Lenín Moreno y Rafael Correa volvieron a cruzarse, esta vez sobre el manejo de las finanzas públicas. Junto con la oposición y los empresarios, el Estado ya preparó el terreno para aplicar el ajuste. La necesidad de oponer un plan para que la crisis la paguen los capitalistas.
Miércoles 2 de agosto de 2017 05:20
Foto: El Comercio
Lenín Moreno recibió de Rafael Correa la cinta presidencial, junto a una bomba económica que sólo saben desactivar con ajuste.
Los dotes poéticos del ex mandatario Rafael Correa supieron embellecer muy bien su legado económico. “La mesa está servida” fue la metáfora que eligió en su último discurso, minutos antes de entregarle la presidencia a su sucesor.
“La situación es crítica”, disparó este viernes el presidente Lenín Moreno, al presentar por cadena nacional su proforma presupuestaria. Blanqueó lo que ya era discursivamente inocultable. Como alguna vez expresó Roland Barthes, “lo que libera a la metáfora es el disparate.”
Según el actual mandatario, la economía del país se encuentra en crisis desde 2015, debido a la “reducción del precio del petróleo”, los “bajos precios de las materias primas”, la “apreciación del dólar”, y los “devastadores efectos del terremoto” de abril del año pasado. Figuras sintagmáticas que ya se encontraban en abierta contradicción con la pregonada independencia económica que la “década ganada” habría logrado.
Foto: El Comercio
El presidente también afirmó que en septiembre se entregará a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria para 2018, junto a un programa económico para los próximos cuatro años.
Preparando el terreno
La vulnerabilidad de Ecuador frente a los vaivenes del mercado externo es una constante a lo largo de su historia, al igual que la de todos los países de América Latina. Muy lejos de revertir esta tendencia, el gobierno de Correa impulsó una reprimarización de las exportaciones, basada en el desarrollo de la industria extractivista y la expansión de la agroindustria, la mayoría de las veces, pasando por encima del derecho a la autodeterminación de numerosas comunidades indígenas.
La dolarización monetaria del país es una política que tampoco tocó. No contar con una moneda nacional hace a Ecuador aún más dependiente de los ingresos de divisas, las inversiones extranjeras, y los acuerdos comerciales con las potencias, como el sellado con la Unión Europea. Claro está que dejar atrás el dólar implica un costo político y social, que ningún gobierno se atreve a cuestionarlo.
Esta necesidad de liquidez llevó a que una de las primeras medidas de Lenín Moreno -quien al asumir dejó prácticamente intacto el equipo económico anterior- sea la colocación de bonos de deuda por USD 2.000 millones, a los que se suman los USD 1.000 millones que Correa había emitido en enero de este año.
Precisamente, la cifra exacta de los pasivos ha vuelto a despertar las asperezas entre los dos líderes del movimiento Alianza PAIS. Moreno admitió que la deuda pública asciende a cerca de USD 58.000 millones, sumando la deuda externa junto a la interna y la de los gobiernos locales, un cálculo que la administración anterior había evitado.
Indicó además que difícilmente este año “salgamos adelante”, y que para el próximo se necesitarán entre USD 8.000 y 10.000 millones para “pagar la deuda que nos dejaron.”
Una idea más precisa de estos montos muestra que, en abril de este año, incluso antes de la última emisión de bonos, la deuda externa representaba el 28,7% del PBI y la deuda interna el 14,9%. La suma del 43,6% se encuentra por encima de lo estipulado en el Código de Planificación y Finanzas Públicas, que sólo puede modificarse por la Asamblea Nacional, y que marca un límite de hasta el 40% para endeudamiento público [1].
Correa contraatacó: “si queremos saber cuánto debe una familia, sería absurdo sumar lo que le debe el papá a la mamá, hay que calcular lo que debe la familia al banco o a la familia vecina”, en obvia referencia al monto de total de deuda que esgrimió Moreno. Lo que el ex mandatario omite es que la deuda interna entre “papá y mamá” incluye los más de USD 2.500 millones que el Estado le debe al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), y otros USD 1.000 millones en pagos de incentivos de jubilaciones, principalmente a trabajadores del sector educativo, salud y organismos públicos.
Foto: La Hora
Jubilados reclaman por sus pensiones atrasadas y contra la deuda y privatización del IESS, en mayo de este año.
Ninguna reestructuración de deuda u obtención de créditos externos está exento de consecuencias para el pueblo trabajador. Organismos internacionales como el FMI, el BID o el Banco Mundial exigen, por ejemplo, planes de recortes a sectores como educación, salud o seguridad social, a cambio de financiación y liquidez.
El principal acreedor externo del país es China, por un monto de aproximadamente USD 8.000 millones. A partir de la reestructuración de deuda que el gobierno de Correa impulsó en 2009, el gigante asiático se transformó en el principal inyector de capitales, en una economía que los necesita como agua.
Sin embargo, los pedidos de la banca del país oriental son distintos. Como señalan Acosta y Guijarro, “los créditos de China han estado atados a la construcción de proyectos de infraestructura o proyectos extractivistas, muchas veces bajo el condicionante adicional de que el gobierno contrate a empresas chinas para ejecutar las obras. Un caso paradigmático de esta lógica son los proyectos hidroeléctricos” [2]. Así, las crecientes tendencias imperialistas del Partido Comunista Chino ponen como objetivo a los sectores estratégicos de la economía ecuatoriana, una política muy similar con la que llevaron adelante en varios países sudamericanos.
Foto: El Telégrafo
La hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, una mega-obra inaugurada en 2016, que demandó USD 2.245 millones y fue construida por la empresa china Sinohydro.
Terreno preparado
Los pases de factura entre Moreno y Correa sobre la situación económica y el monto de la deuda tampoco están exentos de consecuencias. Lo que su debate ha conseguido es, en definitiva, terminar por instalar en la opinión pública algo que varios sectores políticos opositores y cámaras empresariales reclaman: ajuste y cambio de rumbo.
Con el objetivo de “aumentar los ingresos”, el mandatario dispuso una serie de medidas que, en su retórica, no logran ocultar que van en consonancia con las que reclama la burguesía local. A pesar que en las semanas previas había asegurado que no aplicaría “políticas económicas que vayan en contra del pueblo trabajador”.
Para “dinamizar el sector de la construcción”, anunció una revisión de la Ley de Plusvalía, reclamada desde los sectores constructores y agroexportadores, principales especuladores del precio del suelo. En la búsqueda de “incentivar el ingreso de divisas”, redactará un proyecto de ley para permitir la repatriación de capitales alojados en el exterior."
La “limitación al gasto público” establecerá “medidas de austeridad” para “optimizar los recursos del Estado”, disminuyendo, por ejemplo, las contrataciones de personal e incentivando que el sector privado sea el principal empleador. El achicamiento del Estado es un pedido de la burguesía industrial importadora, que además de requerir el fin de las salvaguardias que afectan sus operaciones con el comercio internacional, pretende que el aumento de la mano de obra disponible tire hacia abajo los costos salariales.
De acuerdo con las cifras oficiales publicadas en junio, se verifica un alarmante crecimiento del llamado “subempleo” al 20,5%. Esto muestra que la salida de la crisis pretende llevarse adelante sobre el aumento de la sobreexplotación y precarización de clase obrera. Todo esto en un país donde el 44% de los trabajadores viven del sector informal.
Por otro lado, las “prioridades para la inversión pública” dictadas por Moreno serán acotadas. El contraste entre los USD 2.800 millones que se destinarán a salud, frente a los USD 3.500 millones para seguridad y gastos militares, muestra qué es lo que el Gobierno considera como “lo estrictamente necesario.”
La proforma presupuestaria señala que esperan una recaudación tributaria de USD 15.000 millones. En 2013, cerca de 65% de lo recaudado fue en base a impuestos indirectos regresivos como el IVA, en lugar de perseguir la renta y las fabulosas ganancias de la banca, el petróleo, y el latifundio.
La advertencia de Correa -vía Twitter y desde Bélgica- sobre el ´paquetazo’ que preparan para septiembre”, no parece creíble viniendo del autor del aumento exponencial de la deuda externa ecuatoriana, la entrega de recursos a potencias imperialistas, de leyes que garantizan la precarización laboral, y que van en contra de la sindicalización de los trabajadores.
Foto: El Comercio
Correa partió hacia Bélgica el 10 de julio pasado, calificando de “entreguismo” la política económica de Moreno.
El banquero y ex candidato presidencial, Guillermo Lasso, señaló que las medidas económicas del Gobierno no alcanzan por su escasa profundidad. Entre otras cosas, expresó que la Ley de Plusvalía “debe derogarse completamente”, y que Ecuador está necesitado de “acudir a los organismos internacionales de crédito para reestructurar la deuda correísta.”
En suma, el Gobierno, la oposición y las cámaras empresariales efectivamente preparan un “paquetazo” de medidas para paliar la crisis, a costa del empobrecimiento de los trabajadores y los sectores populares.
Un programa para que la crisis la paguen los capitalistas
Las organizaciones sociales y partidos de izquierda, ferozmente atacados o desarticulados durante el período correísta, requieren en primer lugar tener la certeza que sólo con una sostenida y estricta independencia de clase evitarán no ser furgón de cola de las políticas de ajuste. Acercarse oportunistamente a sectores representantes del gran capital financiero, para terminar adoptando parte de sus consignas y llamando a votarlos, o bien, apaciguar la lucha porque el Estado accede a ofrecer una serie de reivindicaciones; son sólo dos de los artilugios que el pantano de la política burguesa propone.
Los diálogos del presidente Moreno con empresarios, políticos opositores y dueños de medios de comunicación, son la expresión de su intención de forjar una unidad que imponga un plan de ajuste consensuado, que facilite su defensa corporativa ante las protestas o resistencias que pueda generar. Su acercamiento a la CONAIE también entra en esa misma lógica, sabiendo que el poderoso movimiento indígena fue, con sus impresionantes movilizaciones, actor protagónico de la caída de varios gobiernos en la década pasada.
Para derrotar el “paquetazo” hace falta oponer abiertamente un plan concreto orientado a que la crisis la paguen quienes se enriquecieron con las fabulosas ganancias que la política económica correísta engendró. Hay que exigir no sólo el fin de la corrupción, sino el fin de la política de un Estado puesto en función de los intereses de la clase dominante.
El plan debe imponerse y sostenerse con la movilización en las calles y rutas, lo cual requiere fortalecer la organización de las bases. Y si las fuerzas sociales y de izquierda aún transitan por un período de reagrupamiento, buena es la ocasión para discutir un programa donde la independencia de clase y la lucha por un gobierno obrero sean los núcleos de todas las demandas y reivindicaciones de los sectores oprimidos.
Notas:
1. “La deuda eterna contraataca”, por Alberto Acosta y Jhon Guijarro, publicado en https://lalineadefuego.info/2017/07/27/la-deuda-eterna-contrataca-por-alberto-acosta-john-cajas-guijarro/
2. Ibídem.
[1] “La deuda eterna contraataca”, por Alberto Acosta y Jhon Guijarro, publicado en https://lalineadefuego.info/2017/07/27/la-deuda-eterna-contrataca-por-alberto-acosta-john-cajas-guijarro/
[2] Ibídem
