Un informe del Registro Penal de Violencia Familiar y de Género señala un aumento en los casos de abuso sexual. La respuesta de las instituciones del Estado, mientras tanto, es el desfinanciamiento de programas de género y el bloqueo de la ESI por parte de María Eugenia Vidal.
Miércoles 5 de diciembre de 2018 22:11
Ayer la Defensoría del Pueblo bonaerense dio a conocer un informe del Registro Penal de Violencia Familiar y de Género (Revifag) cuyos datos indican que se triplicaron las denuncias por abuso sexual en la provincia de Buenos Aires en los últimos tres años.
Los números indican que entre el 2015 y el 2017 las denuncias por abuso sexual pasaron de 1.110 a 4.583. Asimismo el abuso con acceso carnal subió un 16 % durante el período mencionado.
Para el Defensor del Pueblo adjunto, Walter Martello, las causas de este incremento preocupante en los índices de abuso sexual se debe a que “por un lado, la mayor cantidad de denuncias puede ser producto de una mayor visibilización de un flagelo que durante décadas se intentó mantener oculto. Pero también es una muestra que desde el Estado, en todos los niveles, se está llegando tarde en lo que se refiere a la prevención".
Martello generaliza la responsabilidad diciendo la palabra “Estado”. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires, hay un nombre propio que no puede dejarse en el anonimato: María Eugenia Vidal.
Desde que asumió su gestión decidió desarticular y quitarle presupuesto a varios programas relacionados con la temática de género. Por ejemplo cuando despidió a casi un centenar de trabajadoras que atendían la línea 144, una línea nacional a la que toda mujer en situación de violencia puede recurrir para recibir ayuda, asistencia, orientación y contención.
O cuando siguiendo con su línea restrictiva de derechos Vidal desvinculó a la responsable del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la Región V. Una zona que trabaja sobre una población de 845 mil mujeres en edad fértil.
Pero volviendo al informe, el foco está puesto en los casos de abuso sexual. Aunque se ha repetido cientos de veces, lo mencionamos una vez más, la mayoría de estos abusos son intrafamiliares, es decir en el ámbito privado, puertas adentro. Martello menciona que se “llega tarde” a la prevención.
Ahora bien, prevenir significa anticiparse a algo. En este caso la única forma es darle, en principio, a las niñas y niños herramientas que le permitan conocer su cuerpo y pedir ayuda si se enfrentan a este tipo de situaciones. Este derecho a recibir información está garantizado por la ley de Educación Sexual Integral.
En este sentido es fundamental señalar que en la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, bloqueó la posibilidad de que en las escuelas se dicte educación sexual. Es decir que, existiendo esta ley nacional, la gobernadora se comprometió con las iglesias católica y evangélica a que el Senado provincial no diera la media sanción que le faltaba para que la ESI comience a aplicarse en todo el territorio bonaerense.
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De modo que brindar informes se transforma en un hecho absolutamente demagógico. Vidal ha demostrado que no le cuesta mucho intervenir cuando hay algo que le interesa. Lo hizo separando a su primera ministra de Salud cuando promovió el protocolo para abortos no punibles. Lo volvió a hacer cuando echó a la coordinadora del programa de salud sexual y reproductiva de zona norte. Y lo hizo alineando a sus senadores para cajonear el proyecto de ley de ESI.
