Finalmente el oficialismo convocará a audiencias públicas. Busca una resolución judicial favorable para la suba de tarifas. Presión de las empresas prestadoras y aumento del malestar social.
Juana Galarraga @Juana_Galarraga
Martes 9 de agosto de 2016
El avance del ajuste de Cambiemos parecía, en sus primeros días, una topadora que arrasaba sin freno sobre los sectores populares, a fuerza de decretos de necesidad y urgencia. Sin embargo, el plan que parecía que pasaba como por un tubo se topó con grandes escollos promediando la llegada del "segundo semestre brillante" que no fue. A esta altura lo único que brilla es la ausencia de la lluvia de inversiones, del repunte económico y de la llegada de dólares que Macri prometía.
Algo con lo que el gobierno no contaba además es con que, bien entrada la segunda mitad del año, aun no ha podido llevar hasta el final el "sinceramiento" del costo de los servicios. La pesadilla de Cambiemos en estos momentos es su dificultad para implementar los tarifazos en la luz y el gas.
Actualmente la empresa distribuidora de electricidad Edenor amenaza con que la situación de la empresa y los problemas en la prestación del servicio podrían empeorar, debido a la decisión de la justicia de frenar el tarifazo de la luz a nivel nacional, tal como había sucedido previamente con el gas. Las declaraciones de su presidente, Marcelo Torres, huelen a extorsión: la prestación de un servicio de peor calidad o de un conflicto sindical en la empresa, podrían sumar más dificultades al gobierno que ve ascender el descontento en la población ante su política de ajuste.
Por su parte el gobierno, según afirmaron fuentes oficiales a la agencia DyN, convocará a Audiencias Públicas, para analizar las políticas tarifarias en los servicios de luz y gas. El ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren, aseguró en principio que serían de carácter informativo. Horas más tarde Marcos Peña sostuvo que se trataría de las audiencias previstas por la ley como requisito para la implementación de un nuevo cuadro tarifario. Con esto, además de reconocer que el intento de tarifazo original era ilegal, el Gobierno se propone allanar el camino para la concreción de los aumentos y sortear los escollos judiciales a los que se enfrenta.
Los fallos y la pesadilla
La crisis comenzó con el fallo del juez en lo Contencioso Administrativo 1 de La Plata, Luis Arias. El magistrado ordenó suspender el tarifazo en las boletas de luz en provincia de Buenos Aires a través de una medida cautelar. El argumento fue que no se celebró "la correspondiente audiencia pública con anterioridad a su aprobación", a comienzos de año. Desde entonces, los conceptos audiencia pública, amparo y fallo judicial, desvelan al gabinete de Cambiemos.
El ejecutivo comenzó a apelar los fallos judiciales que hacían lugar a los amparos contra los tarizafos que comenzaron a extenderse como epidemia por todos los puntos de país. Un nuevo revés se sumó a mediados de julio cuando la Cámara Federal de La Plata ratificó el freno al tarifazo que había sido apelado por el gobierno. Con esto, quedaron en suspenso las subas de gas a nivel nacional y de electricidad a nivel bonaerense.
Luego el gobierno anunció "topes" a los aumentos del 400 % y solicitó que la cuestión se dirima mediante per saltum en la Corte Suprema de Justicia que, tras reunirse para analizar el pedido, anunció que resolvería el asunto en agosto. Mientras la solicitud de per saltum continuaba en estudio, en nueve provincias y cinco localidades del conurbano bonaerense los usuarios obtuvieron resoluciones judiciales a favor de sus amparos contra la suba del gas.
El 4 de agosto la Cámara Federal platense aceptó la apelación del gobierno nacional contra el fallo que frenó el aumento del gas en todo el país, aunque ratificó la decisión de que el nuevo cuadro tarifario siga suspendido hasta que la Corte Suprema se expida. Un día antes un fallo de la jueza Martina Isabel Forns, a cargo del juzgado federal Número 2 de San Martín, había frenado los aumentos de la luz en todo el país.
Nuevo recule
Al momento, ya tuvieron lugar dos #Ruidazos con concentraciones en todo el territorio nacional contra el tarifazo. Estas manifestaciones expresaron el malestar social que se acumula ante la imposibilidad de pagar las boletas, la incertidumbre y la constatación concreta de que el salario cada vez alcanza para menos.
Para caldear más el clima, se replican en diferentes lugares los cortes de luz y las protestas de vecinos embroncados por la suba de un servicio de pésima calidad. Además, hoy tendrá lugar una movilización a Plaza de Mayo convocada por la izquierda y el sindicalismo combativo contra el ajuste del Gobierno y en exigencia de un paro nacional activo a la dirigencia sindical.
Ante este panorama Cambiemos tuvo que retroceder y anunciar la realización de las audiencias a las que se había mostrado reacio durante todo este tiempo. Además, desde que comenzó la peripecia judicial el oficialismo se dedicó a desplegar una verdadera estrategia de lobby sobre la justicia, administradora de su pesadilla y en parte, de su gobernabilidad. Así Macri se reunió en secreto con el presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti, a mediados de julio y hoy apela, esperanzado, a una postura favorable de los jueces puestos a dedo en la Corte por el mismo Gobierno, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz (éste último pronto a jurar).
La definición de llevar a cabo las audiencias públicas no es más que un nuevo recule del gobierno que en este aspecto, intentaba mostrar que le quedaba algo del decisionismo y firmeza que supo lucir a comienzo de su gestión. Hoy el presidente insiste en que "vamos por el camino correcto" y no da muestras de avanzar en sentido diferente. Sin embargo son indisimulables las dificultades que lo colocan en una difícil encrucijada: entre la necesidad de enfriar el descontento popular, responder a la exigencia patronal y seducir al partido judicial.
