En un comunicado se define que el fallo es de “imposible cumplimiento”. La decisión del Gobierno cuenta con el aval de una parte importante de los gobernadores. Implica una escalada en las tensiones entre el peronismo y la casta judicial y un conflicto institucional de poderes. En esta discusión sobre recursos fiscales, atravesada por la previa del año electoral, ni el Frente de Todos ni Juntos por el Cambio ponen en debate el enorme ajuste que se opera en función del acuerdo con el FMI.
Jueves 22 de diciembre de 2022 19:00
Este jueves por la noche el conflicto institucional y la tensión entre el peronismo gobernante y la Corte Suprema de Justicia escaló nuevamente. Fue cuando se conoció la decisión del Gobierno nacional de no acatar el fallo de la Corte Suprema que favorece a la Ciudad de Buenos Aires -gobernada por uno de los precandidatos presidenciales del PRO, Horacio Rodríguez Larreta- en cuanto a recursos de coparticipación.
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En un comunicado de prensa que lleva la firma del presidente Alberto Fernández y de varios gobernadores se afirma que se trata de un “fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento”. Allí se señala, además, que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe”.
En el comunicado se cuestionan, además, los argumentos de la misma Corte. Se señala que el fallo “sostiene también, de manera insólita, que transferirle estos montos millonarios a la CABA no afecta a las provincias argentinas. Esto es completamente falso: esos recursos saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas, en todo el territorio de la Nación. En síntesis, en un fallo político, de cara al año electoral, la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA. Esta medida es, en las condiciones actuales, de imposible cumplimiento, toda vez que el Congreso Nacional aprobó por ley el presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal finalidad”.
La decisión del máximo tribunal del país favorece a la Ciudad de Buenos Aires en una discusión por los fondos de coparticipación. El fallo implica que el Gobierno nacional debería entregar a CABA el 2,95% de la masa de fondos coparticipables en forma de transferencias diarias y automáticas, desde el Banco Nación. Conocido el fallo, Alberto Fernández había convocado a los gobernadores del peronismo para preparar una respuesta. Fue esta la que se conoció en la noche del jueves.
En la respuesta a la ofensiva de la Corte, el comunicado del Gobierno afirma que “el presidente de la Nación ha decidido instruir a los órganos competentes del Estado Nacional a RECUSAR A LOS MIEMBROS DE LA CORTE SUPREMA y a presentar el pedido de revocatoria “in extremis” de la resolución cautelar dictada”.
Crisis política y ajuste
Las tensiones entre el peronismo gobernante y la casta judicial alineada con Juntos por el Cambio vienen escalando en el último período y van in crescendo a medida que se acerca el año electoral. La discusión por los fondos a utilizar de un lado u otro de la General Paz, en este marco, no es en absoluto ajena a los comicios de 2023. Asimismo, tanto la “guerra” por los lugares en el Consejo de la Magistratura -que llevó al estancamiento del Congreso- como la ofensiva judicial contra el kirchnerismo son parte de este escenario.
Esas tensiones y enfrentamientos no ponen en cuestión la subordinación tanto del Frente de Todos como de la oposición de derecha al acuerdo de ajuste firmado con el FMI, sino que se disputan los fondos de un Estado ajustado para utilizarlos en favor de uno u otro bando en su disputa electoral.
