Algunos ejemplos históricos para plantear que el Estado y las clases dominantes, han sido y son los principales ocupantes de tierras, y que lejos de responder a una necesidad, siempre lo han hecho en función de las ganancias de las minorías privilegiadas.
Lunes 7 de septiembre de 2020 | Edición del día
Bueno, desde hace algunas semanas se puso en debate un tema “histórico” en Argentina, como es el tema de la tierra. Esta vez, en relación a la miseria generada por el capitalismo de nuestro país y acrecentada con la crisis que estamos atravesando: decenas de miles de familias, en diversos lugares de todo el país, y particularmente en las zonas más pobres del conurbano, fueron expulsadas de sus viviendas por no poder pagar los alquileres, o los servicios, estando obligados a ocupar tierras donde vivir y construir sus precarias casas. La discusión versa, digamos, sobre “la propiedad de la tierra”. Como siempre, los dueños del país, los defensores de la propiedad privada, el gobierno nacional y provincial, y los medios adictos comenzaron una campaña de demonización de quienes ocupan tierras bajo el sacrosanto llamado a respetar la “propiedad”.
Bueno, en esta columna quería referirme a algunos ejemplos históricos para plantear que el Estado y las clases dominantes, han sido y son los principales ocupantes de tierras, y que lejos de responder a una necesidad, siempre lo han hecho en función de las ganancias de las minorías privilegiadas.
Partamos de una premisa: antes de la independencia de 1810, lo que hoy es Argentina, en realidad eran una serie de ciudades conectadas únicamente por la voluntad administrativa de la metrópolis, y la producción agrícola y ganadera era ínfima. Es decir la “propiedad” de la tierra como la conocemos hoy es un asunto que se empieza a poner en cuestión con mayor énfasis durante el siglo XIX y va de la mano con la constitución del Estado nacional y la incorporación de Argentina al mercado mundial. En otras palabras, lejos de pensar en una propiedad “eterna”, gestada por los siglos de los siglos, tenemos que pensar en un régimen de propiedad construido en los últimos 150 años, sobre la base de un modelo que mayoritariamente consistió en la gran propiedad terrateniente y absentista (es decir, en la que los dueños ni siquiera conocían sus tierras) dedicada a la exportación.
Ya desde la época de Rivadavia podemos detectar las primeras operaciones en el sentido de una apropiación privada de tierras “publicas”. Una de las operaciones más famosas está vinculada al conocido empréstito Baring. El préstamo requerido a la casa londinense implicaba que ante la falta de fondos, se hipotecaba el conjunto de la tierra pública.
A partir de esta cláusula, Rivadavia decidió aplicar el sistema de “enfiteusis” por el cual los productores rurales podrían ocupar y hacer producir las tierras públicas, no como propietarios sino como arrendatarios. Los grandes propietarios aprovecharon el sistema de enfiteusis para acaparar enormes extensiones de tierra con el desembolso mínimo que les permitía la ley. Muchos colaboradores directos del propio régimen, pero también en los años posteriores, fueron los enfiteutas más beneficiados, entre ellos las familias Anchorena, Alvear, Ortiz Basualdo, Bernal, Bosch, Braun Menéndez, Bullrich, Díaz Vélez, Blanco Vilegas, Larreta, Lezica, Lynch, Miguens, Obarrio, Ocampo, Olivera, Ortiz Basualdo, Vidal, Sáenz Valiente y otras.
Sin embargo, contra la interpretación historiográfica revisionista, que deja en manos de los “liberales” el tema de la concentración de tierras, fue durante la etapa del rosismo, cuando se dio un verdadero proceso de acumulación originaria para los grandes terratenientes pampeanos. Durante su gobierno la ganadería creció. Para darnos una idea del aumento vertiginoso de la concentración de riqueza en esa etapa: en los tiempos de Rosas el 10% de los contribuyentes reunía más de la mitad de la riqueza.
Por otra parte, esta “acumulación originaria” tuvo su correlato en la transformación de pequeños propietarios y campesinos en trabajadores rurales. La persecución y control de los “vagabundos”, el refuerzo de los jueces de paz que exigían la libreta de “conchabo” para circular en el territorio, y la criminalización de los gauchos, tuvo la finalidad de incorporarlos forzosamente al sistema productivo basado en el modelo estanciero-saladeril.
Sin embargo una de las “gestas” más importantes para los grandes terratenientes pampeanos fue la extensión de la frontera sur de la provincia, de la mano del ejercito liderado por Rosas en la llamada “campaña del desierto”, avanzando sobre tierras en que habitaban pueblos indígenas, como los pampas, los ranqueles, los tehuelches y los araucanos ubicados en la Pampa y el norte de la Patagonia . Para esto estableció una doble política de negociación y consideración con las “tribus amigas o aliadas” y persecución y muerte para las que no se sometieran a su mando.
Claro que el propio Rosas se quedó con algo de todo esto. Tengo una fuente del parlamento de aquel entonces que dice: la Sala de Sesiones, en Buenos Aires, á 30 de septiembre de 1831: “se donan al Brigadier General don Juan Manuel de Rosas, en plena propiedad para él, sus hijos y sucesores, sesenta leguas cuadradas (unas 140 mil hectáreas) , en terrenos de pastoreo de propiedad pública en los puntos de la campaña de esta Provincia, que él elija, sin perjuicio de los enfiteutas que lo poseen, como lo propone en su citada nota”.
Entre 1834 y 1852 se entregaron por combates contra los “indios” 106,45 leguas (247 mil hectáreas) que fueron las efectivamente escrituradas entre 18 personas.
Vayamos sin embargo unos años más adelantes: en 1855 el General Urquiza firma el decreto el día 2 de abril autorizando la construcción de la línea denominada Ferrocarril Central Argentino. Sus accionistas fundadores, eran: el embajador inglés Mr. Edward Thonrnton, el cónsul británico Mr. Frank Parish, el Gobierno Nacional, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el General Justo José de Urquiza y el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
El contrato, que luego sufrió modificaciones, tenía una cláusula que estipulaba que el gobierno donaba a la empresa una legua de terreno a cada lado de la línea férrea, es decir 2 leguas en toda la extensión de las vías, una superficie de 346.727 hectáreas en la zona más fértil de la Republica.
Para finalizar, un ejemplo que hemos comentado en otras columnas sobre la llamada “conquista del desierto”: las campañas militares de la década de 1870 que aniquilaron a poblaciones indígenas enteras, incorporando más de 20 000 000 de hectáreas de bajo precio y dotando a la propiedad del suelo de una sólida garantía estatal, significaron para familias como la Anchorena que de sus 1 000 000 de hectáreas, hubiese 800 000 que fueron adquiridas en base a los nuevos territorios que el Estado había saqueado a los indígenas.
En síntesis: las formas de apropiación de la tierra durante toda la historia “inicial” de la propiedad agrícola-ganadera, se basaron en negocios con el estado, guerras, aniquilación de las comunidades indígenas, y acuerdos con el gran capital extranjero. Es decir, una historia de usurpación, ocupación y saqueo del “patrimonio público” a manos de privados, y su consecuente impacto en la aniquilación del pequeño propietario. Estas formas se extendieron durante todo el siglo XX, y valga mencionar a los Lewis, a los sojeros que arrasan con las comunidades Quom en Formosa, o a los actuales desalojadores de los que no tienen nada en pos de la construcción de barrios cerrados.
