Con dos jueces formalizados, un fiscal bajo investigación y un sumario sobre la Corte de Apelaciones, es el saldo actual del llamado “Desastre de Rancagua” que deja ver una crisis aún mayor.
Domingo 28 de abril de 2019
El Poder Judicial enfrenta una grave crisis. La Corte de Apelaciones de Rancagua ha estado en el centro de atención por los diversos casos de corrupción que han estallado en el último tiempo producto de la relación entre jueves, abogados y casos emblemáticos que salpican al mundo político.
Con esta crisis se abrió un duro cuestionamiento al funcionamiento de la justicia. Mientras miles de jóvenes pobres son arrojados al hacinamiento en cárceles miserables, los millonarios y poderosos son premiados con clases de ética.
Ante el ojo público queda a la vista una justicia para ricos y una para los pobres. Un síntoma estructural de éste régimen, que sumado a otros casos de corrupción, como el financiamiento ilegal a la política con los casos PENTA y SQM, no hace más que seguir hundiendo la legitimidad de este sistema injusto.
Esta crisis pretenden salvarla con algunas medidas, tales como el nombramiento de notarios y algunas reformas al sistema de nombramiento de jueces. Sin embargo la crisis es más profunda, pues la injusticia y la desigualdad son estructurales a este sistema.
El Poder Judicial está contra las cuerdas, cuestionado por los privilegios y la corrupción que rebalsa a la casta de jueces, golpeando la confianza y credibilidad de todo el régimen con lo que no se hace más que cultivar un mayor descontento en la población.
Es necesaria una transformación radical al sistema judicial, que lo haga democrático y que acabe con la casta de jueces, ministros y abogados. Se requiere una modificación profunda como es la elección popular de los jueces, la reducción del salario igual a la de un trabajador calificado y la implementación al sistema de jurados.
