Con 199 votos a favor, la norma que había sido modificada en la cámara alta fue sancionada ayer. El Frente de Izquierda votó en contra de la norma.
Juana Galarraga @Juana_Galarraga
Miércoles 14 de septiembre de 2016
Ayer la Cámara de Diputados rechazó los cambios introducidos por el Senado la semana pasada y aprobó la ley de acceso a la información pública.
La mayoría de los diputados acordaron rechazar los cambios planteados por la cámara alta y confirmaron la versión original del proyecto que había obtenido la media sanción el 18 de mayo.
La norma fue sancionada con 199 votos positivos de la alianza Cambiemos, el Frente Renovador, el bloque Justicialista y el Frente para la Victoria. Los 16 votos en contra provinieron del Frente de Izquierda y del interbloque Progresistas GEN, de Margarita Stolbizer, Libres del Sur, Victoria Donda y el Partido Socialista.
El proyecto de ley que fuera presentado por el oficialismo, crea una Agencia de Acceso a la Información Pública y un Consejo Federal para la Transparencia. Este organismo sería el encargado de gestionar las preguntas de los ciudadanos concernientes a los tres Poderes de la Nación.
Las críticas a la iniciativa surgieron hace meses por parte de organizaciones como el CELS, Amnistía Internacional y la FOPEA. Cuando el oficialismo presentó la propuesta, el CELS sugirió que la Agencia encargada de administrar el acceso a la información pública estuviera dirigida por un cuerpo colegiado, que tuviera una representación más plural que la expresada en el proyecto oficial.
En mayo, cuando se votó la media sanción de la norma, la legisladora Myriam Bregman del Frente de Izquierda señaló que la falta de “independencia de la Agencia de Acceso a la Información Pública convierte a este órgano en una copia fiel de la inerte Oficina Anticorrupción, que ya ha dado muestras de para qué sirve. Lo hemos visto con la actuación bochornosa alrededor de los Panama Papers, así como también con la vergonzosa opinión emitida con respecto al secreto del contrato entre YPF y Chevron”. Tanto en aquella instancia como en la jornada de ayer, la de Bregman fue una de las pocas bancas que se opusieron al proyecto oficialista.
Secreto comercial, ante todo
Entre los cambios que habían sido introducidos por los senadores, se encontraba la inclusión en los alcances de la obligación de brindar información ante una requisitoria ciudadana a las empresas con participación accionaria estatal mayoritaria, como YPF.
La propuesta de la legisladora neuquina Lucila Crexell (MPN) generó rechazo por parte de Federico Pinedo del Pro, quien advirtió que “si se elimina la excepción las empresas van a tener que abrirle toda su información a sus enemigos", ¿Qué queremos, matar a las empresas con participación estatal mayoritaria?", preguntó en el marco del debate el presidente provisional del Senado.
En los fundamentos de su voto negativo Bregman sostuvo que “el mecanismo de designación y remoción del titular de la Agencia a la Información Pública” hace que la ley sancionada funcione como “una ley de protección de datos en vez de en una ley de acceso a la información”.
“Para nosotros es inadmisible mantener el secreto a la información comercial y financiera en un país donde en las últimas décadas se fugaron 400 mil millones de dólares, donde los fondos buitre –a través de mecanismos financieros vaciaron una empresa como la ex Gráfica Donnelley, hoy recuperada por sus trabajadores en Cooperativa Madygraf y puesta en funcionamiento por ellos. Sin embargo, todavía no se ha tenido acceso a la información de cómo realizaron ese vaciamiento a través de los mecanismos comerciales y financieros que tienen todas las empresas”, agregó la diputada.
Fiel a los intereses empresarios, por el contrario, Pinedo se preocupaba más por las condiciones para la competencia entre patrones, que en la utilización del secreto con el que las empresas chantajean a sus trabajadores, usuarios de servicios, etc. De todos modos, con el rechazo de la cámara baja a los cambios, la ley de acceso a la información pública sancionada permite que las patronales, incluso aquellas en las que participa el Estado de forma mayoritaria, continúen sus movimientos con el mismo nivel de secreto que hasta ahora.
