Crisis Migratoria. El Gobierno español convierte Canarias en un campo de refugiados como Lesbos

“Nadie llega a la península, nadie pasa a Europa”, es la consigna del Gobierno español. En lo que va del año, mas de 18.000 migrantes han llegado hasta las Islas Canarias, provenientes de países como Marruecos, Senegal, Mauritania, Argelia, y otros. Los puertos están desbordados de inmigrantes, pero el ministro del interior, Fernando Grande-Marlaska, lo ha dejado claro: nadie será trasladado a territorio peninsular español. Solo un 10% ha logrado ser trasladado en estos meses. Y ahora la política será aun más restrictiva.

¿Y entonces cuál será el destino de esos miles de migrantes? Sobrevivir hacinados en carpas y tiendas de campaña, hasta que sean deportados, igual que lo que ocurre en otros campos de refugiados como Lesbos, en Grecia. Lugares que son verdaderos “tapones migratorios” para la Unión Europea.

El Gobierno español ha anunciado este viernes con "carácter de urgencia", que habilitará campamentos con 6.000 plazas en las islas de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura para ir acogiendo a los migrantes que ahora se reparten por 17 complejos turísticos. De forma paralela, se trabajará para dotar otras 7.000 plazas estables en el interior de inmuebles.

"Podríamos haber llegado antes", reconoció el ministro español de Migraciones, José Luis Escrivá, de visita este viernes en Gran Canaria. El realojamiento de los migrantes llega después de días de denuncia por parte de autoridades locales, vecinos y ONG sobre la situación de hacinamiento que sufre el muelle pesquero de Arguineguín donde "es muy difícil, simplemente, respetar la distancia" como exige la normativa por la pandemia de coronavirus, aseguraba en una entrevista con EFE Íñigo Vila, director de Emergencias de Cruz Roja Española.

Según el Gobierno español, el 50% de los migrantes que llegan a Canarias son marroquíes, y esperan deportarlos lo antes posible a ese país, gracias a los acuerdos de control de migración que mantienen ambos gobiernos. No es casual, entonces, que este mismo viernes Fernando Grande-Marlaska se hay reunido con su par de Marruecos, aunque no quiso dar ninguna información a la prensa sobre lo que hablaron acerca de este tema.

Históricamente, el Gobierno español mantiene un acuerdo con Marruecos, para que ese país impida las salidas migratorias mediante las fuerzas de seguridad, en una especie de “externalización” del cuidado de las fronteras europeas, a cambio de retribuciones y de complicidades con las políticas represivas de ese Gobierno, como en el caso de la ocupación del Sahara y la represión al pueblo saharaui.

La crisis migratoria está generando también un enfrentamiento con el Gobierno de Canarias: "Canarias se rebela, se revira y se opone a ser el único lugar de España donde tenga que quedarse toda la inmigración irregular. Hay un pacto por la migración y el asilo que dice rotundamente que Europa tiene que ser solidaria con las personas que llegan a los territorios fronterizos (...) Se lo digo con rotundidad al Gobierno de España y a la UE: Canarias no aceptará que toda la inmigración quede en Canarias", ha reiterado el presidente regional, Ángel Torres.

Por su parte, la ministra española de Exteriores, Arancha González Laya, ha asegurado que “todas las devoluciones que haga España se harán de acuerdo a lo que dicta la Ley. La Ley, los Tratados Internacionales que España ha suscrito en esta materia, ni más ni menos”. Y a continuación ha planteado que en estos momentos lo que se está produciendo es la llegada de muchas personas, jóvenes y hombres, provenientes de países como Marruecos, Argelia, Senegal y Mauritania, por motivos económicos, “escapando del desempleo”, ha dicho. Con estas palabras, ha dejado claro que no considera a esas personas como posibles peticionantes de asilo, ni como personas vulnerables, sino como migrantes “económicos”, y por lo tanto, que van a ser expulsados.

Mantener las devoluciones en caliente, las deportaciones, la construcción de CIEs y la reaccionaria Ley de Extranjería, negándose a regularizar a las personas migrantes, es otra demostración más de que el Gobierno “progresista” perpetua el racismo institucional.

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Se trata de una política de Estado y una política de la Unión Europea: racismo institucional y cierre de fronteras, en medio de una crisis económica y sanitaria global que está dejando a millones de personas sin empleo y sin ingresos en todo el mundo. Pero habría que recordarle al Gobierno “progresista” que, si miles de personas huyen del hambre y el desempleo desde esos países, es en gran parte producto de las políticas imperialistas que los gobiernos Europeos han aplicado allí, en beneficio de las empresas multinacionales. Ahora, también, transforman las Canarias en un nuevo Lesbos.

Ante esta crisis, no es posible mantenerse indiferente. La posición cómplice de Podemos e Izquierda Unida, como parte de este gobierno “progresista” ya es escandalosa. Es necesario terminar con estas políticas racistas de la Europa fortaleza, implementar un plan de acogida de refugiados de emergencia, a la vez que se plantea la regularización de todas las personas migrantes, el cierre de los CIEs y la derogación de la Ley de Extranjería.

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