Precariedad Laboral. El Banco de España receta más precariedad y peores salarios para los mayores de 50 años

En el informe, publicado por el Banco de España el pasado jueves, se señala la “gravedad” de la situación de los trabajadores de más de 50 años, como consecuencia de la pérdida de competencias y habilidades laborales, imprescindibles para mantener una “actividad productiva” en un mercado laboral cada vez más tecnologizado y competitivo.

El informe se apoya en datos del Programa de Evaluación Internacional de las Competencias de Adultos de la OCDE en las que se comparan por edades los índices de pérdida de capacidades con el paso de los años. Así, se constata estadísticamente la pérdida de capacidad física, comprensión lectora y numérica, y las dificultades in crescendo para manejar y asimilar las nuevas tecnologías. Además, sostiene el informe, se resiente la inteligencia que está directamente relacionada con la atención, la velocidad del procesamiento, la memoria y la habilidad espacial. Se ha demostrado, por otra parte, que el deterioro es más lento en todo lo que sea aprendido. Y, asimismo, se ganan competencias, según estos análisis, en las tareas de supervisión, organización y en la reacción ante contratiempos.

Todas estas condiciones, puesto que tienen una relación con la edad, afectan directamente a todo este grupo de trabajadores y trabajadoras, independientemente de su formación, aunque lógicamente las condiciones son mucho peores para quienes carecen o tienen poca formación. De hecho, aunque el informe incide más sobre el colectivo de baja formación, en realidad oculta que en la práctica estas recomendaciones van dirigidas para prácticamente la totalidad de los trabajadores/as mayores de 50 años.

Elevar la precariedad como receta

Ante esto y para combatir la mala perspectiva que los analistas del Banco de España auguran para este sector de nuestra clase, sobre todo a los de menor formación, no se les ha ocurrido otra cosa que plantear contundentes medidas de precarización laboral.

Estas medidas van en línea con lo que cínicamente llaman “flexibilización de las condiciones laborales”, facilitando así el uso a la carta de esta mano de obra, con bajos salarios, pérdidas de derechos esenciales y malas condiciones laborales. Por lo tanto, sería más bien hiperprecarizarlos.

Las medidas apuntadas y fijadas como un eje prioritario, de cara posibles futuras reformas laborales, consistirían básicamente en reducciones salariales, disminución de jornadas y/o de horarios (contratos a tiempo parcial, discontinuos, temporalidad extrema). Incluso plantean la posibilidad de combinar el trabajo con algún tipo de jubilación parcial. Es decir, lo que sería una “remake” de las microjubilaciones implantadas por Merkel que han llenado el mercado laboral en Alemania de personas jubiladas buscando empleos desesperadamente. Todo ello, para mayor regocijo de los empresarios, puesto que la necesidad de estos jubilados de tener que complementar sus ingresos insuficientes para desarrollar una vida digna, implica la disposición de una mano de obra barata y amplia a disposición para su explotación empresarial, que a su vez presiona para abaratar los salarios del conjunto de la clase trabajadora.

Las “recomendaciones” del Banco de España configuran un ataque frontal al conjunto de los derechos laborales de los trabajadores, al tratar de incrementar el ejército de reserva aumentando la oferta laboral a los empresarios para bajar el coste de los salarios y externalizar lo más posible esos costes a los capitalistas. Y todo ello justificado para que puedan seguir empleados, cuando la solución es más bien la contraria, bajar la edad de jubilación, al menos a los 60 años, y repartir el total de las horas de trabajo existente, sin disminución salarial, entre todos los trabajadores y trabajadoras en edad de trabajar.

Envejecimiento poblacional, paro y precariedad

Esto se plantea en un contexto general de enorme envejecimiento de la población ocupada en el Estado español. Una dinámica agudizada, sin duda, por las políticas de retraso de la edad de jubilación y de retroceso, si no eliminación casi total, de las prejubilaciones. Situación también facilitada por las enormes bolsas de paro juvenil debidas, entre otras razones, al tapón que se genera precisamente por no facilitar la salida del mundo laboral a los más mayores para abrir paso a los más jóvenes.

De hecho, la población española en general, y la laboral en particular, se encuentran entre las más envejecidas de Europa dados además los mínimos índices de natalidad actuales. La tasa de natalidad en 2018 fue de 7,94%, la más baja de la historia, y el índice de fecundidad (número de hijos por mujer) 1,26, lo que no garantiza el reemplazo poblacional y, por lo tanto, se produce una pérdida de población y desciende los índices de población joven. Todo ello, facilitado, entre otras razones por las dificultades enormes para encontrar empleos dignos para mujeres y jóvenes. Así como por lo raquítico de las prestaciones sociales para parejas jóvenes, imposibilidad de encontrar viviendas de alquiler a un precio razonable, la escasez de escuelas infantiles, la precariedad laboral inaceptable y que les impide emanciparse y tener una vida independiente y propia para la mayoría de jóvenes y mujeres, etc.

Esto hace que la situación en el Estado español, a este respecto, sea más aguda que en el resto de Europa. A lo que se añade que la propia estructura de desarrollo de los sectores productivos que más impulsan la economía española (turismo, hostelería, comercio, servicio doméstico, construcción, etc.), al tratarse de actividades que requieren de una actividad física más intensa, resulte aún más complicado para la continuidad laboral eficiente de los trabajadores al alcanzar edades avanzadas en comparación con otros países de Europa. En el sector industrial resulta más fácil hacer estas adaptaciones de reubicación y readaptación, sin embargo, ese sector cada vez tiene menos peso económico por volumen de asalariados en el Estado español, lo que dificulta esta salida.

Otro factor que hace más aguda la situación para los trabajadores de edad avanzada es el tamaño pequeño de la mayoría de la composición de su tejido empresarial. Esta estructura microempresarial, predominante respecto a la mayoría de los países de la UE, hace que sea más difícil adaptar los puestos de trabajo de personas con dificultades físicas de algún tipo, consecuencia de la edad o de otros factores, lo que complica la empleabilidad para estos grupos de edad y, en general, para personas con algún tipo de discapacidad.

Por eso, en el informe del Banco de España, se habla de que habría que generar políticas que favorezcan el incremento de tamaño del tejido productivo del Estado español. Pero esto es un deseo largamente “recomendado” (y anhelado) por los expertos, por muchas razones lógicas de índole económico, que sin embargo no ha tenido ninguna evolución positiva destacable. Los datos son elocuentes, el 42% de los trabajadores entre 50 y 54 años con baja cualificación están en empresas de menos de 10 empleados, mientras que en la eurozona esto se produce para un 28% de ellos.

Otro dato que destacan en el informe del Banco de España es que en el Estado español se producen niveles mayores de desempleo para ese tramo de edad, sobre todo de los que tienen menor formación, que en el resto de Europa. Aunque esto es un hecho para la totalidad de los tramos de edad, descontando el caso griego, en este tramo de edad concreto la evolución que se espera es más preocupante por los niveles en que pueda incrementarse esta población en los próximos años.

Además, la pirámide de edad juega en favor de todo este proceso dado que el “baby boom” en España se produjo entre 1957 y 1979, incrementándose enormemente esta cohorte de edad, y resulta que este grupo es el que ahora se encuentra o se acerca a estas edades, cercanas a la jubilación, pero que con el retraso de la misma deberán seguir trabajando. Con lo que se acentuará el envejecimiento y la problemática de la amenaza del desempleo o la precarización.

Nuevo Estatuto de los Trabajadores, burocracia sindical e ilusiones progresistas

La realidad es que nos encontramos inmersos en un período de más que seguras y fuertes amenazas a los derechos laborales por posibles nuevas reformas laborales planteadas por el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos. Y esas amenazas se derivan, entre otras cosas, del proyecto lanzado por el Gobierno de coalición, de elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Lo que no augura nada bueno.

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De hecho, tenemos como antecedente la denominada “agenda social” del PSOE que figuraba en su programa electoral. Ahí, ya se adelantaban algunas medidas de profundo calado en contra de derechos laborales de los trabajadores más esenciales, ante los que, por cierto, sus nuevos socios de gobierno, Unidas Podemos, no se han pronunciado hasta el momento.

Cuestiones como la denominada “mochila austriaca”, según la cual los trabajadores pasarían a pagarse su propio despido o al menos gran parte del mismo, o la modificación de la legislación contractual incluyendo una nueva modalidad que fue denominada como “contratos temporales estructurales”, una contradicción en sus propios términos y que parecería una especie de temporal sin causa definida asimilado al indefinido sin serlo, no aventuran nada bueno respecto de la posible reforma del Estatuto.

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Las supuestas garantías de que todo lo aprobado esté sujeto a la negociación con los “agentes sociales”, o sea, las cúpulas de las burocracias sindicales de CCOO y UGT, y las organizaciones empresariales, no son garantía de nada. Ya hemos visto como los jefes de los sindicatos “mayoritarios” han firmado o acatado pasivamente todo lo que se les ha puesto por delante y ahora, con un supuesto Gobierno “progresista”, ni siquiera defienden la derogación de las reformas laborales de Zapatero y Rajoy en su totalidad. Incluso se cree que la cesión del presidente de la CEOE ante la última subida raquítica del salario mínimo, tiene como contrapartida su mejor posicionamiento en la negociación de todos estos aspectos, mucho más relevantes, para lograr imponer los intereses empresariales en esa negociación.

La misma desconfianza puede tenerse ante Unidas Podemos, en minoría en el seno de un Gobierno social liberal del PSOE, que ya ha demostrado su grado de entrega a la disciplina de las instituciones del Régimen del 78 y de la UE en materia de gasto, disciplina fiscal o sumisión institucional a la monarquía, por ejemplo. Con renuncias muy llamativas entre las que se encuentran el apoyo a los intereses imperialistas del Estado español, los ataques al derecho a decidir del pueblo catalán, el mantenimiento de las políticas de persecución de los inmigrantes (concertinas, devolución en caliente, CIES, etc.); o en el campo de los derechos laborales las declaraciones de la ministra de trabajo miembro de Unidas Podemos en las que señalaba la “imposibilidad técnica de derogar la reforma laboral de Rajoy en su totalidad”, de la de Zapatero ni hacía mención.

Ante esto, solo será viable hacer frente a los ataques previsibles que se avecinan a los derechos laborales y sociales de los trabajadores, por parte de este Gobierno que se disfraza como progresista y de izquierdas, a través de la lucha independiente y unitaria de la clase obrera y los sectores populares, en la calle, siguiendo el ejemplo de las movilizaciones realizadas en Chile o Francia. Movilizaciones que deberán desbordar las burocracias sindicales de CCOO y UGT que no han hecho más que pasivizar y desviar las luchas.