Docentes. El Gobierno de Mendoza despide celadores y les niega el derecho a defensa

Silvia Iñiguez es la secretaria de Legales del Sindicato de los trabajadores y trabajadoras de la educación de Mendoza, y es una de las que se ha ocupado de asesorar y acompañar a compañeros/as a quienes se les ha abierto sumario por tener faltas injustificadas desde el año 2013.

- ¿Qué cantidad de afectados o afaectadas tiene la medida que está implementando el gobierno?

Se ha pedido al gobierno cantidades exactas de celadores y celadoras que estarían en situación de sumario o cesantía y no nos han transmitido la información. La gente de la Junta de Disciplina tampoco. Al sindicato han llegado cerca de 35 casos de un universo de 10.000 celadores/as de la provincia. A quienes le pueden hacer un sumario es a los titulares. En el caso de un suplente con una inasistencia injustificada, se le da de baja directamente.

Los 35 casos son distintos, pero todos tienen algo en común que es que se los acusa de tener inasistencias injustificadas desde el año 2013 hasta la actualidad. Les has puesto faltas injustificadas en vacaciones de verano, por ejemplo, o en situaciones en las que habían presentado certificado médico y de igual modo figuran como ausentes. Hay un caso de una compañera que sufría violencia de género y le figura la inasistencia mientras estuvo hospitalizada. También hay casos de acuerdos internos con directivos, en los que éstos se han olvidado de consignar la presencia en la planilla.

- ¿Qué establece el reglamento para estos casos?

El estatuto del empleado público dice que si un trabajador tiene seis inasistencias injustificadas es plausible de ser sancionado. El problema que nosotros nos encontramos es que abrieron expedientes paralelos. por un lado, hay celadores que con el acompañamiento de los abogados iniciaban la vía recursiva, como está establecido por ley para poder defenderse, y el gobierno; por otro lado, abría un expediente en el que ya estaba elaborada la resolución de cesantía. Entonces les abrían un sumario, pero no se les permitía ejercer el derecho a defensa que es un derecho constitucional. Esto es lo que nos parece más grave.

La mayoría de los dictámenes de la Junta de disciplina -que es una junta ilegal formada por el gobierno- establecían una suspensión. En cambio, la DGE, desconociendo el dictamen de la junta, les da la cesantía. Estas cesantías llevan la firma de Jaime Correas. Vemos que hay una decisión política de dejarlos sin su puesto laboral.

- ¿A qué te referís con que la Junta de disciplina sea ilegal?

La Junta de disciplina, según el estatuto del empleado público, debería estar conformada por seis personas. tiene que tener representantes del gobierno, de los trabajadores y de asesoría letrada, y son cargos de no más de 3 años. Esta junta está conformada por tres personas, de las cuales una está allí desde el año 1986 y las otras dos fueron puestas por el gobierno sin convocar al sector de trabajadores.

- ¿Desde cuando se viene presentado esta situación?

Nosotros no tenemos información concreta sobre qué ha sucedido con esto. El primer caso fue el de un celador que llegó con la apertura de sumario antes de las vacaciones de julio. A él se lo asesoró, se le puso abogado y se hicieron las acciones legales pertinentes. Al igual que al resto de los compañeros que quisieron tomar alguna medida. En un momento, tuvimos unos 10 a 15 casos de compañeros y compañeras que venían al sindicato por este tema semanalmente. Venían con apertura de sumario y con pedido de indagatoria, cuando esto tampoco se puede hacer. En estos casos está establecido que se tiene derecho a recurrir la apertura de sumario y esta instancia no existía.

-¿Existe alguna otra irregularidad de parte del gobierno para con los/as celadores/as?

Están poniendo todas las trabas que pueden para que no haya ingreso de celadores por concurso, como sí tenemos los docentes, a pesar de que existe una junta calificadora de celadores. Hay una decisión política de cesantear y de obstaculizar el ingreso y permanencia de celadores y celadoras suplentes y titulares. El gobierno está haciendo entrar por la ventana a un montón de ellos sin siquiera informar a la junta para que esté en conocimiento de tales movimientos. Hay una decisión de este gobierno de seguir usando al sector de compañeros/as celadores como elemento de presión y para jugar con la necesidad de trabajo de las personas, además de constituir una práctica clientelar de los partidos políticos mayoritarios.

- ¿Qué acciones ha llevado adelante el sindicato para responder a este ataque del gobierno?

Al respecto de las acciones que se han llevado hasta el momento, podemos dividirlas en dos. Están las acciones legales: se ha asesorado legalmente a cada compañero que así lo ha requerido, como corresponde. Después, las acciones políticas que se han realizado son las que resolvió el plenario de celadores en el mes de setiembre. Se movilizaron hasta la casa de gobierno a exigir una audiencia con miembros del gobierno. Allí se les planteó que no podían seguir con estas acciones que están viciadas desde el punto de vista administrativo y legal, que frenaran lo que venían haciendo hasta aca, que se revisaran todas las pruebas que han presentado los compañeros para defenderse y que se proceda como se hace con los docentes que se les aplica una sanción cuando se les abre el sumario y hay razones para hacerlo. Esto tiene que tener correlato con la falta que cometió la persona. No se puede sancionar a alguien sin que esto no esté debidamente evaluado por la junta de disciplina y sin que haya derecho a defensa. Además, vemos que se aplica la misma sanción (cesantía) a aquel que faltó seis veces y no pudo presentar las debidas justificaciones y a aquella que faltó por encontrarse hospitalizada producto de un ataque de su ex pareja, por ejemplo. Hay una decisión política de darles a todos la cesantía sin importar qué argumenten en su defensa.

Con respecto al plan de lucha, se definirá en un próximo plenario cómo seguir con respecto a este tema y tantos otros que tenemos en la educación.