En la semana en que triunfó la movilización en Mendoza contra el intento de reformar la 7722, Río Negro anuncia su intención de sumarse a la lista de provincias que ponen en riesgo sus recursos hídricos en pos de la ganancia capitalista.
Domingo 29 de diciembre de 2019 18:34
Restos mina de plomo El Gonzalito (San Antonio Oeste), más de 30 años de pasivos ambientales no resueltos | Foto Noalamina.org
Uranio y cianuro: la fórmula de éxito
Luego de 4 años de “promoción” de la actividad minera con exenciones impositivas de la mano del pacto fiscal macrista y del pacto federal minero, y sucesivas ventajas orientadas a la exportación, el envión dado por Alberto Fernández a la minería al declararla una “prioridad”, corona un recorrido que supo enfrentar la resistencia de comunidades originarias, ambientalistas y trabajadores desde 1998 en la provincia.
Hace hoy ocho años la legislatura de Río Negro derogaba la ley 3981 que prohibía el uso de cianuro y mercurio en actividades mineras, a pedido del Gobernador peronista Carlos Soria. Se abría así el camino para imponer el saqueo minero en la provincia.
Pocos días antes, la por entonces legisladora y actual titular del INAI, Magdalena Odarda decía que esta derogación “abre las puertas a la devastación ambiental y a la apropiación y la consecuente acumulación que sólo beneficiará a los sectores extractivistas, amén de algunas regalías que -malgastadas- no le servirán al gobierno para compensar las incontables pérdidas que puede provocar esta actividad”
Esta semana, casi en paralelo a que el DPA apruebe el uso de agua en Calcatreu para la puesta en marcha de la mina de oro y plata en manos de la británica Patagonia Gold, la legislatura declaraba por unanimidad la emergencia económica provincial. Esta medida poco tiene que ver con aliviar la grave situación social de la población, sino con asegurar a los acreedores la disponibilidad del dinero público para los vencimientos de deuda.
De este modo, la “bendición del subsuelo” servirá para pagar una deuda descomunal que permitió a Alberto Weretilnek sortear los últimos cuatro años de gobierno sin grandes sobresaltos, mientras implementaba el ajuste macrista. Mientras tanto, como en Jachal o Brumadinho, una enorme pila de desechos y agua contaminada será la realidad para miles de rionegrinos.
Tres amenazas que son proyecto
El informe “Potencial Minero en Argentina” publicado en octubre de este año por la Dirección Nacional de Promoción Minera, destaca tres proyectos avanzados de minería metalífera.
Por un lado los proyectos de oro y plata Calcatreu, a 60 km de Jacobacci, y Mina San Roque en inmediaciones de Valcheta, se proponen extraer el mineral a través del proceso de minería a cielo abierto con comprobados desastres ambientales como antecedentes. La deposición de enormes diques de cola de solución cianurada son un riesgo demasiado alto para la población de una zona donde el agua escasea.
Por el otro, el proyecto minero de uranio Amarillo Grande en el bajo Santa Rosa, a 100 km de Lamarque y 95 de Valcheta, de la minera Blue Sky Uranium Corp, que constituye un riesgo enorme debido a la técnica de lixiviación in situ que se aplicará sobre uno de los acuíferos más importantes de la provincia.
Un modelo de ¿desarrollo?
La falacia de que el dinero generado por la extracción minera servirá para sostener un proceso de industrialización y crecimiento, se da de bruces con la reprimarización de la economía que la división internacional del trabajo impone a nuestro país, así como con lo ejemplos de provincias que poniendo en el centro de su matriz productiva la megaminería contaminante no han evitado la crisis económica como Santa Cruz o sufrido daños socio ambientales irreparables como San Juan.
Las expectativas puestas en el gobierno de volver al ciclo de “crecimiento a tasas chinas” de la década pasada no encuentran asidero en la apuesta a una actividad que generará menores ingresos luego de la reciente rebaja de las regalías mineras de 12 % a 8 %. Las expectativas de generación de empleo en zonas dejadas de lado por el capitalismo local, como la línea sur de Río Negro, encontrarán trabajo escaso, mal pago e insalubre a condición de arriesgarlo todo ante la tragedia de la contaminación de un bien escaso como el agua en zonas centralmente ganaderas.
Proveedor de materias primas para un mercado mundial en contracción desde la crisis abierta en 2008, el país sólo avanzaría en el camino de ser depositario de los desechos químicos y radiactivos que estas actividades generen, mientras los pocos beneficios económicos derivados de la exportación se irán en el pago de una deuda ilegal, ilegítima y eterna o a las casas matrices de la mineras.
Río Negro no escapa a esta perspectiva. Con el nuevo impulso al fracking en la provincia en 2013, hoy corona con la habilitación del proyecto Calcatreu la reconversión productiva hacia una matriz centrada en la extracción en lugar de la producción.
Como dijera Alberto Fernandez en su discurso de asunción “es necesario generar los dólares para pagar esta deuda”, y echar mano a la megaminería es el recurso prioritario impuesto a tal fin, como lo hicieron el FdT y la UCR en Mendoza. Porque como lo expresó el diputado Nicolás del Caño en el último debate presidencial “en el pacto de saqueo de nuestros bienes naturales” no hay grietas. Un pacto donde lo único sustentable son las ganancias de las empresas.
Laura Santillán, referente del FIT-U en la provincia señaló que “en Mendoza con nuestro compañero diputado Lautaro Jimenez rechazamos desde un principio la derogación de la 7722 y acompañamos la movilización de las asambleas y el pueblo que dijo el agua no se toca. El enorme triunfo de la movilización popular en Mendoza nos marca el camino para derrotar este saqueo. Estamos por la prohibición del fracking y la megaminería, apuntando a una transición energética sustentable al servicio de los sectores populares, que respete los derechos de las comunidades originarias y de las poblaciones al agua y a un ambiente saludable”.
