Juan Manuel Astiazarán @juanmastiazaran
Miércoles 9 de noviembre de 2016
Las repercusiones de los dichos de “Micky” Pichetto continúan escalando. En un primer momento hasta el neonazi Alejandro Biondini se comparó con el senador del Frente para la Victoria desde su cuenta oficial de Twitter, donde irónicamente dijo que al lado suyo él se sentía “un moderado”. Más tarde llegaron los dichos de Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos del Gobierno nacional. El funcionario respaldó las expresiones xenófobas asegurando estar “de acuerdo con las declaraciones de Pichetto sobre la inmigración" y sin ponerse colorado dijo que “por ahí la palabra resaca (expresión que Pichetto utilizó para referirse a los inmigrantes peruanos) habría que sacarla”. Realmente repudiable.
Primero Lanata, ahora Pichetto... tanto que fui perseguido y proscripto durante años por opiniones similares... hoy me siento un moderado :) https://t.co/nGhW5DVuEv
— Alejandro Biondini (@BiondiniAR) 2 de noviembre de 2016
A los sectores más reaccionarios, racistas y xenófobos del establishment político se les hace agua la boca con afirmaciones como estas, pero más aún cuando las mismas se transforman incluso en política oficial. Durante el día de ayer, el “efecto Pichetto” llegó hasta las oficinas de Anses, el organismo que dirige el macrista Emilio Basavilbaso, cuando el subdirector ejecutivo Federico Braun firmó junto al director nacional de Migraciones, Horacio García, un convenio para “verificar la residencia” de quienes soliciten prestaciones sociales. El acuerdo establece que ambas entidades trabajarán de manera conjunta para que se pueda acceder a la información de residencia en el país del titular. Según la gacetilla de prensa difundida, lo que se busca es “evitar abusos o la falta de transparencia en el otorgamiento de las prestaciones de la Seguridad Social”.
De esta manera, y con la excusa de evitar asignaciones arbitrarias en la ayuda social, la Administración Nacional de Seguridad Social pone la lupa sobre las condiciones de residencia de aquellos inmigrantes que viven bajo la línea de pobreza y en condiciones de precariedad. Se contribuye, más allá de las resoluciones administrativas, a generar un clima que apunta a la estigmatización de los inmigrantes, quienes por el sólo hecho de su nacionalidad ya son considerados “sospechosos”. Así fue, por sólo mencionar un ejemplo, el caso de la mujer que encontró a Mailén (la niña de 13 años que por unas horas se desconocía su paradero), quien fue difamada y acusada de pedir dinero por la niña, afirmando que era “una peruana indocumentada”.
Las declaraciones del jefe del FpV en el senado continúan su eco y son absolutamente funcionales para una política más agresiva con respecto a las condiciones de vida de los inmigrantes que habitan en nuestro país, un dato del cual ya tomaron nota desde Anses y el macrismo.
