El poder judicial de la Provincia de Jujuy cito a juicio al secretario gral. del SOEAIL, Rafael Vargas, y a demás miembros de la directiva del gremio, quedando a la luz un nuevo procedimiento de aleccionamiento de referentes sindicales e intento de disciplinamiento del movimiento obrero, orquestados por el poder en la sombra del monopolio azucarero y el gobierno de Morales. Rechazamos la elevación a juicio de los dirigentes azucareros, exigimos su desprocesamiento, y defendemos el derecho a la protesta de los trabajadores.

Miguel López Diputado provincial PTS-FITU Libertador Gral. San Martín-Ledesma
Miércoles 11 de marzo de 2020 16:21
El Tribunal Criminal N° 3-Vocalia N° 9, con domicilio en Argañaraz esquina Independencia de la Ciudad de San Salvador de Jujuy, envió una cedula de notificación a los domicilios de los dirigentes del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma-SOEAIL-, Rafael Vargas, Roberto Perea, Jose Soruco, Ricardo Aguilera y Pablo Lembo, que cita a la parte sindical como a la parte patronal a juicio por los hechos ocurridos en una huelga y movilización de obreros azucareros del año 2016.
Ledesma SAAI denuncia a la directiva sindical azucarera de haber incurrido en el delito de turbación a la posesión privada, cuando en realidad lo que ocurrió fue un paro activo en el lugar de trabajo y una movilización, es decir lo único que hicieron los trabajadores azucareros fue ejercer el derecho inalienable a la huelga y a la protesta social, que por otro lado fue hasta una huelga antes anunciada ante el Ministerio de Trabajo y a la que llegaron los obreros luego de realizar varias asambleas y de mandatar a la comisión directiva a sendas reuniones paritarias en las que no hubo acuerdo con la patronal en demandas como un aumento salarial que lleve al sueldo a un monto similar al que estaban pagando en ingenios más pequeños como el Ingenio San Isidro, y mejoras en las condiciones laborales.
Vale agregar que aquella medida de fuerza de los trabajadores azucareros fue duramente reprimida por la policía provincial que bajo órdenes del gobierno de Gerardo Morales y el poder judicial actuó disparando balas de goma y gases lacrimógenos desde adentro del predio del Ingenio Ledesma contra los manifestantes, tal como si esta fueran el brazo armado de la empresa de la familia Blaquier. La represión en la que la policía provincial actuó en común con la jefatura de seguridad del ingenio tuvo como saldo varios obreros azucareros heridos por el impacto de balas de goma en su cuerpo.
Todo esto ocurrió porque la empresa Ledesma negó a los huelguistas ingresar por los caminos internos por los que diariamente ingresan y egresan tanto obreros de la firma y de empresas tercerizadas, como también camiones que se dirigen al ingenio para ser cargados de bio combustible y otros camiones que llegan al portón de la planta de gas con acoplados repletos de caña de azúcar.
En aquel momento, el gobernador Morales no contento con haber ordenado la represión de los obreros del Ingenio Ledesma, y hacer actuar a la policía como brazo armado de la empresa y en comunión con la seguridad de la misma, intento cobrarle una multa al SOEAIL por manifestarse en la ruta nacional 34.
Por todo lo dicho, queda claro que la elevación a juicio de los dirigentes sindicales del SOEAIL a casi 4 años de haber ocurrido la huelga de los trabajadores azucareros de Ledesma es una nueva medida del poder judicial, adicto a la empresa Ledesma y direccionada por el gobierno provincial, busca defenderse del cuestionamiento, por ser responsable de los presos políticos que hay en la provincia y de los juicios contra políticos opositores, dirigentes sociales y sindicales, acelerando los juicios que condenan el derecho a la huelga y la movilización obrera, y defienden la represión policial como defensa de la propiedad privada de la familia dueña de gran parte de Jujuy, los Blaquier.
Con estas medidas el poder judicial y el gobierno buscan aleccionar a dirigentes sindicales y disciplinar al movimiento obrero, tal como viene ocurriendo con el juicio a dirigentes sindicales, sociales y políticos opositores de izquierda, como Gastón Remy dirigente del PTS-FIT, que participaron de la manifestación a la casa de piedra a principios de Abril del 2018 en momentos en que se iniciaban las sesiones ordinarias de la legislatura provincial y daba el discurso de apertura el gobernador Morales. En síntesis, quieren seguir imponiendo un régimen policial muy favorable para el acrecentamiento de las ganancias de la empresa Ledesma. Por esto rechazamos esta elevación a juicio de Rafael Vargas y demás dirigentes del SOEAIL, y exigimos su desprocesamiento.
Es necesaria la más amplia solidaridad, unidad y movilización de las organizaciones de los trabajadores ocupados y desocupados, pueblos originarios y organismos de derechos humanos contra los juicios a los dirigentes azucareros del SOEAIL como contra el juicio que actualmente se desarrollan contra los dirigentes sociales, sindicales y políticos opositores que se manifestaron a la legislatura allá por el 2018, por su desprocesamiento, como por la libertad de los/as presos/as políticos/as, entre ellos/as Milagro Sala.