Las modificaciones del presidente Guillermo Lasso pretenden modificar 61 de los 63 artículos de la normativa que rige la interrupción del embarazo en caso de violación. Entre ellos se encuentran aumentar los requisitos, permitir la objeción de consciencia y reducir los plazos que se habían estipulado para casos especiales como el de niñas, adolescentes, indígenas y mujeres del área rural. Las organizaciones feministas en alerta.
Miércoles 16 de marzo de 2022 09:27
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, vetó de forma parcial la ley aprobada en la Asamblea Nacional (Parlamento) que regula el aborto por violación, y encendió las alertas en los grupos feministas que empezaron a evaluar respuestas legales como así también un calendario de movilizaciones en las calles.
En una carta publicada en redes sociales, Lasso anunció su decisión de incluir 61 "textos alternativos" a la normativa discutida en el Legislativo, al considerar que esta, supuestamente, no concuerda con la sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto en casos de violación en 2021.
Mis decisiones siempre se enmarcarán en los límites definidos en mis funciones constitucionales. Por eso he decidido incluir observaciones al proyecto de ley con el objetivo de que este guarde absoluta concordancia con el dictamen de la Corte Constitucional. pic.twitter.com/g7AqAl82C5
— Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) March 16, 2022
De tendencia conservadora, Lasso señaló en la carta "su intención de respetar las funciones del Estado y someterse a los postulados expresados por la Corte Constitucional", pero paso seguido envió nada menos que 61 textos alternativos entre los que se incluye la reducción de plazos de acceso, la objeción de conciencia y los requisitos para acceder a una interrupción del embarazo en caso de violación.
En su texto, Lasso recordó que la Corte Constitucional obligó al Parlamento a "formular un proyecto de ley que regule los plazos para el aborto por violación", y consideró que "hay disposiciones claras en la sentencia que no han sido acatadas" por los legisladores o que "no son coherentes" con el marco legal vigente. Bajo esa excusa avanza en un ataque directo a los derechos de las mujeres.
Doce semanas
El mandatario sugirió que se unifique el plazo de doce semanas en casos de aborto por violación y no aceptó la excepción de 18 semanas que se fijaba para niñas, adolescentes, indígenas y mujeres del área rural.
Esta diferencia tenía razones bien fundadas en las condiciones sociales, económicas y sanitarias deficientes que se viven en las zonas rurales, como así las dificultades para niñas o adolescentes donde en la mayoría de los casos el abuso es intrafamiliar, todo lo que impide que una victima de violación pueda llegar a completar los pasos para acceder a un aborto antes de la semana 12. De ahí venía la excepción de las 18 semanas en estos casos particulares.
Lasso sin embargo lo rechazó de plano en nombre de la "igualdad" entre las zonas urbanas y rurales, mostrando no solo un desconocimiento absoluto de los datos de abusos y violaciones en sus propio país según la región, y condiciones socioeconómicas, sino obligando a mujeres de zonas rurales, niñas y adolescentes, a llevar a termino embarazos que son producto de violaciones. Aquí la verdadera igualdad sería que se mantenga esa diferencia, pero Lasso lo elimina adrede con sus modificaciones.
Objeción de consciencia y requisitos
Pero el Gobierno avanzó en incluir más trabas para la práctica de abortos en caso de violación. Así, Lasso dijo que ha propuesto "requisitos" para el acceso a este derecho, entre ellos presentar una denuncia, una declaración jurada o un examen médico que acredite la agresión sexual.
También sugirió respetar las posibles objeciones de conciencia que pueda presentar el personal médico para atender este tipo de casos.
Para dejar en claro el velo de oscurantismo que se posa sobre la decisión, Lasso que comienza su carta aclarando que él es el presidente de un "Estado laico", la termina diciendo "Como hombre católico seguiré viviendo de acuerdo a mis creencias, pero como presidente de la República del Ecuador haré todo lo que esté en mi poder para hace respetar los principios de un sistema plenamente republicano y democrático". A juzgar por las modificaciones de veto presentadas, "como hombre católico" solo estaría cumpliendo con la primera parte de esta sentencia.
Ahora pasa a la Asamblea Nacional
Tras remitir sus observaciones a la Asamblea Nacional, esta tendrá un mes de plazo para ratificar su resolución original, para lo que necesitará una mayoría de dos tercios (92 votos), o para aceptar las propuestas del Ejecutivo, lo que puede aprobar con mayoría simple (la mitad más uno de los votos).
Adopte o no la propuesta del presidente Lasso, el Legislativo no podrá exceder en su trámite el plazo estipulado, pues de lo contrario el texto presidencial se aprobará por fuerza de ley.
En medio del debate oficial, las organizaciones feministas también estudian los alcances del anuncio presidencial y sus implicaciones.
Verónica Verá, integrante del colectivo feminista Surkuna, dijo que lo primero que llamó la atención es que haya anunciado 61 textos alternativos a un texto de 63 artículos.
Ello supone que "ha incidido en la mayoría" de la propuesta legislativa y, sobre todo, en temas importantes como los plazos, la objeción de conciencia y los "requisitos" para el acceso a ese derecho, opinó Verá.
Las organizaciones feministas anunciaron que se pronunciarán en los próximos días sobre la decisión del presidente Lasso, en una serie de acciones que van desde la movilización en las calles hasta las acciones jurídicas para intentar hacer retroceder el veto.
El anuncio de Ecuador llega a solo unos días de que Guatemala declarara el mismo Dia Internacional de la Mujer, 8 de marzo, que aumentará las penas de prisión en casos de aborto y prohibirá el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Al mismo tiempo el "Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia", declaró a Guatemala "Capital pro vida de Iberoamérica y ciudad ’luz’ contra el aborto". El concepto "pro vida" que utilizan estas organizaciones en toda la región no es más que un eufemismo para esconder sus verdaderas intenciones de negar los derechos de las mujeres y de que todas las personas gestantes puedan decidir sobre su propio cuerpo.
A pesar de que en varios países de la región se ha avanzado en los últimos años en la conquista de derechos para las mujeres y la comunidad LGTBI, las organizaciones antiderechos y los sectores conservadores tanto sociales como políticos también han redoblado su ofensiva, como se ve claramente en Guatemala y Ecuador.
No hay ante esta reacción mejor respuesta que seguir en las calles por nuestros derechos. Ellos ya mostraron una y otra vez que están dispuestos a atacarlos cada vez que pueden. Nosotras aprendimos que es en las calles donde se ganan nuestras luchas, y también, donde se defiende lo conquistado.
