Este martes 19 tendrá lugar en Madrid el juicio oral al fotoperiodista Raúl Capín por un supuesto atentado a la autoridad mientras fotografiaba una manifestación. La fiscalía pide dos años de cárcel. Otro golpe más a la libertad de información.
Nadia Celaya Zaragoza
Martes 19 de enero de 2016
Identificaciones, imágenes borradas, multas, registros, golpes a las cámaras, amenazas, agresiones físicas y detenciones. Los periodistas tampoco se libran del abuso y la violencia de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado.
Desde que en el año 2011 estallara el 15M, en todo el territorio del Estado Español hubo un incremento de movimientos y protestas sociales que expresaban la rabia y el descontento contra un régimen corrupto que implementaba políticas contra la clase trabajadora y dejaba sin futuro a la juventud.
A la par también aumentó otra manera de informar que recorría las redes sociales, los blogs y los diarios digitales alternativos ofreciendo la versión que los grandes medios de comunicación ocultan: las cargas y montajes policiales indiscriminados, la respuesta del Estado y los gobiernos a las demandas de la juventud y el pueblo trabajador.
Raúl Capín es uno de los tantos fotoperiodistas que trabajan como colaborador para estos medios de comunicación alternativos, en este caso para Mundo Obrero y Diario Independiente Digital. Mientras cubría gráficamente la masiva manifestación del 23 de Febrero de 2013 convocada por Marea Ciudadana contra las políticas del Gobierno, se dirigió hacia una chica que estaba siendo increpada en el suelo por varios encapuchados que no se identificaron como policía en ese momento. Al momento se aglomeraron cámaras y periodistas y los policías se marcharon.
Tres meses después de esto, cinco policías se presentaron en el domicilio de Raúl Capín y lo detuvieron por atentado contra la autoridad. Le acusaban de pegarle un rodillazo y con un palo a un policía; difícil cuando llevas un equipo fotográfico en las manos, obstaculizando de esta manera la detención de la joven manifestante.
Ese mismo día también detuvieron en su casa al fotoperiodista Adolfo Lujan, por difundir imágenes de la policía en las redes. A ambos se les acusa además de organizar a jóvenes para agredir a policías infiltrados en la concentración de Asedia el Congreso del 25 de abril del mismo año, aunque por esto aún están a la espera de la petición fiscal.
No es el único caso, se vienen denunciando desde hace tiempo desde diferentes colectivos y plataformas, las agresiones que sufren los medios de comunicación alternativos, unas veces vía administrativa denegando o no contestando a las solicitudes de licencias, llevando al cierre de radios y televisiones comunitarias sin ánimo de lucro y otras veces en la calle con detenciones. Como fueron otros casos, como el del videorreportero Jaime Alekos, la periodista Iraitz Salegi, el videocámara Iker Oitz o el periodista Boro —por el que piden seis años de cárcel acusado también de “atentado contra la autoridad” mientras hacia el reportaje de la manifestación “Jaque al rey”—. Recientemente también teníamos la noticia de que habían llamado a declarar a Jesús Rodriguez de la Directa por cubrir el acto de boikot al Corte Inglés.
Está claro que al gobierno y a la policía les incomoda que haya un periodismo que cubra todas las manifestaciones, huelgas, escraches, paradas de desahucios, desalojos y encierros. Y sobre todo que evidencie las prácticas brutales a las que están acostumbradas las fuerzas represivas del Estado.
En más de una ocasión las imágenes de fotógrafos y videocámaras no “afectos” al régimen han servido de prueba en procesos judiciales relacionados con movimientos sociales poniendo un contrapunto al testimonio unilateral de la policía. Al no existir una prohibición de filmar en espacios públicos ni de tomar imágenes de agentes policiales, varios activistas y periodistas tuvieron sentencias a favor.
Pero entonces llegó la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como “Ley Mordaza” que entró en vigor el 1 de Julio del pasado año, elaborada por el Ministro de Interior y la Jefatura de Policía.
Esta ley, que ataca directamente a las libertades democráticas de los trabajadores y la juventud, también le hace un hueco al periodismo independiente en su artículo 36.23, que contempla multas por difundir imágenes y datos personales o profesionales que puedan "poner en peligro la seguridad personal o familiar del agente". Una ley que realmente lo que contempla es mayor represión y censura limitando restrictivamente la libertad de expresión y de información, lo que ha llevado varios colectivos han denunciar la ley mordaza ante el tribunal de Estrasburgo.
El juicio de este martes al fotoperiodista Raúl Capín se verá arropado por una concentración a las puertas del juzgado a la que se está llamando desde las redes sociales bajo la campaña #InformarNoEsDelito.
