El Genocida condenado varias veces a cadena perpetua, todavía cuenta con el aparato represivo del estado para intimidar a peritos y testigos.
Jueves 18 de agosto de 2016 12:36
Virginia Creimer, la perito forense que revisó al genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz, en diálogo con La Izquierda Diario dijo que su “estado de salud bajo ningún punto de vista obligaba a enviarlo a su domicilio”, además contó porque decidió hacerse presente en la concentración del martes pasado contra la posible domiciliaria del genocida: “Creí que era hora de que esto se hiciera público. Siempre he mantenido un perfil muy bajo en mi actividad, convencida de que el Estado me iba a proteger y eso no me dio nunca resultado, pero más allá de eso, pensé que era el momento de desenmascarar lo que había detrás de estos exámenes médicos que en definitiva determinan si las personas van o no a su domicilio cuando están privadas de su libertad, sobre todo por delitos tan tremendos como son las torturas y el genocidio que llevaron adelante estos represores”.
La Doctora Creimer, respecto al examen físico manifestó que lo realizó con dos médicos muy jóvenes del Hospital Ramos Mejías que no sabían quién era Echecolatz, lo que garantizó su objetividad, y se concluyó que no tenía patologías neurológicas o cardiacas que ameritaran la prisión domiciliaria.
La perito también conto que después de presentar el estudio, Mariano Castex el perito particular de la defensa del Genocida, la denunció por torturas y realizó un informe basándose en la encíclica papal y en cuestiones estrictamente jurídicas y no médicas considerando “que violó la dignidad de Etchecolatz durante su examen físico”, cínicamente el genocida acusaba a una médica de tortura.
La forense aseguró que todo era “una estrategia de los genocidas y de sus defensores para trabar el trabajo de los peritos que quisieran ir en contra de los pedidos de prisión domiciliaria con argumentos objetivos desde el punto de vista médico.” De inmediato la Dra. Virginia Creimer se presentó ante su superior y al explicarle lo que había ocurrido, le respondió que bajo ningún punto de vista podía seguir con la investigación de esas cuestiones, defendió a Mariano Castex como una “eminencia” y la apartaron de varias causas.
El último episodio vinculado a amenazas que sufrió Virginia Creimer se dio hace un año, tres días después de que en el marco del caso Cambiaso-Pereyra Rossi, el Ministerio Público Fiscal de la Nación le negara por escrito el pedido de seguridad tras haber aportado un testimonio clave. Esta vez la forense relato “Salí media hora y apareció en la puerta de mi casa un cuchillo de carnicero ensangrentado mientras que mi hija adolescente se encontraba durmiendo, sentí que tenía las manos ensangrentada con sangre de mis propios hijos, que los había puesto en riesgo a raíz de mi trabajo”.
Después de las amenazas, y la indiferencia cómplice del poder judicial y el servicio penitenciario, la perito renuncio al Ministerio Publico Fiscal y concluyo “ahora estoy trabajando en privado con la misma consciencia con el mismo compromiso y defendiendo los Derechos Humanos. Por eso me hice presente hoy en Tribunales para explicar que fue lo que me paso, lo consideré y sabiendo el riesgo que esto implica debía estar acá”.
Lo vivido por Virginia Creimer, es expresión de la existencia de un entramado estatal de jueces, fiscales, médicos, fuerzas de seguridad entre otros funcionarios que se encargar de garantizar la impunidad para los genocidas y del aparato represivo que continúan intactos desde la dictadura hasta la actualidad.
