Según el Indec, más de la mitad de la población de Tucumán no tiene acceso a la red de gas o la red de cloacas; una de cada tres personas en reside en viviendas con materiales de calidad insuficiente y casi el 16% vive cerca de algún basural.
Viernes 3 de diciembre de 2021 17:32
El gobernador interino, Osvaldo Jaldo, aseguró en una entrevista que el año que viene, en Tucumán "tendremos obras por donde caminemos". Las obras públicas que se anuncian y nunca se ejecutan ya son un clásico, nadie les cree, y solo basta con levantar la vista o acceder a las estadísticas para contrastar con la realidad.
La pobreza se encuentra a niveles record y alcanzó al 46% de las personas, casi 420.000 personas en el aglomerado urbano Gran Tucumán - Tafi Viejo, a pesar del rebote económico. Pero los problemas no comenzaron con la pandemia, la gestión Manzur-Jaldo aumentó la pobreza en 20 puntos porcentuales desde 2016 y empeoró la calidad de vida de miles de personas.
El Indec mide la pobreza en función de un umbral de ingreso, la canasta básica total, que hoy es de 63 mil pesos para una familia tipo de 4 personas. Y con una metodología cuestionada ya que tiende a subvaluar los registros de la pobreza. Pero existen otras formas de conceptualizar la pobreza y de acercarse a otro tipo de medición, como el que surge del indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) o a través del "Indicador de condiciones de vida de los hogares" que surge de la Encuesta Permanente de Hogares.
De este último informe surge que en Tucumán, durante el primer semestre de 2021, el 29% de los hogares y el 33,6% de las personas, es decir una de cada tres personas, reside en viviendas con materiales de calidad insuficiente o parcialmente insuficiente, es decir, pisos de cemento, tierra o ladrillo suelto; techos sin cielo raso, de chapa, madera, caña o fibrocemento.
Con estos indicadores Tucumán se ubica muy por encima de la media nacional y del NOA, donde el porcentaje de hogares con materiales de calidad insuficiente asciende al 6,3% y al 14,8% respectivamente.
Otro dato relevante tiene que ver con el acceso a los servicios públicos esenciales (agua corriente, gas de red, cloacas). Del informe surge que el 40,8% de los hogares no tiene acceso a la red de gas (o sea que utilizan garrafa u otros insumos combustibles) y el 25,4% de las viviendas tampoco accede al sistema de cloacas.
Recordemos que todos estos servicios están en manos de empresas privatizadas (Gasnor) o parcialmente privatizadas (como la SAT, sobre la cual desde hace años llueven las denuncias por el desborde de aguas servidas y la falta de inversión).
De acuerdo al informe, el 49,5% de los hogares y el 54,1% de las personas no tiene acceso a alguno de los servicios públicos esenciales mencionados. Son más de 400 mil personas que no accede a la red de gas y unas 266 mil que no tienen acceso a la red cloacal en el aglomerado urbano de referencia. La falta de acceso a la red de gas de los hogares en Tucumán también supera ampliamente a la media nacional (29,8%) por un amplio margen.
Otro dato contundente que surge del informe refiere a las "Características del hábitat", y arroja que el 15,8% de las personas reside a menos de tres cuadras de un basural, y casi el 12% de los habitantes reside en zonas inundables.
Con este mar de fondo el gobierno puso quinta a fondo para cerrar un acuerdo con el FMI para refinanciar los plazos de pago de una deuda fraudulenta e ilegal, de la que sólo salieron beneficiados un puñado de especuladores financieros. A cambio de la extensión de los plazos de pago el gobierno presentará en los próximos días un plan "plurianual" centrado en la reducción del déficit fiscal, que presumiblemente apuntará a nuevos tarifazos en beneficio de las empresas privatizadas, devaluación y recorte en los presupuestos de Salud, Educación y obras públicas, como ya lo hicieron durante este año.
Hay que rechazar el acuerdo con el FMI y el plan de ajuste del gobierno, nada bueno puede venir de la mano de este pacto entre las fuerzas políticas tradicionales y el empresariado local en contra de los intereses del pueblo trabajador.
