Polémica con PO. Orgullosos de nuestra tradición en defensa de los luchadores piqueteros, obreros y populares

No es propósito de esta nota abordar todas sus imputaciones que ya han sido expuestas aquí; nos centraremos en el insólito ataque a nuestra tradición en el campo de defensa de las libertades democráticas, de los perseguidos y castigados por luchar. Ataque que se personaliza en nuestros referentes públicos como Nicolás Del Caño, Alejandro Vilca, pero especialmente en nuestra compañera diputada nacional Myriam Bregman, precandidata a presidenta por nuestro partido, el PTS/Frente de Izquierda, cofundadora del CeProDH, de amplia, activa y reconocida trayectoria en el ámbito de los derechos humanos.

Señala el PO: “…la ausencia de los diputados del PTS electos del Frente de Izquierda Unidad ya no (y como es una triste tradición para el PTS) del apoyo a la lucha piquetera sino además de las luchas contra la criminalización de la protesta cuando las mismas afectan a dirigentes piqueteros y particularmente del Polo Obrero”.

Y retoma en una nueva “carta” esta semana, donde entre otras provocaciones dice: “Después de veintitrés años el PTS no puede comprender la naturaleza del movimiento nacido en Cutral Co, en Tartagal y Mosconi, su protagonismo en el Argentinazo, ni el rol del Puente Pueyrredón que, crimen de Kosteki y Santillán de por medio, puso en fuga al gobierno de Duhalde abortando su gigantesca operación represiva.”

Entonces, cuadra recordar cuál es la tradición histórica del PTS con respecto de las luchas piqueteras y fundamentalmente de la protesta social. Haremos sólo un somero repaso, ya que la totalidad de nuestras intervenciones sería inabordable en una nota, y veamos entonces si tal tradición es “triste” (en el sentido de deplorable, no puede haber otro), como dice PO, o de defensa consecuente de los compañeros piqueteros, para separar así la “paja de trigo”, es decir, la calumnia autocomplaciente de la verdad.

PTS junto al CeProDH: 26 años en apoyo de la lucha piquetera y en defensa de los presos por luchar

Como antecedente a la fundación de nuestro organismo, el CEPRODH, el 22 de agosto de 1997, hay que señalar haber promovido una gran campaña nacional y unitaria en 1995 por la libertad del dirigente de la Coordinadora de Desocupados de Neuquén, Horacio Panario, más de un año preso junto a Alcides Christiansen.

No por casualidad el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH) nace en 1997, cuando los efectos del neoliberalismo de Menem y Cavallo, profundizan los estragos en la clase trabajadora, con el flagelo de la desocupación. Los fogoneros en Neuquén, con epicentro en Cutral Co y Plaza Huincul, más trabajadores que han sido despedidos comienzan a organizarse y luchar. El piquete en las rutas como protesta, y en algunos casos para exigir a grandes empresas puestos de trabajo (como en Salta), practican los métodos de la clase obrera internacional, en la calle donde fueron arrojados por el sistema económico, cortando rutas. Su lucha fue y es absolutamente legítima, aunque el Estado eche mano a la represión y criminalización.

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En 1997, nuestra compañera -actualmente legisladora porteña- Alejandrina Barry, como integrante de la agrupación HIJOS, se hizo presente junto a Hebe de Bonafini y las Madres, para participar de una enorme caravana de solidaridad con la lucha de estudiantes, docentes y el conjunto del pueblo durante el segundo Cutralcazo, que se organizaban en la Asamblea Popular y sufrían la durísima represión de Gendarmería y el gobierno provincial. Más adelante, también estuvo en General Mosconi en apoyo a desocupados y despedidos de YPF.

En marzo de 2000, por reclamar lo elemental, comida y ayuda social, fue detenido y llevado a juicio el dirigente vecinal marplatense y del Movimiento de Trabajadores Desocupados Teresa Rodríguez, Emilio Alí. Un caso de los más emblemáticos, tratándose de un joven de una barriada muy humilde. El PTS y el CeProDH promovimos la más amplia unidad de acción por su libertad y acompañamiento en su situación, con campañas en todos los ámbitos, fuimos con Myriam a visitarlo a las cárceles de Batán y Gorina. El PTS y el CeProDH participamos de una delegación que durante el juicio, en abril de 2001, viajó a Mar del Plata para exigir su liberación.

Bajo la gobernación del menemista Juan Carlos Romero y la presidencia de De La Rúa, la combativa UTD (Unión de Trabajadores Desocupados) de Gral. Mosconi, Salta, accionaba en las rutas por trabajo genuino contra las transnacionales del petróleo. Muchos de sus integrantes eran ex técnicos de la privatizada YPF. Luego de un reclamo de 45 días en la ruta Nacional 34, que incluyó el aumento de valor de las horas que pagaban las petroleras, el ex juez federal Abel Cornejo ordenó el desalojo de los piquetes. El 17 de julio de 2001, el operativo desembocó en una brutal represión por parte de Gendarmería Nacional contra los manifestantes y la población. Fueron asesinados los jóvenes Carlos Santillán, Oscar Barrios y más tarde murió Iván Dorado por las heridas recibidas. El año anterior había sido asesinado Aníbal Verón. También se contaron numerosos heridos y decenas de detenidos. En ese momento viajamos junto a una comisión de personalidades que incluía, entre otros, a Adolfo Pérez Esquivel, el pastor José De Luca (MEDH), Graciela Rosenblum (Liga Argentina por los Derechos del Hombre). Personalmente recuerdo la visita al penal de Las Rosas que hicimos junto a José Montes, histórico dirigente del Astillero Río Santiago y del PTS, a tres militantes del Partido Obrero que participaron de la manifestación. Junto a la abogada de la UTD, la compañera Mara Puntano, colaboramos desde el CeProDH en el lugar, en la defensa de todos los presos, junto a Liliana Mazea -en ese momento de la Liga por los Derechos del Hombre, hoy junto al CeProDH- hasta lograr la libertad de los detenidos.

También en Mosconi se hizo presente Alejandrina Barry en solidaridad con su pueblo contra la persecución del estado provincial, en especial contra José Pepino Fernández, dirigente de la UTD.

2001 en adelante, siempre junto a los que luchan

El 3 de agosto de 2001 el Movimiento Teresa Rodriguez (MTR) de Florencio Varela, permaneció en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires en La Plata durante 6 horas, reclamando puestos de trabajo genuino en el marco de la quita de 200 planes de empleo. Luego de una conversación entre el ministro Aníbal Fernández y el dirigente del MTR Roberto Martino, los compañeros piqueteros salieron del edificio. Cuando se retiraban, fueron atacados por un espectacular operativo de la bonaerense, que reprimió también a mujeres y niños, llevando a cabo una verdadera cacería por toda la ciudad. Se detuvo a Martino y otros 56 integrantes del MTR. La Correpi, el CeProDH y la LADH presentamos un habeas corpus colectivo, lográndose la libertad de los compañeros el 29 de agosto, luego que la justicia provincial se negó a resolver, mandando las actuaciones a la justicia federal por “coacción agravada”, desechándose esa imputación con la cual se intentaba condicionar todo reclamo a las autoridades.

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Raúl Castells, coordinador del Movimiento de Jubilados y Desocupados (MIJD), fue acusado de extorsión por un pedido de comida al hipermercado Wal Mart de Avellaneda en 1999, y luego por coacción agravada y usurpación de propiedad, por la toma de la Municipalidad de Lomas de Zamora en 2001, donde se exigía el cumplimiento de entrega de bolsones de alimentos. Durante años el PTS acompañó al entonces luchador piquetero, movilizándonos y organizando a jóvenes y trabajadores por su libertad. Las y los abogados del CeProDH asumimos su defensa jurídico-política en el juicio por la toma de la municipalidad. Luego de años de lucha en las calles y los tribunales, y una gran campaña que incluyó la recolección de 100.000 firmas, Castells fue absuelto y liberado en octubre de 2002.

Nos encontró también en las asambleas piqueteras de La Matanza, sus actos en Plaza de Mayo donde tomábamos la palabra los trabajadores de la ocupada Zanón y el CeProDH, no seguramente por nuestra “triste” labor.

Aclaremos que paralelamente, codo a codo con los trabajadores de la ex Zanon, no solo fuimos parte de su defensa ante los intentos de desalojo de la gestión obrera, ocupada y puesta a producir en 2001, sino parte de su representación hasta el día de hoy. Promovimos junto a los obreros la unidad de ocupados y desocupados con la Coordinadora del Alto Valle y con una experiencia maravillosa de abrir las puertas de la fábrica para que ingresen compañeros de las organizaciones sociales y piqueteras a trabajar.

También en la misma época actuamos junto a las obreras de la textil Brukman ocupada en diciembre de 2001. Participamos de las causas penales y comerciales pero ante todo, le pusimos el cuerpo a los tres desalojos que sufrieron, el último con gran despliegue represivo pocas veces visto en la ciudad, donde Myriam y nuestras abogadas estaban en la primera línea.

Al 26 de junio de 2002, el 51,4 % de la población (unas 18.2 millones de personas) se encontraban por debajo de la línea de pobreza. Se movilizaron organizaciones sociales, políticas y de desocupados por aumento general de salarios, duplicación del monto de subsidios a los desocupados, más alimentos para los comedores populares y solidaridad con la fábrica ceramista Zanon que corría riesgo de ser desalojada.

Ocurrió lo que se conocería como la Masacre de Avellaneda. Cuando la columna de manifestantes llegó al Puente Pueyrredón, un fuerte operativo conjunto de las fuerzas represivas (Policía Federal, Bonaerense, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval) ordenado por Duhalde y Aníbal Fernández y el gobernador Felipe Solá, se montó para impedir el acceso a CABA. Se desalojó violentamente a lxs compañerxs, la represión fue brutal, y fueron asesinados Maxi Kosteki y Darío Santillán, de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados (CTD Anibal Verón). A Darío, particularmente, lo conocíamos de decenas de manifestaciones y actividades de la zona sur del Gran Buenos Aires.

El CeProDH junto a la Correpi (organismo del cual también fui cofundador) y otros organismos antirrepresivos, estuvimos alertas ante las detenciones que pudieran darse y nos tocó acompañar a los dos compañeros hasta su última morada junto a sus familias.

Por supuesto que el PTS fue parte de aquella movilización, con una columna proveniente fundamentalmente de la zona sur del Gran Buenos Aires, cuna de numerosas agrupaciones barriales de desocupados. Estuvimos en la puerta del Hospital Fiorito (donde fuimos reprimidos con Myriam y otras abogadas) cuando el jefe del operativo Fanchiotti nos explicaba cínicamente que los piqueteros se mataron entre ellos, y en la comisaría 4ta. exigiendo la libertad de los detenidos.

En 2004 fuimos parte de la defensa y de la lucha de los trabajadores de limpieza del Ferrocarril Roca despedidos, tercerizados por la firma fantasma “Catering World”, apoyados también por organizaciones piqueteras como el MTR Cuba, quienes con contundentes medidas de corte de vías, lograron su reincorporación y efectivización. Quien escribe fue procesado junto a trabajadores y activistas por apoyar la lucha de los trabajadores. La patota de la Unión Ferroviaria que nos amenazó en esa oportunidad, fue la misma que asesinó años después a Mariano Ferreyra.

Ese mismo año, viajamos a Caleta Olivia a visitar a los trabajadores presos por luchar por condiciones de trabajo, que tomaron la planta de la petrolera Termap. Fuimos, claro está, parte activa de la campaña nacional por su liberación.

El 4 de noviembre de 2005 la "Convocatoria Antiimperialista No a Bush en la Argentina”, integrada por Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, la LADH, otros organismos de derechos humanos, partidos de izquierda y organizaciones piqueteras, se movilizaron contra la presencia de George Bush en la Argentina en la Cumbre de las Américas de Mar Del Plata. La represión fue durísima y hubo siete detenidos. Entre los imputados hubo también integrantes del Movimiento Teresa Rodríguez-Coordinadora de Unidad Barrial (MTR-Cuba). Desde el CeProDH realizamos presentaciones ante el juez Ballesteros junto a Carmen Verdú de la Correpi y Liliana Mazea de la Liga, y logramos su libertad.

En 2006, los trabajadores petroleros de Las Heras (Santa Cruz), junto a su población se rebelaron contra la multinacional que los explotaba. Hubo presos y testigos torturados por la policía. En 2013 la Justicia santacruceña condenó a ocho trabajadores, tres de ellos a prisión perpetua. Se trató de Ramón Cortez, José Rosales y Hugo González condenados por la muerte del policía Sayago, en un proceso avalado públicamente por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que estuvo "plagado de irregularidades" y en el que se demostró su inocencia. Integramos e impulsamos el Comité por la Absolución de los Petroleros de Las Heras, junto a personalidades y organismos de derechos humanos, teniendo en cuenta nuevas detenciones en 2014. Fuimos parte de una delegación de organismos de derechos humanos, organizaciones obreras, comisiones internas, sindicatos combativos y partidos de izquierda que estuvieron presentes durante el juicio llevando el reclamo de absolución a los compañeros.

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Más adelante, fuimos parte de la gran campaña por la libertad de Roberto Martino, integrando e impulsando el Comité por su libertad, con charlas, acciones, actividades culturales y visitándolo en la cárcel.

En 2010 se encontraba preso en el penal de Marcos Paz, por haber participado en un acto de repudio al accionar terrorista del estado de Israel en Palestina. Martino era dirigente del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) y del FAR (Frente de Acción Revolucionaria) y organizador de uno de los primeros grupos piqueteros de la zona sur GBA.

El 25 de enero de 2011, hubo una protesta que reclamó sobre las vías el demorado ingreso a planta de trabajadores ferroviarios tercerizados. La denuncia contra los trabajadores fue efectuada por la empresa UGOFE y el subsecretario de Transporte, Antonio Luna. Se los acusó de “atentado ferroviario” y desde el CeProDH junto a CORREPI asumimos las defensas de los compañeros. El juez federal de Quilmes, tuvo que sobreseer a los nueve compañeros ferroviarios acusados

Fuimos impulsores y también estuvimos presentes durante el juicio en Río Gallegos (Santa Cruz) contra los trabajadores de ATE acusados sin pruebas y bajo tortura, de un incendio en un edificio público, en el marco de una protesta.

Por si faltaran ejemplos en nuestra tradición…

Está claro que se trata de un escueto resúmen de las innumerables causas y luchas de las que fuimos parte en la calle, los tribunales y en la organización democrática para la defensa de quienes son perseguidos por el estado y su poder judicial.

Agregamos, solo a modo de ejemplos, algunos ámbitos en los que participamos:.

Organizamos desde el CeproDH la visita en Ezeiza a los presos del MTR y de CUBA-MTR acusados de apedrear el Congreso, cuando se votó el acuerdo con el FMI en 2022.

Somos parte de los reclamos por la aparición de la niña (y libertad de su familia) Carmen Elizabeth “Lichita” Oviedo Villalba, desaparecida en Paraguay, mientras se resguardaban de operativos militares que ya habían asesinado a otras dos niñas.

Exigimos la libertad y la no extradición de Facundo Molares, ex miembro de las FARC, visitándolo en la cárcel de Ezeiza.

No solo fuimos parte de las acciones por la aparición con vida y la condena a los asesinos de Santiago Maldonado, tanto materiales -Gendarmería-, como políticos empezando por Patrcia Bullrich, sino que somos querellantes en la causa por espionaje ilegal.

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Somos parte de la campaña por la libertad de las compañeras mapuche presas en Bariloche en 2022, Alejandro Vilca y Matías Aufieri estuvieron junto a una delegación de organismos de derechos humanos y partidos de izquierda, al igual que en el juicio de extradición a Facundo Jones Huala, a quien Myriam Bregman visitó en su lugar de detención.

Como podemos ver en algunos de estos casos, son notorias las diferencias políticas con los luchadores afectados, pero son perseguidos por el Estado y demonizados por la derecha. No son luchadores piqueteros (aunque el PO podría haber estado presente).

En nuestra trayectoria, como podemos ver en esta descripción, defendimos política y jurídicamente a cientos de compañeros criminalizados por la protesta social, gran parte de ellos sin vinculación con nuestra organización e incluso, como señalamos, con importantes diferencias.

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Así en 2016 viajó a Jujuy una Comisión que reunió a numerosos organismos de derechos humanos, diputados y organizaciones obreras y sociales. Recibió allí una enorme cantidad de denuncias sobre las persecuciones y ataques a luchadores. Como se demostró, la detención de Milagro Sala, a quien Myriam y Norma Ríos, presidenta de la APDH Rosario, visitaron en su lugar de detención como parte de la delegación, era la punta de lanza para atacar al movimiento obrero y popular.

Un año antes, nos hicimos presentes en Jujuy, junto al recordado compañero de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos, Enrique “Cachito” Fukman, ante la detención de dos dirigentes del SEOM del Perro Santillán, de muy buena relación con el PO, cuando acababa de echar a Alejandro Vilca del sindicato con los estatutos de la Ley de Asociaciones Sindicales.

En 2020 estuvimos junto a las familias en la toma de tierras de Guernica, y firmes en la resistencia al violento desalojo de la policía de Berni y Kicillof, como así también en otras tomas, poniendo en pié la Asamblea Permanente por Tierra y Trabajo.

También el año pasado, en la causa armada mediante infiltración a los movimientos sociales en Jujuy, nuestros abogados y abogadas se pusieron a disposición ante la detención de compañeros piqueteros del Polo Obrero, del MTR 12 de abril, FOL, FPDS, Movimiento Evita y el MTE. Fuimos defensores de los detenidos del Frente Darío Santillán y del dirigente del Frente de Organizaciones en Lucha Sebastián Fernández.

En junio de 2022, por acompañar la lucha de las familias trabajadoras por un techo digno para vivir en Magaldi (Rosario, Santa Fe), nuestra compañera abogada Celina Tidoni sufrió la fractura de un brazo como producto de una brutal represión por parte de Omar Perotti, en la que la policía de Santa Fe golpeaba a menores y se llevaba detenida a una mujer embarazada que minutos antes convulsionaba en plena represión.

En 2021 Myriam Bregman y Patricio del Corro fueron testigos de Cesar Arakaki, militante del PO, en el proceso que lo condenaron junto a Daniel Ruiz (PSTU) por “intimidación pública” al haber participado de la manifestación. Resulta paradójico que los compañeros hayan sido olvidados en el Acto del FIT-U del 1ero de Mayo por los dirigentes del PO, y fue nuestra compañera Myriam Bregman quien exigió su inmediata absolución.

Nuestras compañeras legisladoras, como Alejandrina Barry y Myriam Bregman se han hecho presentes consecuentemente también a nivel internacional como en Perú y en Nicaragua ante la represión desatada contra los pueblos hermanos, reclamando por la libertad de los presos políticos y el fin de la represión

Ya larga es nuestra historia en defensa de los criminalizados por la lucha social, pero parece que la dirección del PO sufre de amnesia o de faccionalismo crónico.

No solo defendimos a cientos de compañeros de lucha perseguidos, si no también denunciamos al aparato represivo del Estado y sus servicios de inteligencia, somos querellantes en gran cantidad de causas de lesa humanidad y contra el gatillo fácil con nuestra compañera Carla Lacorte como principal referente imposibles de resumir en una nota pero que bien se puede leer en La Izquierda Diario.

Así Myriam Bregman denunció lo que se conoció como “Proyecto X” en 2011 y 2012, que desnudó las actividades de inteligencia de la gendarmería durante los gobiernos kirchneristas y que siguió funcionando durante el macrismo.

A comienzos de este año, fuimos querellantes junto a Liliana Mazea en el juicio oral contra el espía de la Policía Federal, infiltrado en la Agencia Walsh, Américo Balbuena, y sus jefes. Se logró condenarlo en un hecho inédito contra el espionaje a organizaciones sociales.

En el marco de los ataques a las libertades democráticas y garantías procesales, como así también a los abogados defensores de causas eminentemente políticas, en 2017 Myriam Bregman y los abogados del CEPRODH presentamos un recurso ante la Justicia Federal en defensa del abogado de la CTEP Juan Grabois, sancionado por el Tribunal Oral Federal N.° 6 por sus dichos vertidos en un alegato que realizó fuertes críticas al poder judicial por su actuación ante el asesinato de Martín “Oso” Cisneros en la Comisaría de la Boca.

Un año después, en septiembre de 2018 junto a Correpi asumimos la defensa del referente del MTE cuando fue atacado por Patricia Bullrich. La entonces ministra de seguridad declaraba “se está montando la idea de que en diciembre todo va a explotar, que la gente va a ir a saquear… ¿Qué hace Grabois? No hace nada más que estar en la calle todo el día”, en una actitud persecutoria, creando un clima criminalizante contra las movilizaciones.

Próximamente, llevaremos a los estrados a los comandantes de Gendarmería, los “caranchos” represores de las luchas en la Panamericana.

Está claro que han quedado fuera de este relato un sinnúmero de intervenciones en luchas y acciones de defensa como en Pepsico/Mondelez, Lear, Madygraf, Ferrocarriles, Fate y trabajadores del neumático, Casino Flotante (2007)...

Mención aparte merece el gran trabajo realizado por la Comisión contra la Violencia Institucional de la Legislatura porteña que fue presidida por Myriam Bregman entre 2018 y 2021 y denunció de manera permanente la represión de Horacio Rodríguez Larreta, entre otros a la comunidad senegalesa, manteros, estudiantes secundarios, docentes, trabajadores desocupados. Comisión que también denunció el golpe de estado en Bolivia, las represiones en Chile y Colombia. https://www.laizquierdadiario.com/Myriam-Bregman-presento-el-informe-anual-sobre-la-violencia-institucional-en-la-Ciudad

Por eso cuando los dirigentes del Partido Obrero, se preguntan con aristas intrigantes y desafiantes “El PTS ¿actuaría igual en el caso de que los presos o criminalizados fueran docentes u obreros industriales? “, deberían saber, con un mínimo de seriedad, que no es que actuaríamos, si no que siempre lo hemos hecho, en defensa consecuente de nuestra clase: docentes, estudiantes, obreros, efectivos, precarizados, ocupados, desocupados, piqueteros.

En todo caso, cuando la dirección del PO se mira al espejo, debe ver que el reflejo le devuelve la trayectoria de una organización que poco y nada ha intervenido en la defensa de luchadores criminalizados por la protesta social, piqueteros o no, cuando no son de su propia tropa.

En todos los terrenos hemos enfrentado al Poder Judicial y la represión del Estado. Es tradición de nuestro partido y como se hace evidente en estos ejemplos, nunca pusimos las diferencias políticas por delante de la defensa ante el Estado. El rídículo al que ha llegado PO forzando “tristes” diferencias roza lo patético. Solo resta llamarlos a la reflexión. Nos seguiremos viendo en las calles y todo ámbito de lucha por las libertades democráticas.