La inspección del organismo afirma que en el muelle de Arguineguín se está privando de libertad y poniendo en peligro la integridad de las personas migrantes. La respuesta del Gobierno “progre” del PSOE y Unidas Podemos no se diferencia de la que daba el Gobierno neoliberal del PP.
Elías Lavín Madrid
Viernes 27 de noviembre de 2020
El racismo institucional está más vivo que nunca. Si bien los argumentos de la derecha engrandecen el discurso antirracista del Gobierno, a las personas concentradas en el muelle de Arguineguín no les reciben discursos, sino el control policial y el encierro contra voluntad. Las esperas indefinidas de los y las migrantes en Canarias se explican por la intención del gobierno del PSOE y Unidas Podemos de convertir al archipiélago en un tapón de contención desde el que realizar devoluciones en caliente. Es parte de la política de Estado del Gobierno y de política de fronteras la UE.
El Defensor del Pueblo viajará a Canarias la semana que viene. El diagnóstico de Francisco Fernández Marugán es claro: “privación de libertad” y puesta en “riesgo de la integridad física”, entre otras graves vulneraciones de derechos fundamentales. El organismo ha remitido a Interior un documento en el que pide el “cierre inmediato” del campamento en el muelle, y recoge dos puntos al final del dosier que detallan algunas de las vulneraciones de derechos fundamentales que se están cometiendo.
Abierto el 20 de agosto, el muelle tiene capacidad para 400 personas, la ley establece un máximo de permanencia de los migrantes de 72 horas. Es sobre esta base que el Gobierno emplea las instalaciones como parte de un tapón migratorio en las Islas Canarias: el muelle ha llegado a albergar 2.600 personas, muchas de las cuales han sido retenidas durante más de tres semanas. La crisis migratoria está siendo gestionada por el Gobierno con las mismas herramientas neoliberales que emplearía la derecha.
Todas las personas duermen en el suelo y para comer no se emplean cubiertos “por seguridad”, es por ello por lo que, bajo este pretexto, tan sólo se sirven bocadillos. Migraciones no ofrece una alternativa de fondo, su único compromiso es construir unos campamentos militares donde acoger a los migrantes. Estas tiendas de campaña tendrán en conjunto una capacidad de 7.000 personas, un número similar al que hasta el momento ya están albergando los hoteles.
Interior ya había expresado que el propio muelle carecía de condiciones para la acogida. Ante la grave situación, el defensor del Pueblo ha decidido desplazarse a la zona, especialmente tras saber los resultados de la inspección por sorpresa que se realizó el pasado 16 de noviembre. Con esta inspección se pretendía obtener información sobre el trato que reciben los migrantes en el campamento y en la red de acogida de las islas.
Gran cantidad de organizaciones como HRW, CEAR y Amnistía Internacional ya habían exigido el cierre del muelle debido a la vulneración de derechos humanos contra los migrantes. Sin embargo, el diagnóstico del Defensor del Pueblo ha venido a comprobar lo que todos sabían: se están vulnerando derechos fundamentales. Hasta el momento, las autoridades tienen planeado trasladar en breve a las personas encerradas en el muelle a un campamente con capacidad de 800 personas en el antiguo polvorín de Barranco Seco, en Las Palmas de Gran Canaria, el cual funcionará como Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE).
Hace unas semanas la ministra española de Exteriores, Arancha González Laya, aseguraba que “todas las devoluciones que haga España se harán de acuerdo a lo que dicta la Ley. La Ley, los Tratados Internacionales que España ha suscrito en esta materia, ni más ni menos”. Y a continuación ha planteado que en estos momentos lo que se está produciendo es la llegada de muchas personas, jóvenes y hombres, provenientes de países como Marruecos, Argelia, Senegal y Mauritania, por motivos económicos, “escapando del desempleo”. Con estas palabras, ha dejado claro que no considera a esas personas como posibles peticionantes de asilo, ni como personas vulnerables, sino como migrantes “económicos”, y por lo tanto, que van a ser expulsados.
Mantener las devoluciones en caliente, las deportaciones, la construcción de CIEs y la reaccionaria Ley de Extranjería, negándose a regularizar a las personas migrantes, es otra demostración más de que el Gobierno “progresista” perpetua el racismo institucional. Los ministros de Podemos e Izquierda Unida se muestran, una vez más, como un apéndice del PSOE, plenamente integrados en el Régimen del 78.
La reanudación del conflicto en el Sahara Occidental frente a la ocupación marroquí no puede entenderse como un hecho independiente de la política exterior en materia de migraciones del Estado español. La opresión marroquí sobre los territorios saharauis también es avalada con el silencio de los ministros de un Estado que quiere a Marruecos como cancerbero de sus fronteras. Las fuerzas del orden de Marruecos actúan así, con el aval de la UE, como una suerte de policía externalizada de la policía fronteriza del Reino de España. Esta la mágica fórmula que permite al Gobierno progresista externalizar la represión y encierro de los migrantes y solicitantes de asilo que en el muelle de Arguineguín da tan mala prensa. Como dice el refranero, ojos que no ven, corazón que no siente.
