Ayer se conoció el decreto presidencial 395/15 “Causa AMIA-Desclasificación de documentación”, que plantea la apertura de archivos de la causa por el atentado a la AMIA. Archivos que están en poder de la fiscalía desde el 2005.
Mirta Pacheco @mirtapacheco1
Sábado 14 de marzo de 2015
Movida por la crisis que desató la muerte de Nisman y actuando como sabe, de contragolpe, intentando gestos políticos en el último año de su gobierno y con la campaña electoral en pleno arranque, CFK firmó el decreto para habilitar la desclasificación, un día después de que los nuevos fiscales de la Unidad Fiscal AMIA, Roberto Salum; Sabrina Namer y Patricio Sabadim, solicitaran esa desclasificación y luego de diez en que Anibal Fernandez, el otro firmante del decreto, afirmara que “no hay archivos secretos sobre el atentado a la AMIA que no se hayan abierto, y si los hubiera, se debe presentar una denuncia al respecto”. Recordemos también las palabras ofuscadas de la presidenta que en respuesta a carteles de algunos legisladores que reclamaban que se abrieran los archivos, en medio de su discurso en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, dijo casi a los gritos: “a mí no me vengan a hablar de la AMIA”, diciendo que ella hizo de todo por esta causa.
En honor a la verdad lo que hay que decir es que el kirchnerismo lo que hizo, tanto en la presidencia de Néstor Kirchner como desde que asumió Cristina, fue bregar por la impunidad del Estado argentino en esta causa. Por más discursos encendidos en las Naciones Unidas, por más que Néstor reconociera allá por 2005 la responsabilidad del Estado en el encubrimiento. Ese año la ex SIDE remite a la UFI AMIA archivos secretos “en custodia”.
¿Qué significa que se “desclasifican” los archivos?
Hace ya 10 años que la Unidad Fiscal que dirigía Nisman, tenía en su poder archivos que ni siquiera las querellas podían saber qué datos contenía. Y solamente se trata de archivos secretos referidos a esta causa (la 8.566 que lleva el juez Canicoba Corral). Es decir que como mínimo se perdió una década para investigar si esos archivos contenían datos que pudieran acercar un poco de luz a la causa del atentado a la mutual judía.
Pero como plantea APEMIA, una de las agrupaciones de familiares que se mantuvo estos 21 años independiente de los gobiernos de turno que uno a uno sostuvieron la impunidad del Estado en esta causa, es mentira que se desclasifican todos los archivos. Los que tienen que ver con la causa por encubrimiento del atentado (la 9.789 que dirige el juez Ariel Lijo), no se desclasifican. ¿Por qué? es la primera pregunta que surge.
Recordemos que en esta causa están imputados el ex juez Galeano, Telleldín, los ex fiscales Müllen y Barbaccia, el ex titular de la ex SIDE Hugo Anzorreguy, el ex titular de la DAIA Ruben Beraja; Menem, el “fino” Palacios (que también está procesado por escuchas ilegales junto con Macri, y quien era espiado era nada menos que un familiar de víctima de la AMIA). Aún esta causa no tiene fecha de inicio de las audiencias orales.
Pero hay más, esa desclasificación que hoy el kirchnerismo esgrime como estandarte de su “voluntad por aportar a la verdad”, además de limitada, el mismo decreto plantea en su artículo 4° que la nueva “…Agencia Federal de Inteligencia remitirá a la UFI AMIA de existir” la documentación adicional a la que oportunamente fuera seleccionada en el ámbito de la Unidad de Relevación de información de la ex S.I.”
Otra pregunta que surge inmediatamente: ¿quién define si “existe” o no información adicional? ¿Será Parrilli, el jefe de la nueva Agencia, por orden de Cristina?, siendo que el kirchnerismo durante 13 años no hizo público ningún archivo que ayudara a avanzar en la investigación? ¿O va a ser el próximo presidente? ya sea Scioli que es parte de este gobierno que sigue sosteniendo la impunidad o ¿Macri?, que ya dijimos que está procesado por espiar a los mismos familiares de las víctimas.
Lo que es claro es que no serán los familiares, que son los primeros interesados en acabar con la impunidad y llegar a la verdad del crimen de las 84 personas que ese 18 de julio de 1994 estaban en la sede de la AMIA.
Es por eso que insistimos en la necesidad de una comisión investigadora independiente tanto de los gobiernos de turno, como de la oposición de derecha, que cuente con plenos poderes para investigar, lo que implica acceder a absolutamente a todos los archivos de inteligencia y hacerlos públicos. Por supuesto que esta comisión tendrá que imponerse con la movilización y tendrán que ser los familiares, organismos de DDHH quienes la integren y avancen en conquistar justicia para las víctimas.
