El Consejo de Estado francés, la máxima instancia administrativa gala, invalidó este viernes el decreto municipal de Villeneuve Loubet, en la Costa Azul, que prohíbe en sus playas el burkini.
Viernes 26 de agosto de 2016
La decisión de este organismo generaba gran expectación en Francia por la posibilidad de que siente jurisprudencia en la treintena de municipios, incluidos Cannes o Niza, que desde principios de agosto han aprobado decretos similares para prohibir el burkini o ‘bañador islámico’.
"Esperamos que sea el final de una polémica, una polémica esencialmente política", indicó a la salida de la audiencia Patrice Spinosi, abogado de la Liga de Derechos Humanos (LDH), que había recurrido esa norma municipal contra el burkini.
Sin embargo, la decisión del Consejo de Estado mantiene una ambigüedad suficiente como para que la prohibición continúe vigente. El escrito dice que no se pueden ‘restringir las libertades’ a menos que ‘e demuestre que se está ‘amenazado el orden público’, una definición que abre la puerta a que las alcaldías sigan respaldando esas medidas contra el burkini.
"Si la tensión se mantiene alta, no lo derogaré porque el Consejo (de Estado) no me lo solicita personalmente", dijo a la cadena "BFM TV" Pierre Vivoni, alcalde socialista de la localidad corsa de Sisco, que prohibió el burkini utilizando la excusa de una pelea entre jóvenes corsos y familias de origen magrebí.
El primer ministro, Manuel Valls respalda las medidas de prohibición contra el burkini, aunque algunos miembros de su gabinete como la titular de Educación, Najat Vallaud-Belkacem, considera que la prohibición de ese bañador constituye "una deriva peligrosa para la cohesión nacional".
La oposición de derechas, por su parte, solicita al Ejecutivo medidas concretas para su prohibición en todo el país y adelanta propuestas como la del expresidente conservador y candidato a las primarias de Los Republicanos, Nicolas Sarkozy, que aboga por prohibir todo signo religioso en la escuela, la universidad, la Administración y las empresas.
Esta semana hubo protestas contra la prohibición del burkini y las medidas represivas del Estado francés en la embajada francesa en Londres y en varias localidades de Francia. Las organizaciones que protestan contra esta prohibición señalan que se trata de una medida completamente islamófoba y represiva, que al mismo tiempo profundiza la política del gobierno de Hollande contra las libertades democráticas.
Amnistía Internacional hizo declaraciones este jueves asegurando que la prohibición del burkini “se funda y nutre en prejuicios e intolerancias” y no, como pretextan las autoridades francesas, en la ‘protección de los derechos de las mujeres, en razones de seguridad, higiene u orden público’, "estereotipos negativos todos ellos contra una minoría ya estigmatizada".
Lo que sí se consigue con esa medida discriminatoria -resaltaron desde AI- es "favorecer una humillación pública", además de que "su aplicación conlleva violencias y un trato degradante para las mujeres y niñas musulmanas".
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La polémica se extiende a Alemania y Bélgica
El Gobierno alemán aseguró el viernes que hasta el momento no baraja la opción de prohibir en su territorio el uso del "burkini". En un encuentro rutinario con medios de comunicación, el portavoz del Ministerio de Interior, Johannes Dimroth, indicó, al ser interrogado al respecto, que no le consta que su departamento esté estudiando en modo alguno esa posibilidad.
Sin embargo, la semana pasada, el ministro de Interior, Thomas de Maizière, se refirió a una posible restricción del uso del velo integral islámico en espacios públicos. La propuesta de De Maizière fue la de prohibir el uso de velos integrales islámico, como el burka o el nicab, en centros educativos y entre los funcionarios públicos, así como en manifestaciones o cuando se conduce.
En Bélgica, el secretario de Estado para el Asilo y las Migraciones, el nacionalista flamenco Theo Francken, manifestó también su apoyo a una eventual prohibición del burkini en el país “en nombre de la igualdad entre hombres y mujeres”, si bien reconoció las dificultades jurídicas para adoptar esa medida.
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