Se conformaron las cuatro comisiones a las que sería girado el proyecto que Fernández mandaría mañana viernes al Congreso de la Nación. Las comisiones, como en 2018, serán Legislación General, como cabecera; Salud; la nueva comisión de Mujer y Legislación Penal.
Sol Bajar @Sol_Bajar
Jueves 12 de marzo de 2020 11:59
Durante su discurso de apertura del año legislativo, el pasado 1° de marzo, el presidente Alberto Fernández anunció que en "unos diez días" enviaría al Congreso un proyecto propio de legalización de la interrupción voluntaria de los embarazos no deseados, alternativo al que presenta desde hace 15 años la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. El plazo se cumplió este 11 de marzo. De acuerdo a los rumores que circulan, la iniciativa ingresaría mañana viernes 13 a la Cámara de Diputados.
Aunque su contenido se mantiene en el más absoluto hermetismo, se sabe que el proyecto ingresaría junto a otro, orientado a poner en pie el llamado Plan de los "1000 días", de ayuda económica a las personas gestantes que se encuentren en situación de vulnerabilidad.
Según trascendió, la legalización mantendría el acceso libre a la práctica hasta la semana 14 de gestación, tal como plantea el proyecto de la Campaña y la media sanción que emitió Diputados en 2018. Luego de ese plazo, siempre según los rumores, se mantendría el sistema de causales que hoy está vigente en el Código Penal: el acceso a la práctica en casos de violación, riesgo de vida y/o de salud para la persona gestante.
Las declaraciones encontradas entre el Ministro de Salud Ginés González García, quien había afirmado que el proyecto incluiría la objeción de conciencia institucional, y luego la médica, y la Secretaria de Legal y Técnica de la Casa Rosada, Vilma Ibarra, que afirmó que ninguna de estas limitaciones (ni la institucional ni la médica) estarían contempladas, hacen dudar acerca del alcance que tendrá la iniciativa del Poder Ejecutivo. Asimismo, si el acceso a la práctica estará incluido o no en el Plan Médico Obligatorio, si requerirá o no un proceso previo de "seguimiento" o "asistencia" interdisciplinaria, son algunas de las incógnitas que permanecen abiertas.
Por lo pronto, el dato es la conformación de las Comisiones a las que el proyecto tendría giro parlamentario, una vez que ingrese por mesa de entradas al Congreso Nacional. Las operaciones y acuerdos entre peronistas y macristas, como se suponía, terminaron en este marco con un gesto "sororo", de acuerdo entre las áreas parlamentarias de ambos bloques, a cargo de Cristina Álvarez Rodríguez (Frente de Todos) y Silvia Lospenato (Cambiemos): las presidencias de las comisiones que tratarán el proyecto serán todas verdes y las representará el Frente de Todos, como lo hizo Cambiemos en 2018.
En ese año, el el presidente de la comisión de Legislación General, cabecera para el debate en Comisiones, fue el diputado verde Daniel Lipovetzky, y le siguieron las comisiones de Salud, entonces a cargo de la antiderechos Carmen Polledo; la de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, a cargo de la radical verde Alejandra Martínez, y la de Legislación Penal, a cargo de la radical antiderechos Gabriela Burgos.
En un hecho histórico, se constituyó la nueva Comisión de Mujeres y Diversidad en @DiputadosAR , @MoniMacha es la presidenta; @slospennato la vice 1ra; @gabiestevezok vice 2da y tengo el gran honor de ser la secretaria 1ra. #mujeres #diversidad pic.twitter.com/qITKpRiCGR
— Jimena López (@MaJimenaLopezOk) March 12, 2020
Ahora también todas las presidencias son oficialistas, pero en todos los casos estarán a cargo de legisladores verdes: la misma estrategia que se dió el Frente de Todos para la conformación de las comisiones en las que se debatió y se debatirá el proyecto. Aunque en el bloque abundan los diputados y senadores celestes, el "gesto" está en poner a cargo de las mismas a quienes están a favor de la legalización, así como integrar las comisiones con diputados y diputadas mayoritariamente verdes.
La trampa, como en 2018, serán los dictámenes de minoría que podrían llevar los diputados antiderechos al recinto, para limitar lo más posible la salida del dictámen que debería tratar luego, de haber media sanción, la Cámara alta, dónde los senadores antiderechos, como en el año de la marea verde, tendrían mayoría, tanto en Cambiemos como en el Frente de Todos.
La Comisión de Legislación Penal se constituyó con la diputada @CaroGaillard a cargo de la presidencia.
El diputado @SoriaEnAccion fue designado vicepresidente 2do y @Ramir_Gutierrez secretario. pic.twitter.com/NeuISzcMZE
— Diputados de TOD☀S (@Diputados_Todos) March 12, 2020
Como en 2018, en las presidencias de estas cuatro comisiones de la Cámara baja recaerá la labor de organizar y dirigir el debate en los plenarios, que ya se anuncia que se daría con mayor celeridad. Mientras que la comisión cabecera, Legislación General, estará a cargo de la massista Cecilia Moreau, la Comisión de Salud y Acción Social estará presidida por el peronista Pablo Yedlin; la de Mujer (desdoblada de la vieja comisión de "Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia") estará a cargo de la kirchnerista Mónica Macha, en tanto que la de Legislación Penal estará a cargo de la kirchnerista Carolina Gaillard.
"No se justifican cuatro meses de discusión", dijo anoche el diputado Yedlin en diálogo con La Voz, aunque destacó que, de todas formas, "habrá que escuchar a referentes del Ministerio de Salud de la Nación y a quienes quieran opinar en contra". "No debería ser una discusión exprés pero sí concisa, efectiva, que no dilate los tiempos", sostuvo.
Quedó conformada la Comisión de Acción Social y Salud con el diputado @pyedlin a cargo de la presidencia.
La diputada Paola Vessvessian fue designada vicepresidenta 2da y Luisa Montoto secretaria. pic.twitter.com/1YQNZ4Ztgm
— Diputados de TOD☀S (@Diputados_Todos) March 12, 2020
Mientras que en Diputados los números son favorables al proyecto, en el Senado los celestes son mayoría: unos 35 estarían en contra, 32 estarían a favor y 5 serían "indefinidos".
Por el momento, al estar ambos sectores (peronistas y cambiemitas) atravesados por presencias "verdes" y "celestes", y al ser tan masivo el reclamo de la legalización, como volvió a verse el pasado 8M, pareciera que todos los bloques prefieren sostener la estrategia que desarrollaron aquel año: garantizar al menos la media sanción, sin grandes modificaciones, y que sea el Senado, donde se sabe que hay más limites, el que termine ratificando, negando o modificando el contenido de la ley.
Los gestos de ambos sectores hacia las cúpulas de las Iglesias, con sus referentes "celestes" hablando en contra de la legalización, en parte lo anticipa. Mientras se conforman las comisiones con presidencias "verdes", las declaraciones del senador Mayans (presidente del bloque del Frente de Todos, a propuesta de la vicepresidenta Cristina Fernández), o la del creador del grupo antiderechos "Peronistas por la Vida", el diputado Eduardo Valdes, de lazos profundos con Bergoglio y el Vaticano, dan cuenta de ello.
Mientras se espera que se den a conocer los nombres definitivos de todos los diputados y diputadas que integrarán las comisiones, la congregación convocada por la Conferencia Episcopal, nada menos que en el Día Internacional de las Mujeres y contra el derecho al aborto, anticipa la intención de las Iglesias de oponer resistencia a la salida de la ley. En los próximos días, en tanto, se espera que las cúpulas evangélicas marchen en contra de la legalización.
Las maniobras, aprietes y lobbys están a la orden del día. El movimiento de mujeres, como contamos a propósito de este 8 y 9 de marzo, tiene un enorme desafío por delante para arrancar su derecho a que sea ley su derecho a decidir.
