A través de un DNU los pagos de ley local se postergan hasta 2021 que representan U$S 8.400 millones. El Gobierno ya pagó de deuda U$S 5.000 millones en lo que va del año.
Lunes 6 de abril de 2020 09:20
Foto Télam
El Gobierno dispuso de un Decreto de Necesidad y Urgencia para aplazar los pagos de bonos de deuda pública emitidos bajo ley nacional hasta el 31 de diciembre de 2020. Se estima que representan U$S 8.400 millones. Por el momento, los bonos en dólares ley extranjera se seguirán pagando.
A pesar de la crisis profundizada por la pandemia el Gobierno insiste con lograr un acuerdo con los especuladores. La semana pasado pagó U$S 250 millones, que representa nueve veces más que los recursos adicionales por $ 1.700 millones anunciados para reforzar el presupuesto de salud.
El Gobierno enfrenta otro vencimiento el 22 de abril por U$S 504 millones por los cupones de bonos ley extranjera (globales 2021, 2026 y 2046).
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El decreto estableció excepciones del diferimiento. Se trata de los siguientes instrumentos de deuda pública emitidos bajo ley de la República Argentina denominados en dólares estadounidenses:
El DNU autoriza al Ministerio de Economía "a efectuar las operaciones de administración de pasivos y/o canjes y/o reestructuraciones de los títulos cuyos pagos se difieren en virtud de lo establecido en el presente, con el fin de recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, la que deberá ser compatible con la recuperación de la economía productiva y con la mejora de los indicadores sociales básicos, de acuerdo con lo previsto en el inciso a) del artículo 2° de la Ley Nº 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública".
El Gobierno continúa las negociaciones con los especuladores, ya presentó una oferta, con quita de capital e intereses y extensión de los plazos, que para algunos acreedores es inadmisible. No se puede descartar que Argentina entre en default.
Haya acuerdo o no, Alberto Fernández ya pagó a los bonistas U$S 5.000 millones en lo que va del año. Una suma considerable que se podría haber destinado para la compra de insumos que se requieren para enfrentar la emergencia sanitaria, o para ampliar los subsidios a los trabajadores precarizados.
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