REPRESIÓN FRANQUISTA. El Constitucional se niega a investigar la matanza de Vitoria del 76

Foto: Funeral de los cinco obreros asesinados por la Policía en Vitoria en 1976.

La matanza de Vitoria fue perpetrada por los “grises” del cuerpo de Policía Armada poco después de la muerte del dictador Franco y en plena “Transición española”. El 3 de marzo de 1976 efectivos de la Compañía de Reserva de Miranda de Ebro y de la guarnición de Vitoria dispararon indiscriminadamente contra una multitudinaria asamblea de 4000 obreros en huelga que se celebraba en la iglesia de San Francisco de Asís del barrio de Zaramaga, un populoso barrio obrero situado al norte de la ciudad.

En la represión fueron asesinados Pedro María Martínez de 27 años de edad, Francisco Aznar Clemente de 17, Romualdo Barroso Chaparro de 19, José Castillo de 32 años y Bienvenido Pereda de 30 años, mientras más de ciento cincuenta personas fueron heridas de bala. Posteriormente, durante los actos de protesta que se produjeron en todo el país, en la localidad vizcaína de Basauri, también fue asesinado Vicente Antonio Ferrero.

Foto: La Policía se prepara para irrumpir en la iglesia.

Los hechos son harto conocidos, ya que a de Vitoria fue una de las mayores matanzas que se produjeron en la llamada “Transición”. A pesar de ello y descaradamente, el Tribunal Constitucional ha contestado al recurso que pretendía investigar los hechos que “ha examinado el recurso presentado y ha acordado no admitirlo a trámite por no apreciar en el mismo la especial trascendencia constitucional”.

Gracias a la presión y exigencia de la Asociación de víctimas Martxoak 3 de Marzo, el recurso rechazado fue presentado por la Diputación y las Juntas Generales de Álava, y tras conocerse la resolución, el propio diputado general de Álava, Ramiro González (PNV), en una rueda de prensa ha criticado al Constitucional porque “fulmina sin explicaciones el derecho de las víctimas del 3 de Marzo” y le ha acusado que “despache el asunto entre líneas, sin ninguna motivación de porqué el asunto no tiene trascendencia constitucional”. Por otro lado, el diputado general ha defendido “que prevalezca el derecho a conocer la verdad, porque las víctimas tienen ese derecho a la verdad, la reparación y la justicia”.

Para los representantes de Martxoak la resolución es “sorprendente, insólita y vergonzante”. Una tarea en la que también ha ayudado el Ministerio Fiscal, dependiente del Gobierno del Partido Popular, que sin presentar recurso de réplica a la resolución facilitó que “se archivaran estas actuaciones sin más trámite”.

Tras el éxito del Tribunal Constitucional por tapar las cloacas del estado sin contestación social por parte de los grupos parlamentarios del Congreso, el siguiente paso de la Asociación 3 de Marzo sería la posibilidad, que ya están estudiando, de llevar la querella al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en nombre del propio colectivo o a título individual de distintas personas. Las víctimas del terrorismo franquista tendrán que volver a empezar de nuevo todo el trámite.

La doble vara de medir del “democrático” bunker judicial es evidente: ve más “transcendencia constitucional” y legitimidad legal en perseguir, multar, criminalizar y encerrar en prisión (con la ayuda del Ministerio fiscal y el sistema judicial) a todo periodista, artista, cantante o activista por exponer su libre opinión, que investigar el asesinato cometido por las fuerzas del orden bajo el mandato de Fraga y Martín Villa (ex-ministros franquistas).

Foto: Recorte de prensa de las declaraciones de Fraga tras los asesinatos.

En ese marco, es indignante que el llamado “consenso del 78” signifique en los hechos otorgar condecoraciones y medallas a un genocida como Martín Villa en el Congreso de los Diputados como sucedió el año pasado.

Nada de esto es casual. La realidad es que seguir adelante con tal recurso a fin de conocer y juzgar a los responsables directos e indirectos de este crimen de Estado (todos ellos ampliamente conocidos), significaría sentar al banquillo a gran parte del actual aparato estatal nacido del 78, empezando por el emérito Rey Juan Carlos I y los mandos policiales y militares.

Como sucedió con la investigación contra los crímenes franquistas en Euskadi, archivada por un juez bajo el argumento de que la Ley de Amnistía impide juzgar los crímenes franquistas, la investigación de los sucesos de Vitoria sentaría un precedente muy peligroso con el cual abrir la veda para juzgar las responsabilidades de la represión política y social del franquismo y el inicio de la “Transición”. Una situación que el Régimen del 78 no puede permitirse.