Convocadas por la Comisión de Legislación del Trabajo, que conduce el justicialista Sergio Ziliotto, las conducciones de las centrales sindicales asistieron este martes al Congreso Nacional para exponer sobre el proyecto de equidad de género en el ámbito laboral, que envió el Poder Ejecutivo a principios de marzo, con una propuesta para modificar la ley de Contrato del Trabajo.
Martes 18 de septiembre de 2018 20:38
Con escasa concurrencia de diputados nacionales y sin la presencia de la presidenta de la comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, a la que también tiene giro el proyecto en cuestión, hicieron uso de la palabra Héctor Daer por la conducción de la CGT; Estela Díaz, por la secretaría de Género de la CTA que conduce el diputado Hugo Yasky; y Dora Martínez, secretaria adjunta de la CTA que conduce Pablo Micheli. Entre otras cosas, coincidieron en cuestionar que el proyecto “recicla principios ya consagrados legalmente”.
El primero en hablar fue el representante de la CGT, que dijo que “la igualdad de oportunidades ya no alcanza, porque no todos partimos del mismo lugar para tener oportunidades iguales”. El dirigente de la CGT, que cobra como un gerente de empresa y viene de décadas de garantizar la precarización y la flexibilización laboral, que golpea particularmente a las mujeres, dijo además que esto se profundizó “en un país que en el último tiempo terminó con la equidad en educación al eliminarse la paritaria nacional docente”. Un hecho que a ninguna conducción sindical le mereció ningún plan de lucha serio.
Acompañado por la secretaria de género de la CGT, Noe Ruiz, quien sin embargo no emitió palabra, Daer también afirmó que “lo más preocupante” del proyecto es que establece que los códigos de conducta que elaboran las empresas tendrán “un alcance normativo”. “Se plantea que los estatutos tienen que seguir un criterio de equidad y que eso será revisado y homologado por la autoridad de aplicación (el Ministerio de Producción y Trabajo, NdeR). Es una intromisión en la vida interna de las organizaciones sindicales”, sostuvo, y destacó que en la actualidad esos acuerdos sólo se notifican “sin que el Ministerio de Trabajo pueda objetar nada”.
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Estela Díaz, de la conducción de la CTA que conduce Hugo Yasky (FPV), dijo que “la mayoría de los aspectos” del proyecto “son declarativos, sin mucha sustancia que transforme la desigualdad”. La secretaria de Género de la CTA dio su apoyo a un proyecto que presentó en este marco la diputada Vanesa Siley, que cuenta con el apoyo de las conducciones de estas tres centrales. El proyecto de la diputada del FPV amplía algunos de esos derechos, pero mantiene sin protección a las trabajadoras que denuncien la violación de esa equidad que vendría a garantizar el proyecto en cuestión.
Al respecto, Díaz consideró que “la brecha salarial es uno de los datos más resistentes a la transformación” y destacó que el proyecto del Ejecutivo “ni siquiera contempla sanciones” por discriminación a la mujer.
Dora Martínez, representante de la CTA-Autónoma que conduce Pablo Michelli, dijo que “este proyecto se condice con las políticas que viene teniendo este gobierno desde que asumió: es un proyecto flexibilizador, que sigue planteando un modelo de Estado empresarial para pocos, donde se desfinancia la seguridad social, se desfinancia la salud pública, la previsión y la educación”.
Aunque hubo diputados del oficialismo y de la oposición presentes en la reunión, y aunque ésta estaba convocada para que los legisladores y legisladoras interviniesen sobre el tema, sólo las diputadas del Frente de Izquierda, Nathalia González Seligra y Romina del Plá, hicieron uso de la palabra. El Frente Para la Victoria, que asistió con sus diputados y diputadas de extracción sindical, evitó hablar durante toda la reunión.
En su intervención, González Seligra destacó el contenido netamente demagógico del proyecto en debate, que llega en medio de la enorme crisis política y económica que atraviesa el país. “El principal problema es que este proyecto se debate en el marco de un brutal ataque general a las condiciones de vida y de trabajo de gran parte de la población, de un presupuesto de ajuste como el que vino a anunciar el ministro Dujovne al Congreso y del pacto con el FMI”, dijo.
La diputada del FIT destacó también que “el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, el PJ y del resto de la oposición, saben muy bien que ese es el marco general en el que se da este debate, y muchos de los aquí presentes ya dijeron que van a acompañar ese presupuesto de entrega, que destinará gran parte de los fondos al pago de la deuda externa, completamente fraudulenta. Es una gran hipocresía, porque las que más sufrirán las consecuencias son justamente las mujeres”, afirmó.
La docente de la Matanza recordó en este marco a las trabajadoras de la educación y de la salud, como las maestras de Moreno y del Hospital Posadas, “que luchan por el salario, por sus condiciones y sus puestos de trabajo, por garantizar el acceso de miles de familias a estos derechos elementales, e incluso a derechos aún más básicos, como el alimento. Por eso dicen ‘ollas sí’, como dijo Corina de Bonis, que fue secuestrada y torturada”, manifestó, y lamentó que las conducciones sindicales continúen sin ponerse a la cabeza de estos reclamos. "Tampoco lo hicieron durante la lucha por las paritarias docentes que el gobierno eliminó a nivel nacional. En la provincia de Buenos Aires, a 9 meses de esta lucha, la gobernadora Vidal sigue sin dar aumento de salario. La explicación es la misma", subrayó.
La pérdida del poder adquisitivo del salario; la injerencia del Estado en las organizaciones sindicales; la diferencia en la cantidad de horas dedicadas por varones y mujeres al trabajo en el hogar; la garantía de comedores, lactarios y jardines infantiles en los lugares de trabajo; la creación de comisiones de mujeres con fueros sindicales para garantizar que se respeten sus derechos, también fueron aspectos señalados por la diputada del PTS/Frente de Izquierda al hablar de los límites del proyecto de ley que mandó el Ejecutivo. Como manifestó Nicolás del Caño en la primera reunión informativa convocada para debatirlo, "ni antes ni ahora, ningún gobierno, ningún partido clerical y ninguna burocracia sindical ha querido garantizar ninguna medida tendiente a liberar verdaderamente a las mujeres de estas tareas".
“Hoy hay miles de despidos que se asientan sobre la precarización laboral, que fue una modalidad de contratación que mantuvieron todos los gobiernos”, agregó Seligra, quien afirmó que “es evidente que quieren seguir abriendo las puertas para la flexibilización laboral". “Por eso sostenemos que no alcanza con medidas aisladas. Hace falta una gran lucha nacional que imponga desde abajo la derrota a la política del gobierno nacional y los gobiernos provinciales y que impida verdaderamente que millones de familias caigan en la desocupación". "Necesitamos que el próximo 24 y 25 de septiembre se conviertan en un paro nacional activo y que ese sean el inicio de un plan de lucha nacional, por todos nuestros derechos”, agregó.
