Estado Español. El Gobierno del PSOE ataca el derecho a huelga en la aerolínea Ryanair

La huelga, convocada para los días 25 y 26 de julio en España, Portugal y Bélgica, implicará la cancelación de unos 600 vuelos (400 de ellos con origen o destino en España) y podrá afectar a unos 100.000 usuarios en toda Europa.

El ministro del Gobierno “socialista” de Sánchez esperó estas semanas para ver si la compañía conseguía imponer unos servicios mínimos agresivos. A pesar de que la plantilla propuso unos servicios básicos, Ryanair se ha negado a cualquier concesión, a la espera de que fuera Fomento quien lo impusiera a la fuerza, como ya es habitual en estos casos.

El ministerio ha intentado buscar una ridícula justificación a la medida excusándose en que la Huelga se hacía en pleno verano y que los viajeros ya habían reservado sus vuelos, hoteles y actividades con antelación. Queriéndose colocar en “defensa” de los viajeros, la medida del gobierno evidencia el trato de favor a una multinacional que quiere liquidar las aspiraciones de 1800 trabajadoras que están luchando contra la precarización.

El ministerio conocía con antelación el anuncio de la huelga cuando fue autorizada de acuerdo a la legislación y ha tenido tiempo para imponerle a la empresa un plan para sufragar todos los gastos de los viajeros. Es más, ante la negativa por parte de Ryanair de negarse a pagar a los viajeros una compensación superior al precio del billete, el Gobierno no ha dicho ni hecho absolutamente nada. Cuando en realidad la normativa europea “establece que sí hay que compensarlos, por si pierden hoteles o entradas. Y esa compensación oscila entre los 250 y los 600 euros”, como informaba la Cadena Ser.

Las trabajadoras bajo la legislación irlandesa... siempre que no hagan huelga

Las reivindicaciones principales de las trabajadoras tripulantes del transporte de Ryanair son, por un lado, la denuncia de que la compañía les está aplicando el convenio laboral de Irlanda, que es peor que el del Estado español. Por otro lado, que prácticamente más del 75% de la plantilla pertenece a empresas de trabajo temporal, y exigen la igualación de derechos laborales para este sector.

En este contexto, lo más absurdo y descarado es que semanas atrás, el Ministerio de Fomento dijese que iba a encargar a los servicios jurídicos del Estado un informe para conocer si la fijación de servicios mínimos que contemplaba la legislación española se le podían aplicar a trabajadoras del estado español que no tenían contratos laborales nacionales. Esto, en vez de investigar la denuncia que hacen las azafatas de que la compañía no les aplica la legislación laboral española.

Resulta que el Gobierno -por si alguien lo dudaba- se niega aplicar a las trabajadoras los derechos laborales contemplados en la legislación española, pero con total impunidad no duda en aplicársela en caso de que hagan huelga, siempre que sea para darles algún palo. Algo parecido les pasó a los trabajadores de Amazon en las puertas del almacén, cuando fueron golpeados y detenidos por la Policía que envió el Gobierno de Sánchez. Por lo que respecta a Ryanair, la empresa obliga a sus azafatas y azafatos -como denuncia USO a Europapress-, a abrir cuentas corrientes en Irlanda para cobrar su sueldo o tener que hacer la declaración de la renta en ese país. Pero es que tampoco tienen derecho a la tarjeta sanitaria ni a médico de cabecera, a pesar de residir y trabajar en España.

Dudamos mucho que Sánchez envíe al Ejército español para intervenir las oficinas, los despachos y las cuentas bancarias de los millonarios directivos de Ryanair que cometen esta escandalosa impunidad. Todo lo contrario, esta medida solo estará reservada a las trabajadoras que se nieguen a acatar los despóticos servicios mínimos, como ya hizo Zapatero en 2010 contra los controladores aéreos. Lejos de ser un “asunto privado” entre empresarios y trabajadoras como decía el ministro Abalos, la actuación del Gobierno evidencia el carácter eminentemente político del problema.

Mientras recibe el apoyo del Gobierno, Ryanair amenaza a los trabajadores e intenta dividir a fijos y temporales

Como ya informó El País, la compañía está enviando a las 1800 empleadas y empleados correos donde les exige que respondan si van a secundar los paros o no. Una medida que es ilegal y está sancionada por la legislación española. En los correos, además de enviarles un video donde la Directora de Recursos Humanos informa sobre la inconveniencia de los paros, se amenaza a la tripulación con no pagarles los subsidios básicos, de prestaciones o sectoriales y también perderán la bonificación de productividad de 150 euros de julio. La perdida en la nómina será de más de 360 euros para un junior y más de 480 euros para un trabajador senior, tal como han informado los sindicatos USO y Sitcpla, que han llevado la denuncia a los juzgados de instrucción.

Por otro lado, Ryanair sigue negándose a conceder nada a los trabajadores y su estrategia pasa por dividirlos, proponiendo mesas de negociación diferentes por cada una de las empresas a las que pertenecen los trabajadores. Es decir, Ryanair y las dos empresas de trabajo temporal (Workeforce y Crelink). Estas últimas, a la que pertenecen gran parte de la plantilla temporal de Ryanair. Por el momento, los sindicatos han dicho que no van a consentir que la compañía diga quién puede ir y quién no a una mesa de negociación.

La mejor forma de precarizar las condiciones laborales es dividir a los trabajadores, ya sea por convenios segregados, convenios de empresa, contratos basura variables, dobles escalas salariales, ETT´s, subcontratas, externalizaciones, etc. Y esto no solo existe en Ryanair, también es una realidad en Amazon, Movistar, Telepizza, Deliveroo, entre las Kellys y las mujeres del textil, las empresas del Metal de Cádiz y en muchos sitios más. Esta es una de las claves del éxito del capitalismo español desde hace varias décadas, siempre con la ayuda de la burocracia sindical y los distintos gobiernos del PP-PSOE.

Para torcerle el brazo a la patronal, coordinar y rodear de solidaridad las luchas

Durante los últimos meses estamos viendo de manera lenta y progresiva que trabajadoras y trabajadores de distintos lugares y sectores salen a la huelga o a la calle. El éxito de estas luchas pasa por hacer frente a la división, fragmentación y precarización de las condiciones de trabajo. Y esto es lo nuevo.

Sin embargo, se encuentran con distintos desafíos. No solo tienen que hacer frente a las divisiones internas que la patronal quiere imponerles. También tienen que romper el aislamiento, consiguiendo el apoyo de otros trabajadores, estudiantes y precarios. Por eso será necesario transformar las luchas en grandes acontecimientos con repercusión social y política, que pongan entre las cuerdas a los Gobiernos y que permitan arrancarle concesiones a la patronal. El desafío de estos tiempos es hacerlo en un momento en que se hace evidente que el Gobierno del PSOE utiliza (como siempre ha hecho) la Ley al servicio de los empresarios corruptos y la élite social del país.

En este sentido, la izquierda sindical podría jugar un rol muy importante buscando unificar a todos estos conflictos en un gran encuentro estatal contra la precariedad, donde se pongan en común las reivindicaciones, se busque acordar acciones comunes, coordinadas y contundentes, y que sirva de polo de atracción no solo para otros trabajadores, sino para sumar a todos los sectores populares que sufren las consecuencias de la crisis.