Carceles y coronavirus. El Covid-19 llegó a las cárceles y el Gobierno parece un mero espectador

El sábado por la noche fue la primera vez que el presidente Alberto Fernández se refirió a la situación gravísima que se vive en las cárceles y penales del país. El día anterior se había producido la protesta en el penal federal de Devoto, donde este domingo se confirmó que además de dos penitenciarios infectados de Covid-19, hay al menos un preso enfermo.

No hace falta ahondar en las condiciones inhumanas en las que viven las personas privadas de su libertad, en su inmensa mayoría pobres y presas por delitos menores contra la propiedad. Y sí hace falta recordar que la privación de la libertad y el cumplimiento de una pena no establece el despojo de todo derecho, aunque claramente en los hechos sucede.

El hartazgo y la desesperación de la población carcelaria frente a la inevitable propagación a un ritmo aceleradísimo del coronavirus en el penal, provocó la protesta a la que debieron acercarse, por primera vez, funcionarios del gobierno nacional y jueces.

Se hizo evidente que si no hubieran sido los propios presos los que, en algunos casos violentamente alzaron su voz para denunciar las crueles condiciones de vida dentro de los penales, nadie estaría ahora hablando del tema.

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El Ministerio de Justicia se mantuvo en silencio desde el inicio de la pandemia y frente a reclamos que se suceden en todo el país; recién el pasado viernes se hicieron presentes funcionarios de segunda línea obligados por las circunstancias, mientras Marcela Losardo sigue mirando por Tv un conflicto que amenaza con agravarse exponencialmente.

"Me preocupa la situación de las cárceles y vamos a tratar de tomar medidas sanitarias para evitar los contagios. Pero el tema de las excarcelaciones deben ser resulto por la Justicia", señaló el presidente Alberto Fernández este sábado por la noche.

Más que preocupación, el presidente debería arbitrar todos los medios, a través de los ministerios de Salud y Justicia para que, como mínimo, se realicen testeos a todos los detenidos de manera urgente y no “tratar de tomar medidas”. Las medidas se toman o no se toman y queda claro que la opción viene siendo esta última.

Los tribunales inferiores están haciendo caso omiso a lo que dispuso la Cámara de Casación Penal estableció los primeros días de abril: "que los órganos de la jurisdicción tomen razón y adopten los recaudos pertinentes" a fin de “garantizar la salud y la integridad de las personas privadas de libertad y sus familias frente a la pandemia", como indica el comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Casación indicó que se deben “adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de la libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva con el fin de identificar aquellos que pueden ser sustituidos por medidas alternativas a la privación de la libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del COVID-19”. Al mismo tiempo instó a “evaluar de manera prioritaria la posibilidad de otorgar medidas alternativas como la libertad condicional, arresto domiciliario, o libertad anticipada para personas consideradas en el grupo de riesgo como personas mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o con niños a su cargo y para quienes estén prontas a cumplir condenas”.

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Pasó casi un mes y esta resolución es papel mojado ya que los tribunales vienen rechazando la lluvia de pedidos de excarcelación solicitados.

Los que sí están activos son los genocidas y sus abogados que están aprovechando para buscar más impunidad, por más que se encuentren alojados en sectores privilegiados de los penales, lejos del hacinamiento y las condiciones degradantes. para ellos no debe caber el menor beneficio, son criminales de lesa humanidad y su lugar es la cárcel efectiva.

Resulta grave que no haya habido el menor anuncio oficial al respecto (además claramente de la ausencia de medidas con respecto a los miles y miles de desocupados y trabajadores en situación de riesgo), y que todas las noticias de los grandes medios se las lleve el cabildeo sobre las salidas recreativas.

Fernández, ubicado frente a esto como un observador periodístico, agregó que “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó a los países que firmamos el pacto de San José de Costa Rica que tengamos en cuenta la situación de las personas que están detenidas sin condenas en este contexto de la pandemia. (…) Pero con estos temas siempre aparecen voces críticas que tiene otras intenciones", subrayó.

¿Entonces? Massa, erigido en vocero de los sectores más reaccionarios que agitan contra todo derecho constitucional para las personas privadas de su libertad, esas “voces críticas” como tímidamente las llama Fernández, amenazó con sanciones a los jueces que ordenen excarcelaciones.

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Vale la pena recordar una vez más que el 57% de los presos y presas alojados en las cárceles federales de todo el país no tiene sentencia firme, y que la enorme mayoría (10451 personas de las 13358 alojadas en esos penales) se encuentra encerrada por delitos menores como robos, tentativas de robo, hurtos y tentativas e infracción a la ley de drogas (narcomenudeo).

De no mediar una salida urgente que lleve a la realización de test a toda la población carcelaria, que proceda a la desinfección integral de todos los penales y fundamentalmente, que descomprima el hacinamiento otorgando el derecho constitucional a la excarcelación de todos aquellos con penas no efectivas por delitos menores y no violentos, el gobierno nacional y los provinciales, junto al Ministerio de Justicia de la Nación como sus socios provinciales, seguirán siendo cómplices de este estado gravísimo, a punto de estallar y de hacer expandir el virus a toda la población de los penales y sus familias.