el cupo laboral travesti trans

1) En junio de este año finalmente se logró la promulgación del cupo laboral travesti trans en el Senado argentino. ¿Cómo y por qué se llegó a esta conquista? ¿Qué cambios concretos implica en la vida para una persona trans?

Blas Radi: Todas las medidas compensatorias surgen en escenarios injustos de marcada desigualdad. Su objetivo es contrarrestar los efectos de la injusticia. Las iniciativas de cupo laboral se han presentado públicamente en estos términos, como medidas que se justifican sobre la base de distintos principios de justicia. Concretamente, se entiende que la discriminación hacia las personas trans* afecta sus posibilidades de acceso, permanencia y promoción laboral, y que eso resulta inaceptable en virtud de principios tales como la igualdad de oportunidades o la igualdad de trato.

En Argentina (y en todo el mundo) la discriminación debido a la identidad y la expresión de género impacta negativamente sobre las posibilidades y las condiciones laborales de las personas trans*. A veces, porque las excluye de las instituciones educativas y eso condiciona sus oportunidades futuras de inserción laboral. Otras, porque con independencia de su nivel de estudios, el hecho de ser trans* las descalifica como candidatas para cualquier trabajo, o las expone a las peores caras de la precarización. Las personas trans* empleadas suelen ocupar el último lugar del escalafón, están sometidas a la arbitrariedad de sus jefxs y compañerxs, trabajando igual o mayor cantidad de horas por un salario inferior, sin posibilidades de ascenso ni derechos laborales.

Es razonable que las comunidades trans* tengan grandes expectativas sobre cualquier iniciativa que busque intervenir en este escenario tan crudo. No sé qué cambios concretos traerá la ley en Argentina. Después de todo, las medidas compensatorias son más que una ley o un decreto. Son un conjunto coherente de políticas que deben funcionar en el mediano y largo plazo para remediar problemas estructurales, con lo cual su éxito o fracaso depende de que efectivamente se desarrollen políticas adecuadas de inserción laboral más allá de las palabras altisonantes de leyes y decretos.

Tom Máscolo: La exigencia por la implementación del cupo laboral trans lleva muchos años. Es un reclamo que estaba en las marchas por #NiUnaMenos, en los Encuentro de Mujeres y Disidencias y otros espacios frente a la vulnerabilidad a la cual somos sometides, gobierne quien gobierne. Este año con 55 votos afirmativos, 1 negativo y 6 abstenciones, la Cámara de Senadores aprobó a ley de "Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero ‘Diana Sacayán - Lohana Berkins’”. La ley establece que los tres Poderes, los organismos descentralizados, las empresas del Estado, las sociedades del Estado, entre otros, tienen la obligación de ocupar en puestos de trabajo a personas trans en una proporción no inferior al 1% de la totalidad del personal. La pandemia y la crisis económica aumentaron la desigualdad que atraviesan las personas LGTBIQ+ debido a la falta de acceso a un trabajo formal, a la salud, la educación y una vivienda.

El caso de Tehuel, el joven trans precarizado que desapareció yendo a trabajar, es una muestra de esa realidad estructural. Una realidad que sucede en distintas jurisdicciones del país, una realidad que dista mucho de las leyes que supimos conseguir en las calles. Creo que si bien ya conquistamos determinada visibilidad, los problemas estructurales como la salud, la vivienda y la educación siguen siendo prioridad, por eso es necesario romper los lazos con el FMI (que profundizó Macri y mantiene el gobierno de Alberto Fernandéz) para que toda esa plata se invierta en hospitales, casas y escuelas.

2) En ese sentido ¿Qué peleas tiene por delante el movimiento LGBTQ+ en el país?

BR: Más que una pelea, creo que hay un desafío importante que consiste, primero, en revisar las expectativas que se depositan sobre las transformaciones legislativas. Y segundo, en prestar debida atención a aspectos relevantes que la apuesta legislativa deja de lado.

Sobre el primer punto, creo que es necesario analizar estratégicamente el peso que se pone en la promoción de nuevos derechos y seguir más de cerca el trabajo que hacen las instituciones y sus funcionarixs con esos derechos. Al fin y al cabo, son titulares de las obligaciones correlativas.

Pongamos un ejemplo. La ley de Identidad de Género incluye un artículo de acceso a la salud que se reglamentó tres años después de la sanción de la ley y sin presupuesto. Su aplicación siempre fue irregular y deficiente. Y los problemas que las personas tienen con los distintos sistemas de salud del país han tendido a tramitarse de manera individual. Si hubo protestas colectivas, fue en un momento muy preciso y luego se disolvieron sin que hayan desaparecido los problemas que les dieron origen.

Podemos afinar la mirada un poco más. El decreto reglamentario del artículo de salud de la ley de identidad de género, incluye las intervenciones de afirmación de género en el Plan Médico Obligatorio. Ahora bien, en la página oficial del gobierno [1] puede encontrarse un cuestionario dirigido a profesionales de la salud (a juzgar por la bibliografía, se trataría del Concurso unificado 2020 para residencias) que incluye las “respuestas correctas” a las preguntas formuladas. Allí puede leerse lo siguiente:

52) Pregunta: Jorge, un hombre trans, concurre a su consultorio y cuenta que desea que lo deriven a un servicio público que le realice una mastectomía con masculinización de tórax como parte del desarrollo de su identidad de género. De acuerdo con la ley de Identidad de Género número 26.743 vigente, ¿Qué información es adecuada para brindarle?
Respuesta: La cirugía que está pidiendo es una cirugía estética, por eso el sistema público de salud no la garantiza. [2]

¿Qué significa esto? Una posibilidad es que estén dando una respuesta incorrecta, porque la Ley de Identidad de Género y su decreto reglamentario incluyen esta intervención en el Plan Médico Obligatorio (PMO). Esto resulta particularmente preocupante si el cuestionario es parte de la formación de profesionales de la salud. Al fin y al cabo, estarían formando profesionales para negar derechos de los que las personas deberían gozar. Otra alternativa es que el gobierno haya decidido de una manera poco transparente que las condiciones de la Ley de Identidad y/o del PMO cambiaron, con lo cual esta intervención ya no está cubierta por la salud pública.

En fin, no necesitábamos esto para entender que la sanción de una ley no garantiza su cumplimiento. Sin embargo, seguimos apostando a la sanción de leyes y, en muchos casos, haciendo de cuenta que con eso ya podemos dar por resueltos los problemas que hicieron que impulsemos esas leyes en primer lugar. Eso estaría muy bien si el problema que originó las leyes fuera la mera ausencia de ellas. Pero si eso no es así, si el motor de la apuesta legislativa son problemas sociales como (en el caso del ejemplo) la falta de acceso a la salud, la ley por sí sola no resuelve nada. Los problemas se resuelven cuando de hecho las personas acceden a la salud.

TM: El miércoles se sancionó el decreto de DNI para personas No Binaries. En el acto de entrega de DNI y otros ámbitos, manifestaron su disconformidad con el decreto presidencial. Desde la agrupación #TodesConDNI explican que "el Estado Argentino debe emitir documentos que se ajusten a la identidad de género de cada persona". La crítica la fundamentan en que una X no representa la identidad autopercibida de las personas que no se identifican con F (femenino) o M (masculino), simplemente es una letra más. Creo que hasta ahora hemos conquistado mucha visibilidad, pero seguimos peleando con las mismas instituciones de siempre. La Policía, que apresa travestis que se prostituyen o las desaloja violentamente, la Iglesia que cada tanto sigue diciendo barbaridades sobre nosotros como que "somos bombas nucleares" y el Estado que es responsable de nuestra realidad material. La Ley de Identidad de Género por ejemplo, es a nivel mundial muy reivindicada, en su articulado el derecho a la salud integral está explícito, sin embargo cuesta mucho que se cumpla, como contaba Blas, sumado a que estamos atravesando una pandemia.

El Programa Médico Obligatorio es una especie de canasta básica de medicamentos, prestaciones e insumos que deben ser garantizados al 100% por los tres subsistemas de salud: el sistema público, la medicina prepaga y las obras sociales. Con respecto a las hormonas y cirugías de modificación corporal, están previstas en el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género (Nº 26.743) donde se establece que dichos tratamientos para adecuar el cuerpo a la vivencia personal correspondiente a la identidad de género, deben ser garantizados sin requerir autorización judicial ni otros obstáculos. El ajuste en la salud afecta principalmente a la clase trabajadora y los sectores más vulnerados. Es necesario implementar medidas de emergencia y de fondo contra la precarización laboral como una IFE de 40 mil pesos, por ejemplo. Se impone implementar medidas de emergencia y salidas de fondo ante la precariedad con que se sostiene el sistema de salud y el Estado de conjunto desde los ’90 a esta parte y que han mantenido todos los gobiernos de turno.

3) En Argentina existen otras leyes de cupo que no son respetadas, ¿podría ser que el cupo laboral trans nunca se aplique, o nunca se aplique del todo?

BR: Sí. Esa es una posibilidad. Pero supongamos que se aplica al pie de la letra, ¿eso significa que los derechos laborales de las personas trans* son garantizados? No estoy seguro. Esto me lleva al segundo punto que mencioné antes. El foco exclusivo en la ley lleva a perder de vista otras dimensiones importantes del cambio social. En el caso del cupo laboral, la más evidente son las condiciones laborales. En un contexto de crisis económica y de precarización creciente no se han dado discusiones respecto de las condiciones de contratación, por ejemplo, o los salarios. Eso significa que podría ser el caso de que el cupo laboral se respete muy prolijamente extendiendo a las personas trans contratos basura por salarios de pobreza en puestos muy por debajo de sus calificaciones.

TM: Ojalá se cumpla pero es difícil. Según un documento del Ministerio de Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual bonaerense, hasta mayo ingresaron 176 personas trans en la administración pública y municipios de la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, mientras que el cupo mínimo debería alcanzar al menos 1790 personas. A casi un año de la conformación de esa comisión, un documento del Ministerio de Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual bonaerense afirma que: “Hasta el mes de mayo 2021, 176 personas travestis y trans ingresaron a trabajar en la administración pública y en los municipios que adhirieron a la ley provincial de cupo laboral travesti-trans con el acompañamiento de nuestro Ministerio”.

¿Cuán cerca está esa cantidad del porcentaje mínimo del cupo para el sector público de la provincia?. Mi amigo periodista Pablo Herón dijo en esta nota, que; "según el presupuesto 2021 de la provincia, si se excluye a las fuerzas represivas y al sector educativo donde la gran mayoría de cargos son docentes, hay 178.982 trabajadores ocupando cargos entre permanentes y temporarios entre la administración central y organismos descentralizados. Un 1% equivaldría a 1790 personas, los 176 ingresos hasta el momento no llegan ni a una décima parte de ese número".

4) ¿Cómo se reflejan estas situaciones en los contenidos académicos de las universidades y qué debates hay al respecto? ¿Se destina presupuesto educativo para promover una perspectiva inclusiva en materia de género y diversidad? Con respecto a quienes son estudiantes, ¿Hay personas trans y travestis cursando actualmente en la Universidad?

BR: En este momento se está discutiendo la implementación del cupo laboral en la Facultad de Filosofía y Letras. El punto crítico es el presupuesto. La Cátedra Libre de Estudios Trans* junto con la gremial docente AGD-UBA, y otrxs docentes y estudiantes trans* que no forman parte de la Cátedra, elaboraron un proyecto de inserción laboral que fue presentado por Brenda Hamilton (consejera por la minoría estudiantil de En Clave Roja (FITu)) y que se ha promocionado con la consigna “sin presupuesto no hay cupo”. La elección de la consigna no es arbitraria, se han multiplicado las iniciativas de cupo que no tienen presupuesto asignado y, por lo tanto, no están en condiciones de alcanzar los objetivos que las fundamentan. El presupuesto se necesita, entre otras cosas, para asignar salarios a lxs docentes trans* que trabajan ad honorem en la Facultad. Hay muchxs docentes ad honorem en la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Filosofía y Letras no es la excepción. Y entre ellxs hay docentes trans*.

¿Qué mejor momento que la implementación de medidas de cupo para pagarles por el trabajo que ya están haciendo? ¿Qué mejor contexto que este, en el que las iniciativas “con perspectiva de género” no dejan de multiplicarse y lxs activistas son funcionarixs?

No parece ser el momento más oportuno. De hecho, con frecuencia las instituciones públicas producen cursos, videos, conferencias sobre género, violencia de género, injusticia de género… e invitan a personas trans (a mujeres cis también) a participar -cumpliendo tareas de investigación, docencia, asesoramiento y/o consultoría- y no les pagan. Es más, a veces las personas que promueven estas iniciativas, y se vanaglorian de ellas, son las mismas que encuentran significativas las reflexiones respecto del amor y el trabajo no remunerado. “Eso que llaman amor es trabajo no pago” dijo Silvia Federici haciendo alusión al trabajo “doméstico”. ¿Cómo se llama esto cuando el trabajo no remunerado es para el Estado y se desarrolla en nombre de la justicia de género? Lo llaman “activismo” y lo romantizan con el motivo del compromiso, el trabajo a pulmón y la resistencia. Bueno, eso que llaman “activismo” es explotación.

TM: Yo tuve que dejar mi carrera de periodismo y la de filosofía para laburar, los horarios son super elitistas, la misma realidad de muchos jóvenes. Fui gastronomico mucho tiempo, trabajé en call center y tenía que hacer malabares para estudiar. Hoy por hoy incluso sigue habiendo muchas trabas, por ejemplo la de la conectividad donde muchos pibes no tienen una PC o internet para seguir con la cursada. La educación superior es cada vez más expulsiva de los sectores precarizados en general, donde por ejemplo las últimas cifras de la UBA muestran que 1 de cada 3 estudiantes abandona la carrera por falta de recursos, falta de becas, etc.

5) Este año se realizan elecciones legislativas en todo el país. El Frente de Izquierda Unidad lleva en su plataforma la efectiva implementación del cupo laboral trans, el acceso a medicamentos para el VIH y las hormonas, además de proponer que se destine presupuesto vía el no pago de la deuda externa para garantizar el acceso a salud, vivienda y trabajo. ¿Cómo ves esas propuestas? ¿Cuáles son los desafíos que tiene la izquierda en este contexto?

BR:Creo que son propuestas importantes porque ponen en el centro de la escena las correspondientes obligaciones de los derechos y en particular aquellas que implican recursos. Obligaciones y derechos son dos caras de la misma moneda: sin recursos ninguna tiene sentido. Creo que un desafío para la izquierda es hacer comprensible este problema para desmontar el falso dilema característico de estos tiempos: “es mejor esto que nada”. No solamente nuestras opciones no se reducen a dos, sino que con frecuencia las declaraciones de derechos vacías son peores que nada. Y son peores que nada porque ponen límites a nuestra imaginación política, porque desactivan la protesta y porque privatizan las injusticias, que, en el entendimiento colectivo, no aparecen como tales sino como desventuras individuales de sujetos que contando con un contexto supuestamente propicio, no tuvieron suerte o no hicieron (todo) lo que deberían haber hecho para garantizar su propio bienestar.

TM: Mis compañerxs me eligieron para ser precandidato en las listas del PTS en el Frente de Izquierda Unidad en la lista de CABA que encabezan Myriam Bregman y Alejandrina Barry. Queremos pelear ser una tercera fuerza a nivel nacional contra el ajuste de los Gobiernos. En ese sentido, la campaña electoral ya está en marcha y con ella las multiplicación de actos que intentarán magnificar los programas y planes con perspectiva de género que por el momento se han mostrado impotentes ante la realidad que viven la mayoría de personas LGTBI en nuestro país. Después de 11 años de movilización contra la discriminación se conquistaba la Ley de Matrimonio Igualitario, siendo Argentina el primer país de América Latina y el octavo en el mundo en conquistar este derecho. Hoy estamos buscando a Tehuel de la Torre desde el 11 de abril y seguimos luchando ante cada acto de homofobia y discriminación, y por la separación de la iglesia del estado. Hace pocos días un guardia de seguridad del supermercado Día y un cliente golpearon a un joven por ser gay. Denuncian que la policía no quiso tomar la denuncia y que no es la primera vez que les sucede. ¿Por qué siguen existiendo actos de odio a pesar de las leyes conquistadas en el país?

En el 2019 el presupuesto en dólares de la Dirección de Sida, hepatitis, tuberculosis e ETS fue de 120 millones. Tras el cual renunció el titular del área, Sergio Maulen y desde ese momento. Hoy la directora de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis, es Cecilia Santamaría alineada con el Frente de Todos. ¿Cómo fue el ajuste en salud? Entre el presupuesto ejecutado de 2020 ($ 335 215 millones) y el presupuesto vigente en salud para 2021 incluyendo la reasignación de partidas ($ 415 931 millones), existe un aumento nominal del 24%. Pero aún si contemplamos un escenario inflacionario ficticio del 29%, como dibujó Guzmán en el Presupuesto 2021, el resultado arroja una caída de 4% en términos reales. Al tomar una estimación inflacionaria más acorde a las mediciones de los primeros meses, alrededor del 40 %, el ajuste en el presupuesto de salud es de 11,8 %.

Por año se producen un promedio de 4.800 nuevos casos, diagnosticándose 2,3 varones con VIH por cada mujer con el virus. En cuanto a la oportunidad del diagnóstico, el 30,2% se realiza en una etapa avanzada de la infección: en el 26% de las mujeres y en el 32,1% de los varones. Mientras, los laboratorios que comercializan los antirretrovirales la siguen levantando en pala desde hace décadas. Como dije al comienzo y no está de más repetirlo: La pelea por acceso a la salud, educación y vivienda para todxs sigue siendo nuestra prioridad frente al ajuste del Gobierno de Alberto Ferndéz y el Frente de Todos, que en vez de pensar en nuestras prioridades piensa en las del FMI y las grandes corporaciones.