El juicio por la denominada “Noche del Apagón” que debía iniciar el 6/10 fue postergado hasta marzo por un pedido de la defensa de los genocidas que solicita acumular más causas.
Lunes 10 de octubre de 2016
El pasado 6/10 estaba anunciado el inicio del juicio por la “Noche del Apagón” en alusión a los sucesos ocurridos en julio de 1976 en las localidades de Libertador General San Martín, Calilegua y El Talar, cuando se produjeron cortes del suministro eléctrico, y en un operativo conjunto del Ejército, la Gendarmería y la Policía Provincial se detuvieron a más de 400 personas de las cuales 33 de ellas aún continúan desaparecidas.
El dueño del Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, y el ex administrador Alberto Lemos, fueron denunciados por complicidad al haber aportado los camiones del ingenio para transportar a los detenidos junto con armar listas negras de los obreros azucareros.
Sin embargo, por decisión de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, Blaquier y Lemos, recibieron la “falta de mérito” y quedaron apartados de la causa. La fiscalía y la querella apelaron a la Corte Suprema de la Nación que aún no se expidió sobre el tema.
La postergación de este esperado juicio por los familiares y víctimas de la última dictadura militar, fue a partir de la decisión del Tribunal Oral Federal (TOF) que diera lugar al pedido de la defensa de los genocidas, que solicitó unificar varias causas. De esta manera el juicio la nueva fecha de inicio del juicio sería el 6 de marzo próximo según informó el Centro de Información Judicial (CIJ).
Se conformaría una “megacausa” con el juicio de “la noche del apagón” –causa Burgos, Arédez y Bernard- que tiene a 11 imputados y a 17 víctimas, junto con otras causas; como es el caso del represor Juan Carlos Jones Tamayo, detenido en octubre de 2014 después de permanecer tres años prófugo y acusado por secuestros, torturas y desapariciones cometidas en Salta y Jujuy. Tamayo fue parte del aparato de inteligencia del Batallón 601 con responsabilidad de jefe en el área de Salta y Jujuy, un organismo que comenzó a operar en 1975 como parte del Operativo Independencia que tuvo eje en el ataque a los sindicatos azucareros del norte del país.
También se juntarían causas aún sin juzgar por crímenes de los que fueron víctimas trabajadores de Mina Aguilar, recordemos que el 3 de mayo de 2013, se dictó sentencia sobre los represores con cadena perpetua para los tenientes Mariano Braga y José Bulgheroni, y 25 años de prisión para Antonio Vargas, ex interventor del Servicio Penitenciario Federal (“Villa Gorriti”).
A partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, fueron detenidos 9 obreros mineros por el Ejército y la Gendarmería, luego trasladados en camiones de la compañía minera St. Joseph Lead Co. Por este motivo, están imputados el Jefe de Personal de la mina, Eduardo López, y otro directivo, Luis Arzuaga. El único que permanece desaparecido es el dirigente minero y luego Ministro de Trabajo de Jujuy (1973) Avelino Bazán que fue detenido por última vez en 1978.
También se incorporaría a esta mega causa un expediente por delitos cometidos contra la ex presa política Soledad López y otro, en instrucción, por abuso sexual contra víctimas del terrorismo de estado durante la última dictadura.
Igual “modus operandi”
Los detenidos en la mina y en la zona del ingenio fueron conducidos al Regimiento de Infantería de Montaña Nro. 20 (RIM 20) y al Penal de “Gorriti”. En ese momento el jefe del “RIM 20” era el Coronel Guillermo Siri, quien no se encuentra imputado, sino que fue nombrado en la actualidad Jefe de Seguridad del gobierno de Gerardo Morales.
El modus operandi de la represión se puede ver fue el mismo, un accionar común entre el Ejército, la Gendarmería (que aún cuenta con destacamentos cercanos a la Mina y dentro del predio del Ingenio Ledesma) y la Policía Provincial, y también, con la participación de los directivos de las empresas como Ingenio Ledesma y Minera Aguilar, aportando logística, camiones y listas negras. Relatos de los sobrevivientes dan muestra de cómo se encontraban obreros azucareros y mineros en el mismo penal recibiendo las torturas y vejámenes del régimen represor.
Pese al accionar común de los represores de Estado como parte de un genocidio de la clase empresarial contra los trabajadores, la estrategia de la defensa de acumular todas las causas es una apuesta a dilatar efectivamente el juicio que golpea de lleno en el corazón del poder impune de la provincia, el de la emblemática familia Blaquier.
Por el funcionamiento de los juicios con una audiencia semanal y en donde la defensa de los genocidas emplean chicanas cotidianas para dilatar las audiencias, como sucedió la semana pasada con el juicio “Almas Rojas” por el cual fueron secuestrados estudiantes ligados al Partido Comunista y 9 de ellos continúan desaparecidos, el día (6/10) de la audiencia el represor José Bulgheroni dio parte de enfermo y de esa manera se postergó la audiencia. En el mismo juicio la audiencia anterior también había sido postergada por problemas con la conexión de internet para tomar declaración a los represores.
De conformarse esta mega causa tendría más de 20 imputados y 300 testigos, lo cual, en manos del funcionamiento de la Justicia, va a habilitar a que la defensa se tome de impedimentos formales o armados, como ha hecho hasta ahora, para dilatar lo más posible los juicios.
