Los servicios jurídicos de la Generalitat han transmitido al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya “la imposibilidad legal” de la sentencia que exige el 25% del castellano en la escuela catalana.
Ivan Vela @Ivan_Borvba
Miércoles 1ro de junio de 2022
El Govern aplicó un decreto ley este pasado lunes que establece un nuevo marco legal. Bajo este nuevo marco, los servicios jurídicos de la Generalitat han transmitido al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya “la imposibilidad legal” de la sentencia que exige el 25% del castellano en la escuela catalana.
Este nuevo decreto leyha cambiado las reglas y es este el motivo principal por el cual la sentencia que obliga al 25% del castellano en las aulas catalanas no entró en vigor este martes 31 de mayo, fecha límite.
El Govern sigue buscando fórmulas jurídicas para no enfrentar y rechazar frontalmente la sentencia. En este último intento, la Generalitat establece en su decreto ley que ambas lenguas serán de “uso curricular y educativo”, dejando el catalán como única lengua vehícular.
En el nuevo texto legal, la Generalitat rechaza establecer cualquier tipo de “porcentajes” e insta a los centros educativos a definir el uso del catalán y el castellano según sus características y diversidad social y lingüística.
Los centros educativos ya han recibido las nuevas instrucciones, y en los próximos meses deberán presentar el plan para el siguiente curso. Desde las escuelas se teme que sean ellos los responsables de la no aplicación de la sentencia que obliga a que el 25% de las clases sean en castellano e incurran de este modo en la desobediencia y en las posibles consecuencias.
Desde el Govern se ha señalado que la conselleria de Educació es la única responsable de este proyecto, pero conociendo el historial del Govern catalán para mirar a otro lado frente a los embates del Gobierno central y la derecha, la duda de los docentes es más que justificada.
Más teniendo en cuenta la relación que estos mantiene con el conseller Cambray, el cual está viviendo en estas fechas sus segundas jornadas de huelga del sector educativo, que además de rechazar sus políticas para el próximo curso, exige su dimisión.
Esta última jugada jurídica de la Generalitat, con el apoyo de los comunes, ha sumado más incertidumbre a la relación que mantiene ERC con Moncloa. Después de varios encontronazos, se suma uno más a la lista, añadiendo más incertidumbre a la legislatura de Pedro Sánchez.
Tampoco la derecha y la extrema derecha han perdido la oportunidad de volver a enarbolar el españolismo más rancio para exigir desde el cumplimiento de la ley de forma inmediata hasta la aplicación del 155 nuevamente.
No se puede esperar mucho más por parte de un Govern que sigue al milímetro las políticas de recortes y la infrafinanciación que empezó Artur Mas hace una década y que ha contribuido de forma activa durante los años posteriores, configurando una situación de retroceso y precariedad tanto de la educación pública como de la misma lengua catalana.
Ante tal ataque al catalán, es imprescindible que surja un gran movimiento que pueda torcerle el brazo no solo a las imposiciones de la judicatura española y al Régimen del 78, sino a las políticas de acatamiento del govern de Pere Aragonès en la línea de una vuelta al autonomismo.
