Fricciones al interior de la SOFOFA se generaron tras el anuncio de asesoría por parte de Ponce Lerou a la minera no metálica SQM. Tras el revuelo, se informó que la decisión tomada anteriormente ya no corría.
Lunes 2 de julio de 2018
Hace un mes, aproximadamente, se informó el regreso de los hermanos Ponce Lerou como asesores a la minera no metálica, decisión que abrió muchos debates tanto a nivel nacional como a la interna de la asociación gremial de las empresas.
Para empezar, es importante refrescar la memoria: SQM es una empresa denunciada por financiamiento político ilegal a campañas que van desde la derecha (UDI, RN) hasta partidos como la DC. Discusión abierta hasta el día de hoy, donde la salida planteada por parte de la justicia es el pago de una multa de 900 millones al Fisco y $ 1.650 millones a instituciones de beneficencia para evitar juicio oral por cohecho.
Frente al revuelo que causó la propuesta inicial, el directorio retrocedió y con otro comunicado informaron la nueva decisión: Julio Ponce ya no será asesor.
SOFOFA y las réplicas de Ponce Lerou
La decisión de SQM no tan solo provocó un fuerte cuestionamiento desde distintos sectores, sino también crispaciones a la interna, en ese sentido, Alfonso Swett, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, fue el primero en plantear su negativa frente a la decisión de la empresa minera no metálica: “Muy claro: no nos gusta. Sin embargo, reconocemos la autonomía de las empresas para la nominación de sus asesores y su directorio, pero como CPC, no nos gusta.”. (http://www.elmostrador.cl/mercados/2018/06/08/el-factor-sweet-el-primero-que-dijo-que-el-acuerdo-de-ponce-no-le-gustaba-al-mundo-empresarial/). A este se le suman las críticas realizadas por Bitrán, ex presidente ejecutivo de Corfo.: “Representa la cultura de la impunidad que tanto daño hizo a Chile en nuestra historia reciente”.
Pero, la posterior reversión en la asesoría de Julio Ponce Lerou, si bien fue aplaudida por las principales figuras de la corporación, esto no calmó los ánimos: “siempre dijimos que había una imprudencia de la compañía al incorporar nuevamente a Julio Ponce Lerou como asesor. Dijimos imprudencia porque no es una ilegalidad, el contrato lo permite” comentó José Ramón Valente, ministro de economía; al igual que Alfonso Swett que en concordancia a sus primeros críticas, agregó: “en cuanto revierte una decisión que desde el primer momento consideramos imprudente y que dañaba profundamente la confianza social”.
En base a lo anterior, si bien se abrió un fuerte cuestionamiento desde la SOFOFA por las decisiones tomadas por SQM esto nos tiene que invitar a problematizar el rol que ocupa la empresa y la corporación a nivel nacional e internacional, donde la privatización de empresas estratégicas pone las ganancias de estas al servicios e intereses de un porcentaje mínimo de personas: empresarios capitalistas. En esa línea, la necesidad de la expropiación de SQM se vuelve una necesidad, pues es la única forma de garantizar que esté al servicio de los intereses y necesidades de la clase obrera y los sectores más precarizados. Frente a esto, Lester Calderón, dirigente sindical de Orica, enfatiza en que (https://www.laizquierdadiario.cl/Expropiar-SQM-para-vestir-de-derechos-a-un-Chile-en-pelotas) "se tiene que afectar las ganancias empresariales y sus negocios. En este caso, expropiar de manos privadas y nacionalizar SQM, sin pago alguno a los empresarios y las 60 familias que manejan este país, y que seamos los trabajadores, junto a las comunidades, los que gestionemos la producción. Esto también debemos considerarlo para todos los recursos estratégicos del país, como las forestales, los recursos marítimos, el cobre y el litio”. Al mismo tiempo, agrega: “por un lado está la expropiación, pero en otro está la gestión obrera de la empresa, que es la que efectivamente asegurará que las ganancias generadas no se pierdan en los bolsillos de los empresarios, menos aún que sea administrada por una burocracia estatal. Esto nos tiene que empujar, incluso, a problematizar los actuales casos de corrupción, donde objetivamente quienes le pueden dar una salida son las y los trabajadores, pues nadie más que ellos garantizará que las ganancias se pongan al servicio del pueblo trabajador: del aborto libre, legal, seguro y gratuito, de la educación y la salud pública; y no de la actual casta empresarial”.
