Pensiones. El Gobierno avanza en la privatización de las pensiones dando luz verde al “fondo público de pensiones”

La contrarreforma de las pensiones centrada en la privatización y reducción de las pensiones públicas es una de las reformas estructurales esenciales, junto con la profundización de las contrarreformas laborales de Zapatero y Rajoy, exigidas desde Bruselas para dar vía libre a los 140.0000 millones de los fondos Next Generation que ya están llegando al Estado español para hacer frente a la crisis económica generada por la pandemia. El Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, haciendo gala de verdadero “progresismo”, ha abrazado y puesto en marcha a pleno rendimiento estos recortes de pensiones, actuando como un alumno aventajado de las políticas de ajuste fiscal y presupuestario tanto de la UE, como del Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Políticas cuyo elemento estructural sigue pasando por nuevos ataques a los derechos económicos, laborales y sociales de la clase trabajadora y las clases populares para garantizar la disciplina presupuestaria y la reducción del déficit público.

Así, el Gobierno comenzó aprobando una primera parte de recortes de las pensiones en agosto de 2021, que continuaban la senda de las adoptadas por Zapatero en 2010 y Rajoy en 2013. En la línea de aumentar la edad real de la jubilación para llevarla definitivamente a los 67 años, además de fijar un nuevo índice de subida de las pensiones, el IPC medio, que se sacó de la chistera y que ha supuesto una pérdida de poder adquisitivo de al menos 3,5 puntos en 2021 para los pensionistas, puesto que frente a la subida del 2,5% el IPC alcanzó el 6,5% a finales de año.

Además, aunque derogaba el denominado factor de sostenibilidad de Rajoy, lo cambiaba por otro factor denominado “generacional”, que implica futuros recortes en función de la evolución del déficit de la Seguridad Social. Una Seguridad Social que sufre continuos ataques en sus ingresos por los bajos salarios, por la vía deducciones de la cuota y de las tributaciones empresariales, por ERTE o por cualquier estímulo a la contratación. O no digamos ahora con el nuevo mecanismo Red implantado en la nueva contrarreforma laboral que generaliza la flexibilidad laboral, poniendo barra libre al despido empresarial a costa de las cotizaciones de la seguridad social y de trasvase del pago de los salarios al erario público. Un nuevo agujero por donde podrán abrirse enormes vías de agua a los recursos públicos de la Seguridad Social.

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De hecho, con este nuevo sistema la empresa podrá deducirse hasta un máximo de 115 euros al mes por trabajador. Por lo que todo parece augurar nuevos déficits de las pensiones y, en consecuencia, nuevos recortes en pensiones y ampliaciones en el cómputo de los años, hasta acabar llegando a toda la vida laboral. Y, por supuesto, más aumentos en la edad de jubilación, algunos analistas hablan de los 70 años como edad para jubilarse.

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Mientras, en ningún caso se contempla incrementar la fiscalidad sobre las grandes fortunas o las grandes empresas del IBEX 35, que han obtenido unos beneficios de miles de millones de euros el año pasado recuperando niveles históricos en los beneficios. De conjunto en 2021 obtuvieron ganancias de más de 55.000 millones de euros, o la banca logró beneficios de más de 22.000 millones, mientras las y los trabajadores están sufriendo más ataques a su poder adquisitivo con una inflación disparada en enero de 2021 (6,1%). Como contracara el salario mínimo ha subido tan solo un 3,5% y la negociación de los convenios está suponiendo subidas entre el 1 y el 1,5% en el mejor de los casos.

Una nueva reforma para atacar las pensiones públicas

Ahora y siguiendo la línea de los recortes estructurales en pensiones, el Consejo de Ministros de este martes ha aprobado la segunda reforma de las pensiones del Gobierno “progresista”. Un segundo paquete que podría pasar desapercibido, pero que, sin embargo, supone un enorme ataque a las pensiones, dado que pone las vías hacia su privatización.

Lo hace introduciendo un sistema mixto público-privado generalizado de aportaciones que saldrán de las nóminas para cotizar por una parte como hasta ahora para las pensiones públicas, combinado con otras aportaciones a un fondo generado desde el gobierno, pero gestionado por entidades privadas. Es decir, un sistema contributivo de carácter público-privado que nace desde el seno de la negociación colectiva y de la propia empresa, contando con el beneplácito de la burocracia sindical que se ha apuntado a carro y contribuirá con su apoyo técnico y sindical para dar soporte en el proceso. A cambio de importantes beneficios financieros para la burocracia sindical de CCOO y UGT que sin duda obtendrá generosas prebendas por estas gestiones.

La idea es dar un impulso fuerte y definitivo al ahorro complementario destinado a la jubilación haciendo que millones de trabajadores entren por esta vía de suplementar sus pensiones ante un futuro incierto sobre el nivel en el que podrían quedar sus ingresos una vez jubilados en caso de no hacerlo así.

Los Presupuestos Generales del Estado de 2022 recogían ya una diferenciación de la fiscalidad importante entre los planes individuales y los colectivos, para estimular estos últimos que son la clave de bóveda de toda esta operación de privatización de las pensiones. Las diferencias son enormes. Mientras en los planes privados la deducción de la base imponible es de 1.500 euros, en los planes colectivos puede ser de 10.500 euros. Además, el Gobierno limitará las comisiones que puedan llevarse las gestoras de los fondos. El tope, sin embargo, se ha dejado abierto en el decreto para concretarlo en el reglamento posterior.

La intención del ministerio parece ser establecer el máximo en un 0,3% frente a los márgenes existentes hasta ahora entre el 1,05% y el 1,7% dependiendo del producto del que se trate. En cualquier caso, quede como quede el margen final del coste de gestión será un chollo para las entidades financieras y de gestión, puesto que va a suponer un auténtico pelotazo por el volumen que se espera que pueda mover.

El calendario en la implementación de este nuevo ataque a los derechos de los pensionistas está bastante ajustado según las exigencias de la Comisión Europea, puesto que deben estar activos en la segunda mitad de 2022 si se quiere recibir el nuevo tramo de los fondos Next Generation por valor de 6.000 millones de euros.

El Gobierno “más progresista de la historia” tiene un objetivo muy ambicioso en el proceso de ir hacia un sistema mixto público-privado, puesto que pretende que sean nada menos que 10 millones de trabajadores los que se acojan, la mitad de los aproximadamente 20 millones de cotizantes a la Seguridad Social actuales, y lograr así quintuplicar la potencia financiera de este instrumento, hasta alcanzar los 300.000 millones, casi el 30% del PIB.

De entre este conjunto de trabajadores y trabajadoras se pretenden centrar de forma inmediata en los 3 millones de autónomos y los también cerca de 3 millones del conjunto de empleados públicos. Así como alcanzar como objetivo fundamental a los trabajadores de las Pymes que en general no han tenido acceso hasta ahora a estas herramientas de ahorro para las pensiones y que ahora se verán abocados a ellas sin poder escaparse.

De modo que muchas de las pocas subidas salariales, que además seguro que serán de miseria, se derivarán a través de las contribuciones que el empresario realice a los fondos de los planes de pensiones de empresa. Eso sí, el modelo establecido para este proceso no establece una clara obligatoriedad, como sí sucede en algunos países europeos. Sin embargo, se fija el deber de negociar la previsión complementaria que se pueda aprobar en el sector del que se trate. Algunos expertos hablan de la necesidad de introducir modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores para garantizar la imposición en la negociación colectiva.

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La idea pretende hacerse estimulante para las rentas bajas y medias con deducciones fiscales de 60.000 euros, o así se está pretendiendo vender. Pero esto tropieza con el escollo de la realidad en un país en el que el salario más habitual bruto, con datos de 2019 prepandémicos, fue de 18.489,74 euros brutos, es decir, 1.320 euros brutos por 14 pagas. Y con eso, suponen que nos tiene que dar para vivir y además aportar al plan de pensiones de la empresa, en un contexto de una subida de la luz, la alimentación, la gasolina, etc. de niveles estratosféricos y un IPC que está por encima del 6%. Resulta realmente indignante este planteamiento del Gobierno “más progresista de la historia” respecto de las pensiones.

Las aportaciones las realiza el trabajador en el porcentaje que se fije en la negociación y podrá ir complementada por una aportación empresarial a establecer, pero en realidad serán recursos extraídos al trabajador de posibles subidas salariales, y una posible aportación del Estado, algo que puede contribuir a incrementar el déficit público que luego pagaremos trabajadores y trabajadoras con más recortes y más impuestos sobre nuestras espaldas. En las negociaciones estará presente un representante del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Por lo tanto, un nuevo y gravísimo ataque a las pensiones públicas que no puede pasar sin respuesta por lo que se hace urgente un plan de movilizaciones unitario en la calle impulsado por la izquierda sindical y las organizaciones de pensionistas, sociales, vecinales y políticas que sea decidido y organizado mediante asambleas en los centros de trabajo, de estudio y en los barrios populares para torcer el brazo a este gobierno mediante la lucha en la calle y derogar así todas las contrarreformas de las pensiones aprobadas desde el Gobierno de Zapatero.