Según el investigador y docente de la UNSa, Nahuel Morandini, “esto seguirá así en tanto comunidades originarias y familias criollas que viven de acuerdo a sus pautas culturales no tengan sus tierras”.
Lunes 17 de febrero de 2020 13:05
Hay una grave situación que viven los pueblos y comunidades indígenas en Salta, con las muertes evitables de niñas y niños wichí. El acceso y manejo de sus tierras y territorios, de los bienes naturales como el agua, sus cosmovisiones, modos de vida, los aspectos sociales y culturales, se vieron profundamente afectados, sobre todo en los últimos 30 años por el avance de las políticas extractivistas por parte del Estado y cada gobierno de turno. Los desmontes y la deforestación, el avance de la frontera agropecuaria y desalojos de comunidades indígenas de sus territorios están a la orden del día. A esto se le suma otro problema estructural, incesantemente denunciado por las comunidades del Chaco salteño: el acceso al agua potable, derechos esenciales negados por el Estado.
Como parte de una serie de entrevistas desde La Izquierda Diario para abordar las distintas problemáticas de esta situación, entrevistamos a Nahuel Morandini, ingeniero en Recursos Naturales y docente de Ecología en la Universidad Nacional de Salta.
La demanda de las comunidades en el Chaco salteño incluye el problema de la falta de acceso al agua o la ingesta de agua contaminada con agroquímicos. ¿A qué se debe esta situación? ¿Cuáles son las características agroecológicas de la zona?
El acceso al agua es, junto al acceso y tenencia de tierra y territorio, uno de los problemas más acuciantes para las familias indígenas y criollas que viven en el Chaco salteño. Las características que mencionas como agroecológicas son determinantes, en cuanto a su severidad y su incidencia. Cuando hablamos del Chaco estamos hablando del polo de calor de Sudamérica, con temperaturas que rozan los 50° C y con un régimen hídrico errático e insuficiente. En el Chaco salteño siempre lo que llueve es menor a lo que se necesita. Las lluvias que ocurren son escasas, concentradas en pocos meses y de carácter torrencial: esto es mucha lluvia en poco tiempo. Por lo tanto, lo que llueve escurre rápidamente y con las altas temperaturas su evaporación es acelerada, conservándose los excedentes en lagunas o madrejones del lugar. De ahí que muchos de los asentamientos humanos están próximos a cuerpos de agua y se identifiquen con ellos: Pozo el Algarrobo, Pozo el Mistol, Pozo La Mora, El Saladillo, Pozo Verde, Agua Verde y así sucesivamente. La severidad de las condiciones climáticas incide en el desarrollo de estrategias en las familias para garantizar el acceso al agua, esto es cosechar agua de lluvia, profundizar las lagunas, realizar cercados perimetrales para impedir el acceso al ganado, realizar pozos de balde o someros, entre otras. El desarrollo de estas estrategias ha sido por lo general por iniciativas individuales que bien podemos llamar estrategias de supervivencia.
¿Cómo influyen las políticas y actividades extractivistas u otras a gran escala como la ganadera en la región del Chaco salteño?
Respecto a la incidencia de las actividades extractivistas en la zona (ganadería, maderera o agrícola), seguramente tienen un rol preponderante. No podemos plantearnos relaciones lineales entre desmontes y falta de agua, pero sí debemos pensar en relaciones pluriefecto o multidimensionales. En la sinergia negativa que se produce por los desmontes. Cuando hablamos del bosque chaqueño hablamos de más de un millón de hectáreas deforestadas entre el decenio 2004-2015, a lo que podemos sumarle otro millón más en años anteriores. En este sentido el trabajo Leake y otros (2015) es muy esclarecedor. Salta junto a Santiago del Estero tienen las tasas de deforestación más alta del país y la deforestación avanza día a día, no da tregua. Si uno ve las imágenes satelitales o los visores que hay disponibles en la web, podemos ver cómo todos los frentes avanzan sobre el departamento de Rivadavia, inexorablemente. Hablamos de pérdida de biodiversidad y su variabilidad, pero también hablamos de expulsión, de acorralamiento, de pueblos fumigados, de deriva de agroquímicos, entre otras cosas.
En relación al uso del agua o su disponibilidad, investigadores de la UNSa, más específicamente del Laboratorio de Estudios Ambientales (LEA), vienen trabajando en la apropiación del agua. Una premisa de la que parten es que las tierras destinadas a los agronegocios tendrán mayor valor cuanta más disponibilidad de agua tengan y que la mayor apropiación está dada en aquellas zonas donde se desarrollan actividades agroganaderas, algo bastante lógico si lo pensamos, pero que son necesarias demostrar.
El tema pasa que cuando uno observa sus trabajos y ves cómo se distribuyen las redes de pozos perforados se observa claramente que la mayor densidad de pozos, el acceso, en síntesis, está correlacionado con las actividades pecuarias y no donde hay población rural. De hecho, en los resultados presentados puede observarse que el mayor uso de agua se da en el departamento Anta, que al mismo tiempo posee la mayor superficie desmontada y donde hoy también se registran problemas por la escorrentía (inundaciones). Justamente es por ello que hablamos de pluriefectos o multidimensiones.
En un trabajo realizado por Walter Díaz, también del LEA, él mismo destaca que se identificaron 3.236 pozos de agua (perforaciones), pero que el ente a cargo sólo posee datos en menos del 10 % de los casos relevados. Cuando hablamos de datos hablamos de caudal y calidad del recurso. Por lo tanto, se carece de información en más del 90 %. Otro aporte interesante de este trabajo, es que de los pozos que están caracterizados, menos del 30 % de ellos están destinados para consumo humano. El resto son para el desarrollo de las actividades agroganaderas de la zona, lo cual marca claramente hacia dónde va la cosa.
Las comunidades indígenas denuncian la falta de acceso al agua potable y queda a las claras que, así como el problema de acceso a la ocupación y tenencia de la tierra, éste es un problema estructural. ¿Cuál ha sido el rol de los gobiernos para que esto jamás haya sido resuelto?
El Estado juega su rol de manera clara. Es garante en la avanzada sobre el territorio, pero por otra parte le da entidad, a través de instituciones, a los reclamos o demandas de las organizaciones campesinas e indígenas, entre ellas el acceso al agua. Que luego las diluye, las cajonea. Actualmente en Salta tenemos declaraciones del Secretario de Ambiente afirmando que es necesario “desarrollar” los cinco millones de hectáreas reguladas por la Ley Nacional 26.331 para acabar con la pobreza y el hambre en la región. Sin embargo, como acabamos de ver, el desmonte de más de dos millones de hectáreas no ha solucionado la pobreza ni el acceso al agua en la región, ¿qué nos hace pensar que esto va a cambiar ahora? Parece una broma de mal gusto, pero no lo es. Es la política ambiental de Salta.
En lo que se refiere a obras específicas que garanticen el acceso al agua, tenemos que mencionar que si bien las lagunas son los reservorios de uso inmediato, la principal fuente de agua permanente la constituyen los acuíferos, tanto los de libre disponibilidad como los semiconfinados y los confinados.
Los acuíferos libres, que denominamos freática, están fuertemente regulados por las condiciones climáticas y biológicas del lugar. La profundidad a la que se encuentran varía entre sitios, estaciones y año. La tecnología que permite el acceso a este recurso es sencilla, ya sea a través de la realización de pozos calzados o pozos someros y es realizada por gente del lugar. Sin embargo, muchas veces estas obras se realizan sobre sitios propensos a la contaminación orgánica que afecta la salud humana. También dada sus características, suelen concentrar solutos en solución que también repercuten en la salud de las personas. En un aporte que hicimos desde la universidad junto a las familias de la Organización Campesina de El Ocultar (Rivadavia Banda Sur) pudimos registrar que los pozos someros presentaron una profundidad promedio de 16 metros y en un 90 % detectamos coliformes en agua (escherichia principalmente), sodio y cloruros (otorgándole salinidad a los mismos). También se observó que en un 50 %, los pozos relevados tenían concentraciones de hierro por encima de los límites de tolerancia, pero de acuerdo a los estándares no afectaba la salud humana, con lo cual no podemos afirmar que sean acumulativos en el tiempo. ¿Entonces, qué debemos hacer? Nuestra consideración es que, si bien las familias tienen la capacidad de organización para dar respuesta a sus necesidades, es necesario el acompañamiento técnico para evitar que la solución sea peor que la necesidad. Los pozos deben ser más profundos, ya que a mayor profundidad menor probabilidad de contaminantes orgánicos. Pero eso requiere recursos financieros, recursos que las familias no tienen y que no están siendo subvencionados por el Estado. En nuestra consideración creemos que con todo el asesoramiento técnico que hay, sólo se requiere financiamiento genuino.
Los acuíferos confinados, que son de mayor profundidad y requieren de maquinarias específicas para su realización, por lo tanto, son más costosos. Estas obras son realizadas por empresas y financiadas por el Estado provincial (Secretaría de Recursos Hídricos) o nacional (INTI, SAF, ENOHSA, proyectos, entre otros). El agua confinada en la región también presenta características físico-químicas que convierten al recurso en no apto para su consumo, la presencia de sulfatos y arsénico es preponderante, con excepciones. Algunas veces estas obras son clausuradas, pero en otras oportunidades son puestas a disposición de los pobladores que la utilizan para ellos y sus animales. Estas obras requieren grandes inversiones, con profundidades de variables y resultados poco satisfactorios.
Otra alternativa plausible es la cosecha de lluvia. Práctica que lleva ya varios años, y que las familias realizan con todo tipo de materiales, como son botellas, bidones o tachos que muchas veces provienen del desecho de agroquímicos. Nuevamente la solución que encuentran las familias termina siendo una amenaza en sí mismo. Sin embargo, también puede ser realizada con materiales de mejor calidad, ya sean aljibes de ferrocemento o PVC, pero claro que necesitan financiamiento del Estado.
En lo que respecta a obras de infraestructura, ¿cuáles son los motivos por los cuáles considerás que el Estado no las garantiza? ¿Qué se podría hacer para dar respuesta a esta problemática?
Fíjate, el Chaco salteño es un lugar muy intervenido, existe un gran número de ONG, de instituciones del Estado, programas, proyectos, investigadores y organizaciones sociales. Sin embargo, se viene discutiendo sobre estos temas no ahora en el 2020. Podemos irnos 10, 20 o 30 años atrás y me parece que seguimos parados en el mismo lugar del problema y que las condiciones sociales y ambientales se deterioran día a día.
En mi apreciación esto seguirá así en tanto y en cuanto las comunidades originarias y familias criollas que viven y trabajan de acuerdo a sus pautas culturales no tengan sus tierras. Es lo primero que se debe definir. Por ejemplo, en lo que nos tocó vivir en El Ocultar, vimos varias situaciones. Por una parte, para hacer una obra de infraestructura se debe recurrir a permisos o comodatos, los cuales deben ser avalados por los titulares registrales de los inmuebles. Eso te pone en una encrucijada horrible: o vas por el agua y pierdes derechos o vas por la tierra y te quedas sin agua. Algo perverso.
No hace mucho tiempo se realizó el tendido eléctrico desde la localidad de La Estrella (Departamento Orán) hasta La Unión, pasando por El Ocultar. Para que las familias puedan acceder a la luz debían solicitar un permiso reconociendo la propiedad en otro. Nuevamente la misma operación. Hoy por hoy están haciendo la ruta: ¿para quién? ¿para qué?
En la medida de que suceda el desplazamiento, el acorralamiento o el abandono del campo por la falta de servicios, de recursos o de trabajo, las obras avanzarán, se profundizarán y el sistema que los necesita volverá a excluirlos.
