La decisión del Gobierno de enviar a militares a hacer “tareas de urbanización” en la ciudad santafesina cosecha duros cuestionamientos. “Un hecho grave, una acción espasmódica e improvisada”, denuncia el CELS. “Repite recetas de la oposición de derecha y evita hablar de cómo se mueve el narconegocio”, explica Myriam Bregman. Más declaraciones de rechazo.
Daniel Satur @saturnetroc
Miércoles 8 de marzo de 2023 11:46
Fotos archivo: Analía Garelli | Télam
Este martes el presidente Alberto Fernández habló por cadena nacional sobre la situación que vive la ciudad santafesina de Rosario. Allí anunció el envío de 1.400 efectivos federales más a la región y la incorporación de tropas del Ejército para “la urbanización de los barrios populares”.
Se trata de medidas que ya fracasaron en Rosario y, mucho más aún, en países enteros como Colombia y México. Empezando por el hecho indiscutible de que son las mismas fuerzas armadas y de “seguridad” las encargadas de proveer protección a quienes lucran y matan con el negocio hipermillonario del narcotráfico.
La medida dictada por Fernández es acompañada por todas las alas internas del Frente de Todos. Al menos hasta el momento no hubo declaraciones en contra de ningún referente del kirchnerismo y mucho menos del sector de Sergio Massa (quien en 2015 ya había propuesto llenar de militares los barrios populares). Obviamente, la oposición de derecha también acompaña la decisión de enviar tropas nacionales a Rosario, de hecho chicanea al peronismo diciéndole que le robó parte de su agenda.
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Desde donde sí surgieron duros cuestionamientos es desde sectores históricamente relacionados con la defensa de los derechos humanos y que, a su vez, llevan años desenmascarando la íntima relación que existe entre los empresarios del narco, las fuerzas represivas (tanto provinciales como federales) y funcionarios de todos los poderes del Estado. Una connivencia que, como en Rosario (vinculado a la estratégica ubicación de los puertos), alcanza niveles tan altos que ya transformaron el “negocio” en una crisis.
Poco después de que hablara el Presidente, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) calificaron el anuncio del envío de divisiones del Ejército a Rosario como “un hecho grave, que muestra el fracaso político para resolver con seriedad la violencia urbana y la limitación a un abordaje punitivista del problema”. El organismo, al que nadie podría calificar de opositor, afirma que “las acciones de defensa civil que pueden desarrollar las Fuerzas Armadas” (por caso, ante catástrofes naturales) “no tienen que ver con esta medida que busca una noticia de alto impacto”.
El CELS asegura que “la separación entre defensa nacional y seguridad interior” fue uno de los mayores logros de esta “democracia”, próxima a cumplir 40 años. En ese marco asegura que “lo anunciado se asemeja a los despliegues en fronteras realizados por distintos gobiernos en los últimos años: se envía a las Fuerzas Armadas a destinos en los que no deberían intervenir, en contextos para los que no están capacitados y en donde el sentido de sus funciones es poco claro”.
Por último, en un hilo publicado en Twitter, afirman que “la violencia no se reduce con acciones espasmódicas e improvisadas” como este anuncio del Frente de Todos. “En los últimos años, el despliegue de fuerzas de seguridad federales fue una moneda de cambio político entre el gobierno nacional y las provincias. A esta lógica, ahora suman a las Fuerzas Armadas”, sentencian desde el organismo.
“Lo del Gobierno es humo”
Por su parte la precandidata a presidenta por el PTS en el Frente de Izquierda Unidad, Myriam Bregman, salió al cruce del anuncio de la Casa Rosada y denunció que “el Presidente repite recetas de la oposición de derecha y de ese modo evita hablar de cómo se mueve el narconegocio”. En ese sentido, afirmó por Twitter que “no se necesita al Ejército en Rosario, con eso solo se busca lavarle la cara y avanzar en la política de introducirlos en la represión interna, cuestión que nos llevará a situaciones críticas como en México o Colombia”.
Bregman, diputada nacional y fundadora del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), luego amplió su posición en una entrevista en el canal televisivo IP . “Esto se puede abordar como un problema de ‘seguridad’ o como un problema integral. Si vos legalizás (las drogas) se termina el negocio. Ahora, esa legalización tiene que ir acompañada de fondos necesarios para todo aquel que tiene consumo problemático. Pero acá se hace al revés, se intenta reforzar con medidas de seguridad para entrar en una guerra sin fin”, detalló.
“Te lo diría con una palabra: humo. ¿Vos creés que Alberto Fernández no sabe lo que pasó en Colombia o México? Están dejando que el negocio continúe y toman medidas efectistas y mediáticas”, respondió Bregman ante la consulta de los periodistas.
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Desde Rosario también se expresaron referentes de la lucha por los derechos humanos que llevan años denunciando el negocio del narcotráfico al que se asocian funcionarios y policías. Celina Tidoni, abogada del CeProDH, expresó su “total repudio” a la medida anunciada por el Gobierno nacional. “A pocos días del 24 de marzo, donde en Rosario marchamos por la memoria de los 30 mil y de todos los pibes asesinados por la Policía, Alberto Fernández anuncia que traerá más fuerzas federales y el Ejército. Nada bueno podemos esperar de estás fuerzas represivas”, sentenció la docente y referente del PTS-FITU.
Total repudio! A pocos días del 24 de marzo donde en Rosario marchamos por la memoria de los 30 mil y de todos los pibes asesinados por la policía, Alberto Fernández anuncia que traerá más fuerzas federales y el ejército. Nada bueno podemos esperar de estás fuerzas represivas pic.twitter.com/zYsQoZJbiE
— Celina Tidoni 💚 (@CelinaTidoni) March 7, 2023
En esa línea también se pronunció Carlos del Frade, periodista y diputado provincial (FSP). “Cuando la señora Patricia Bullrich, la ministra de Gobierno de Santa Fe, Celia Arena, el diputado nacional Roberto Mirabella y ahora el presidente de la Nación, Alberto Fernández impulsan la participación del Ejército a través de la figura del narcoterrorismo, utilizada por los Estados Unidos desde los años noventa en todo el continente con el resultado de decenas de miles de personas muertas y cada vez más narcotráfico, lavado de dinero y control social sobre las juventudes; no hacen más que agravar y sobredimensionar lo que sucede en los barrios”, aseguró en sus redes sociales.
Desmintiendo el discurso militarista y punitivista tanto del Gobierno nacional como del provincial de Omar Perotti y de la oposición de Juntos por el Cambio, el investigador del narcotráfico recordó que en Rosario “nunca hubo tantos efectivos de fuerzas federales y nunca hubo tantos asesinatos como en 2022”. En ese marco, detalló que “el narcotráfico y el contrabando de armas son negocios, flujos de dinero que no se cortan con un tanque o drones, si no con la decisión de anular las transacciones bancarias de origen ilegal”.
Legalización, estatización y obras públicas
Así como desde el CELS acusaron de “espasmódica e improvisada” la medida del Frente de Todos, desde el PTS-FITU plantean la necesidad de encarar medidas de fondo para dar solución al drama que vive la población trabajadora en Rosario y otras regiones del país.
Para Myriam Bregman, ante todo “hay que estatizar los puertos bajo control de los trabajadores, controlando los barcos que entran y salen” a la vez que “hay que terminar con los aeropuertos privados”.
Además, la izquierda plantea que es necesario “terminar con el secretismo del sistema bancario y financiero, hacer pública toda la información de lo que entra y sale por allí para saber cómo se lava el dinero y cómo se fuga al exterior”. En esa misma sintonía, propone la medida más general de “nacionalización del comercio exterior bajo control de sus trabajadores”.
Por último, contrarrestando la idea oficial de que las Fuerzas Armadas se encarguen de la “urbanización” de los barrios pobres que el mismo Estado creó con sus políticas de miseria y hambre, Bregman dice que “hay que pelear por un plan de obras públicas, bajo control de las familias de los barrios, así se generarían viviendas y puestos de trabajo, imprescindibles para terminar con la dramática situación social que lleva a los ‘soldaditos de la droga’”.
Daniel Satur
Nació en La Plata en 1975. Trabajó en diferentes oficios (tornero, librero, técnico de TV por cable, tapicero y vendedor de varias cosas, desde planes de salud a pastelitos calientes). Estudió periodismo en la UNLP. Ejerce el violento oficio como editor y cronista de La Izquierda Diario. Milita hace más de dos décadas en el Partido de Trabajadores Socialistas (PTS).