El gobierno de Mauricio Macri dictó una resolución por la cual Susana Trimarco deberá devolver al Estado Nacional dos predios que fueron cedidos a su fundación.
Miércoles 20 de abril de 2016
Susana Trimarco, quien preside la Fundación María de los Angeles Verón, había recibido por parte del gobierno nacional anterior dos predios. Uno ubicado en la capital tucumana, perteneciente al Ejército Argentino, que iba a ser destinado para la construcción de un centro materno infantil, con el fin de dar contención a las mujeres víctimas de trata de personas y de violencia de género junto con sus hijos.
El otro, en la localidad de Las Talitas, departamento de Tafí Viejo, que iba a ser utilizado para la construcción de viviendas sociales para estas mujeres que se enfrentaron a situaciones de violencia extremas. La idea era no solo acompañarlas y darles contención en una primera instancia, sino brindarles la posibilidad de una vivienda segura donde pudieran vivir junto a sus hijos.
La revocatoria de la cesión en comodato de esos predios que suman un total de 119.000 metros cuadrados, fue dispuesta por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), firmada por Ramón Lanús y Pedro Comín Villanueva, presidente y vicepresidente respectivamente.
La agencia señaló que “la medida obedece a una decisión política del Poder Ejecutivo Nacional de hacer prevalecer el proceso de preservación del patrimonio inmobiliario estatal y la racionalización del espacio físico del mismo, con vistas a su mejor aprovechamiento y utilización”.
Sin embargo, y de acuerdo a declaraciones vertidas por el secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación, Domingo Amaya, la medida no solo obedece a preservar el patrimonio del Estado, ya que se detectó un pago irregular relacionado con las obras en el terreno perteneciente al Ejército.
Hay versiones que indican que al parecer hay 5.6 millones de pesos que fueron entregados por el gobierno de Cristina Kirchner a la Fundación a cargo de Susana Trimarco y que ese pago no fue rendido ni se presentó el certificado de inicio de obra.
Trimarco se encargó de negar enfáticamente esta versión asegurando que “fui yo misma quien informó al secretario de Vivienda, Domingo Amaya, que la Nación nos había enviado ese dinero antes de que finalice la anterior gestión”. Y agregó: “el dinero continúa en la cuenta, porque lo enviado era insuficiente para comenzar y garantizar la continuidad de la obra”.
A priori parecería sencillo comprobar si el destino de los fondos fue utilizado o no, bastaría con chequear el saldo de la cuenta. Se puede inferir entonces que el dinero girado y no justificado, quizás sea una excusa para el desalojo, sobre todo si tomamos en cuenta las palabras de Amaya cuando dice que “No tiene sentido construir viviendas sobre un comodato, ¿qué pasa cuando se vence el acuerdo? Esto parece más una oportunidad para generar un negocio inmobiliario que un plan para dar una solución habitacional”.
Desde que asumió el gobierno de Cambiemos, no tuvo miramientos en desmantelar numerosos programas que sirven de red de contención para los sectores más vulnerables. Entre ellos el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación. Sin contar que no destina los fondos necesarios para la construcción de casas refugios para mujeres que se enfrentan a la violencia machista.
