Cuando se vulneran derechos elementales la muerte se transforma en la consecuencia cotidiana.
Jueves 8 de noviembre de 2018
Ayer murió una niña. Y hay que remarcarlo, una niña, no una mujer.
Murió luego de que le practicaran una cesárea. Tenía una desnutrición crónica, estaba anémica y con neumonía. Cuando llegó al hospital su embarazo era de 32 semanas. No hubo tiempo para salvarlos, ni a ella ni al recién nacido.
No sabemos su nombre, si tenía amigas, a qué le gustaba jugar, si había aprendido a leer. ¿Era bajita? ¿Cuál era el color de su cabello? ¿Cómo era esta niña que hoy ya no está? Lo que sí sabemos es que vivía en el Chaco, era parte de la comunidad wichí. Uno de los pueblos originarios que viene reclamando derechos elementales desde hace años, los cuales les son negados sistemáticamente por un Estado que los ignora.
También sabemos que el Chaco es una de las provincias más pobres y en lo que va del año ya murieron más de 15 mujeres gestantes. Y que el gobierno de Capitanich es el responsable de esta muerte evitable y por lo tanto, ahora, absurda.
Cada acto tiene una consecuencia, y en este caso la degradación continua de las condiciones de vida de los sectores más vulnerables lleva, inexorablemente, al mismo final.
En el territorio donde Capitanich encabezó actos en contra de la legalización del aborto, impulsados por las jerarquías de las iglesias católicas y evangélicas, levantando las banderas de “Salvemos las dos vidas”, ayer no salvaron ninguna de las dos.
Esta niña, no tuvo acceso a educación sexual, porque seguramente tampoco fue al colegio. Dos derechos básicos que el Estado vulneró sin reparos. Ante esta realidad, que es la de miles de niñas y adolescentes de todo el país, la respuesta de los máximos funcionarios sigue siendo negar derechos.
Por eso María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, se comprometió a bloquear la posibilidad de que la ley de Educación Sexual Integral se aplique en el territorio bonaerense. También por eso es que en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la justicia cómplice de la alianza de Cambiemos, posibilitó que el protocolo, altamente restrictivo, para abortos no punibles redactado por Jorge Lemus volviera a aplicarse.
Desde que el Senado bloqueó la posibilidad de sancionar la ley de interrupción voluntaria del embarazo murieron mujeres jóvenes por abortos clandestinos, a otras se les negó el acceso al aborto no punible. Grupos de los llamados “celestes” apostados en las puertas de hospitales y centros de salud, intentaron dificultar las acciones médicas violando el derecho a la intimidad de mujeres que solicitaron interrumpir sus embarazos.
En San Juan, estos militantes “provida” intentaron impedir un aborto no punible para una niña con discapacidad que fue violada. En un colegio de Jujuy, de sus 200 estudiantes, 30 jóvenes de entre 12 y 19 años están embarazadas.
En Santa Fe, el Ministerio de Salud y la Justicia coincidieron en negar la interrupción del embarazo a una joven de 30 años, madre de cuatro hijos que por temor a perder su trabajo solicitó esta práctica. Alegaron que los motivos no estaban claros, a pesar de las condiciones expuestas por la mujer. No casualmente la negativa fue dada en el Hospital Cullen, que junto al Iturraspe, son los dos hospitales de la capital santafesina que tienen a todos sus integrantes del servicio de ginecología como objetores de conciencia.
Estos no son “casos” son mujeres de carne y hueso. Hijos que se quedan sin mamá, madres que se quedan sin hijas, en definitiva vidas que no se salvan.
Las iglesias y los funcionarios anti derechos argumentaron que el aborto legal era la consecuencia, y que se debía empezar por educar para evitar el aborto y las muertes que la clandestinidad de esta práctica provocaban.
Sin embargo, ahora levantan una campaña feroz en contra de la ley de Educación Sexual integral. Porque ahora tampoco quieren que a las niñas y a los niños se les hable de su cuerpo, de sus derechos y mucho menos de la libertad para elegir.
Volviendo a Chaco, la cifra de adolescentes gestantes se torna más grave si se tiene en cuenta que el 10% de esas jóvenes, menores de 20 años, son analfabetas o no llegaron a completar el nivel primario de instrucción.
Transformar esta realidad sin políticas públicas que garanticen estos derechos básicos es una quimera. Es lo que denunciaron las millones de personas que este año salieron a la calle en reclamo de educación sexual, de anticoncepción gratuita y de aborto legal. Y es también lo que denuncian quienes reclaman contra el presupuesto de ajuste, que sólo podrá significar más hambre para más niños y niñas.
Las pruebas del poder económico y político de las jerarquías de las iglesias católicas y evangélicas son contundentes. Toda la artillería de medios tienen un solo objetivo: un retroceso brutal en derechos elementales como educación y el derecho a decidir sobre el propio cuerpo.
Se hace imperiosa la necesidad de separar la Iglesia del Estado. Una medida básica para garantizar que las instituciones estatales, los funcionarios políticos y los partidos clericales dejen de decidir sobre la vida de las mujeres.
